El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), creado a finales del año pasado por el Ministerio de Justicia del Perú, no ha arrojado buenas noticias con los resultados de sus primeros estudios.

Orientados a medir los índices de criminalidad en distintos sectores de la sociedad, estos han dejado sentada la idea de que la violencia, hoy por hoy, es otro de los factores que crece sin parar en el vecino país.

Un reciente informe del organismo mostró que solo en 2012 unos 1.968 homicidios fueron cometidos en todo el país, número que asegura la presencia peruana en el tercer lugar de los territorios más violentos de Latinoamérica.

El estudio correspondiente a 2013 ha tenido algunos problemas para su culminación. Entre ellos, uno que parece agudizarse con el paso del tiempo: la escasa denuncia que las víctimas de los diversos tipos de violencia realizan en las instituciones pertinentes. “Vivimos un clima de desconfianza continua, un tiempo en el que es preferible callar para evitar cualquier represalia, por eso la mayor cantidad de agraviados prefiere no entrar en los trámites de denuncia, a sabiendas -además- de que las instituciones encargadas de  otorgar seguridad y hacer justicia están desacreditadas”, indicó Carlos Rengifo, sociólogo limeño.

La zozobra continua y la poca credibilidad que los sistemas de seguridad han podido infundir en la gente se han impuesto en el trato cotidiano entre los habitantes de ciudades como Lima, fijando las percepciones de la violencia en índices alarmantes.

La Consultora Ipsos Perú, encargada de medir tendencias en este país, reveló en un informe reciente que 9 de cada 10 habitantes de Lima dicen sentirse inseguros en la calle, sentimiento reforzado, pues 3 de cada uno de esos mismos 10 habitantes aseguran haber sido violentados en la vía pública y a plena luz del día.

“No estamos hablando de niveles de inseguridad faltos de organización, por el contrario, la idea generalizada es que en la actualidad las bandas de malhechores se han profesionalizado, por decirlo de algún modo, modernizando sus equipos, sus formas de planificación, con lo que han puesto a su servicio una serie de elementos que antes garantizaban seguridad”, dijo Rengifo.

A pesar de las demoras, el CEIC ya ha develado algunos números que muestran que, en apenas un año, entre 2012 y 2013 la tasa de criminalidad en Lima ha aumentado en un 1,8%. Un total de 1.346 delitos por cada 100 mil habitantes es la medida en la que se encontraría actualmente el accionar delictivo en la capital peruana.

Según el Observatorio Ciudadano, Lima continúa siendo la ciudad con mayor índice de violencia de todo el país. Diariamente desaparecen en ella 14 mil teléfonos celulares, 19 autos son robados y 7 de cada 100 habitantes lo pierden todo a manos de los ladrones.

Pero por más abrumadora que parezca, la violencia recrudece de forma dispareja. Distritos más empobrecidos, como San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima y Ate, figuran entre los sitios con mayor concentración de peligrosidad en la ciudad. En El Rímac y El Agustino, por ejemplo, más de un 55% de hogares ha sido víctima de la violencia, mientras que distritos como La Molina, Miraflores o San Isidro ni siquiera aparecen en las listas de afectados.

¿Qué sucede para que el nivel de distribución de la violencia sea tan marcado? Para el experto en seguridad Rodrigo Lemus, parte del recrudecimiento de la violencia tiene que ver con un mal manejo de la administración distrital que realizan los alcaldes. “La seguridad se ha convertido en un discurso demagógico, nadie se la toma en serio y solo es nombrada en época de campaña. Es fácil notar eso, mientras existen distritos que invierten en vigilancia, en policía distrital, en cámaras de seguridad y patrulleros, existen otros que se dedican a dilapidar esos recursos, cerrando contratos inservibles con empresas que no brindan ningún tipo de garantía”, explicó.

Planificado con miras a 2018, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo principal una lucha contra el crimen que represente una labor integral, participativa e intersectorial, a fin de que distintos actores y distintos niveles del Estado se vean integrados en ella.

Ese objetivo todavía es materia pendiente, pues si bien existen iniciativas como la creación del CEIC para formalizar de algún modo el tratamiento del tema criminal en el Perú, instituciones como el Ministerio Público o el Poder Judicial continúan mostrándose como espacios faltos de acción al momento de solucionar y sancionar los problemas judiciales derivados del crimen.

Con todo esto, el índice de la violencia sigue creciendo, mientras en el ambiente la impunidad parece tener luz verde.