Los empresarios corruptores confesos Joesley Batista y Ricardo Saud, del frigorífico JBS, quienes denunciaron pago de sobornos al presidente brasileño, Michel Temer, y gran parte de la clase política, fueron detenidos ayer en Sao Paulo. Ambos se entregaron voluntariamente.

El juez de la Corte Suprema, Edson Fachin, decidió encarcelarlos por siete días y suspender la delación premiada con la libertad. Esta es la herramienta legal más usada por los investigadores de Lava Jato para desvendar los casos de corrupción. El fiscal general, Rodrigo Janot, dijo que se siente engañado por los dueños de la empresa cárnica, quienes omitieron informaciones en sus declaraciones que generaron la denuncia contra Temer.

Janot, quien dejará el cargo el domingo 17 de septiembre, pidió la prisión del dueño de JBS, Joesley Batista; del gerente general, Ricardo Saud; y del exfiscal Marcelo Miller. El juez determinó que no era necesario detenerlo a este último, pues dejó la Fiscalía para defender a Batista.

Janot comprobó que fue engañado por la delación que desde mayo pasado mantiene paralizado  Brasil: una grabación secreta que le hizo Batista a Temer, a quien acusaba de recibir sobornos desde 2010. También grabó al senador Aécio Neves pidiéndole $ 2 millones de sobornos. Este material, que aún puede apartar del cargo a Temer, fue objetado tras un nuevo audio enviado por error por la defensa de Batista.

En la grabación, Batista y Saud comentan que Miller, abogado de la empresa que trabajó con Janot hasta febrero, fue clave para omitir hechos, involucrar una cadena de comando superior y lograr la libertad delatando a más de 1.000 políticos. Saud y Batista dijeron que la grabación contenía mentiras y que era una conversación informal.

El escándalo que debilitó a Janot -y a la delación premiada que sus subordinados de Curitiba inauguraron desde 2014 como la principal herramienta de investigación en la Operación Lava Jato- estuvo acompañado de denuncias de alto peso.

El miércoles Janot denunció a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff por organización criminal. “Acusar al Partido de los Trabajadores (PT) fue la decisión tomada como estrategia para reducción de daños”, dijo el diputado Paulo Pimenta, del PT, que apoya con el oficialismo convocar a Janot a una comisión parlamentaria sobre su rol en  Lava Jato y otros escándalos.

El viernes, Janot acusó de organización criminal a otro expresidente, José Sarney, y a varios senadores del gobernante Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña.

Avaló Janot, también, la delación premiada del banquero del PMDB, Lucio Funaro, quien delató que le hizo dos pagos millonarios de dinero ilegal a Temer. Esto puede servir para que el fiscal general ofrezca una nueva denuncia contra el presidente que debe ser sometida a votación de la Cámara de Diputados.

Como su mandato terminará el domingo 17, todo lo que denuncie Janot ahora deberá ser ratificado o rechazado por su sucesora, Raquel Dodge, elegida por Temer a ocupar la procuración general de la República a partir del lunes 18. (I)