En marzo de 2014 los ojos de la justicia brasileña enfocaron a Petrobras, una de las empresas más grandes de América Latina, debido a la serie de irregularidades detectadas en la firma de contratos con empresas constructoras del país.

El caso, denominado ‘Lava Jato’ (Lavandería de Autos), en 18 meses ha llevado tras las rejas a más de una veintena de altos funcionarios brasileños, estatales y privados, lo que ha derivado en una crisis política. Las investigaciones buscan determinar la existencia de un sistema de desvíos de fondos (3% de cada uno de los contratos que las constructoras firmaban con Petrobras) a favor del PT y de varios funcionarios. De acuerdo con los primeros resultados de esta búsqueda el monto de esos movimientos superaría los $ 3.850 millones, transferidos a partir de una red de lavanderías de autos.

El modo de operación de esta red consistía en la licitación de obras dirigidas a determinadas constructoras que consentían la cancelación de tasas establecidas para obtener los contratos. Los nombres de gigantes de la construcción, como Odebrecht, Camargo Correira, OAS, Andrade Gutiérrez y UTC, saltaron a  las primeras planas de los medios tras la denuncia. Por esa vía el caso explotó.

Las constructoras han sido señaladas por varios de los funcionarios detenidos como ejecutoras del mismo sistema de corrupción para obtener  grandes contratos en diversos países de la región.

En Perú el efecto de las acusaciones ha sido inmediato y puesto bajo el lente de la crítica social los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, durante los cuales estas empresas brasileñas  recibieron fuertes sumas de dinero como parte de contratos de construcción.

Sometidos por la justicia y con el  ánimo de obtener beneficios en sus penas carcelarias, varios funcionarios que conformaron esta red decidieron hablar generando informaciones que muestran la magnitud del delito.

De este modo se conoce que los abogados Alexandro Portella Barbosa, Alarico Negromente y Leonidas Meirelles hicieron una serie de viajes entre Brasil y Perú, movilizando un promedio de $ 400.000 en efectivo, en cada ocasión, dinero que habría sido utilizado para cubrir los compromisos adquiridos tras la adjudicación de las obras de construcción con los gobiernos de turno.

OAS, empresa que mantiene proyectos en Perú por alrededor de 500 millones de soles (sobre los $ 150 millones en promedio), es acusada directamente como ejecutora de estos actos.

Adicionalmente, el Congreso peruano investiga la entrega de coimas de parte de la empresa Odebrecht a los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García para la construcción de la carretera Interoceánica.    

El espacio que estas denuncias han ocupado en el interés de los peruanos no ha sido menor al generado por la coyuntura local. Un informe de Ipsos Perú, emitido el último domingo, indica un fuerte descenso en el nivel de aceptación de líderes políticos del país.

‘Lava Jato’, aunque se encuentra en proceso de esclarecimiento, parece haber dado en el clavo de la inconformidad popular al fortalecer la idea de una clase política -peruana- enredada hasta el cuello en casos de corrupción.

A un año de que las elecciones presidenciales sacudan el mapa político del vecino país, estos síntomas llaman la atención de los analistas de la sociedad.

En menos de un mes, líderes como Keiko Fujimori o Alan García, siempre punteros en la intención de voto, han visto disminuir su popularidad un 44% a un 37% y de un 25% a un 21%, respectivamente.

La semana pasada la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional decidió iniciar las gestiones para que una comisión especial se encargue de aclarar estos presuntos actos de corrupción y, de ser el caso, determinar la culpabilidad de los involucrados.

Esta acción coincide con el incrementado índice de rechazo (87%) que Ollanta Humala, actual presidente de Perú, tiene a menos de 20 meses de que concluya su mandato.

Las acusaciones, hasta ahora sostenidas como rumores entre las diferentes bancadas políticas de la Legislatura, podrían llevar a un desprestigio general de los actores políticos locales que, cada uno por su lado, enfrentan denuncias y cuestionamientos que han terminado por demostrar un panorama político conflictivo antes de las elecciones de 2016.

Aunque las investigaciones en Brasil han determinado el traslado de dinero hasta Perú no han dado con los destinatarios de estos pagos. Esa no ha sido razón para que el escándalo sea minimizado en los medios de comunicación, que se han encargado de presionar a los funcionarios involucrados.

Hace pocos días se conoció que la esposa de un exministro del gobierno de Alan García fue intervenida por la Policía brasileña con la finalidad de determinar su participación dentro de la red de corrupción. Las pistas se recopilaron poco a poco y abren paso para que en el horizonte político de Perú se vea un remezón que terminará por poner a más de un político influyente bajo el lente de las acusaciones.

Quienes esperan con atención este desenlace son los sectores de la sociedad civil cansadoss de las denuncias de corrupción y esperanzados en que estas terminen por abrir paso al aparecimiento de un candidato no programado que tenga de su lado la credibilidad y la transparencia. Dos palabras que hace mucho tiempo parecen extraviadas de las hojas de ruta de los políticos de Perú.

En Ecuador las supuestas irregularidades de Odebrecht preocupan porque la empresa se encargará de la segunda fase del Metro de Quito. Hace poco los ediles insistieron al alcalde Mauricio Rodas que aclare cuál es el impacto que tendría la situación legal de la constructora en Brasil, luego de las investigaciones. (I)