La máxima de que prácticamente todas las semanas se produce un impasse entre Chile y Bolivia se cumplió con creces este año. El viernes, apenas días después de la expulsión de nueve ciudadanos bolivianos detenidos en territorio chileno a mediados de marzo, dos policías chilenos fueron arrestados en el lado boliviano acusados de ingreso ilegal y otros delitos, aunque el domingo fueron devueltos a Chile, en un nuevo caso que ha generado alta tensión.

Los carabineros chilenos, de acuerdo con la versión del gobierno de Evo Morales, fueron detenidos después de haber ingresado ocho kilómetros al interior del territorio boliviano cuando perseguían a un supuesto ladrón de autos, en la región Uyuni.

Los policías chilenos, el suboficial Jaime Díaz Pezo y el cabo segundo Nicolás Morales Manríquez, fueron acusados de resistencia a la autoridad e intento de fuga. Con el caso de los nueve bolivianos aún en la retina, de manera sorpresiva el propio Evo Morales anunció que los uniformados chilenos no serían sometidos a juicio, por lo que los devolvió el domingo a través del paso Tambo Quemado, en la región de Arica, en extremo norte de Chile.

El Gobierno chileno acusó de oportunismo a Evo Morales, incluso criticó a Bolivia por el “uso propagandístico” de la entrega de los policías chilenos. Según la Cancillería chilena, una vez que se conoció la noticia del arresto de los carabineros, invocó la aplicación del Acuerdo bilateral para la Cooperación, suscrito en 2008, para la mutua cooperación entre la policía chilena y la boliviana.

Pero lo cierto es que la actitud de Evo Morales de liberar de inmediato a los policías chilenos ha sido contrastada por sectores críticos al gobierno de Michelle Bachelet respecto al largo proceso al que fueron sometidos los uniformados bolivianos detenidos en Chile (100 días).

“La instrumentalización de situaciones fronterizas para fines propagandísticos, el procurar movilizar a la opinión pública a través de actos de provocación y declaraciones destempladas resultan contraproducentes con la aplicación de las normas del derecho y con el fomento de una adecuada vecindad”, señaló el Gobierno chileno.

Sin embargo, Morales destacó todo lo contrario: “No tengo información de que alguien haya hecho gestiones oportunas para la liberación de los dos carabineros. Es sospechoso que las autoridades de Chile no se preocupen de sus ciudadanos. La diplomacia de los pueblos une y construye; la soberbia divide y destruye”.

Así, se generó una guerra cruzada de declaraciones vía Twitter y los bolivianos recordaron que los nueve uniformados arrestados en marzo en Chile fueron condenados a tres años de prisión por tráfico de armas, robo y contrabando, pena que fue conmutada por la expulsión, previo pago de $ 48.000. Hasta el final del proceso los detenidos bolivianos se declararon inocentes.

“Es una lección de diplomacia”, comentó el senador chileno, Alejandro Navarro, quien acudió al punto fronterizo para supervisar la liberación de los policías.

Navarro es conocido por su posición favorable a Bolivia, toda una “rareza” en Chile. Ayer, la Cancillería chilena intentó poner paños fríos a la controversia. Así, llamó a Bolivia a convocar un comité de frontera. “Si algo hay valioso y que uno puede rescatar de este episodio y que nos complace mucho es que el Gobierno boliviano esté dispuesto a reunirse con Chile para tratar estos problemas fronterizos. En marzo de este año propusimos por escrito convocar al comité de fronteras que abarca situaciones policiales, de territorios, muchos otros ámbitos, para abordar todos estos asuntos específicos. Propusimos la ciudad de Arica, en una fecha a concordar en abril. Esto fue una carta en marzo. Hoy es 10 de julio y aún el Gobierno boliviano no ha respondido a nuestra invitación”, señaló el canciller chileno, Heraldo Muñoz.

A su vez, la policía boliviana le presentó al presidente Morales un plan para crear la dirección general de fronteras, una brigada interinstitucional que se quiere implementar en los límites con los países vecinos y que involucra a muchas instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas.

El caso de los policías chilenos detenidos se suma a la reciente presentación de la memoria chilena en La Haya por el caso de las aguas del río Silala -sobre si es un cauce fluvial internacional o no- y también a los enfrentamientos diplomáticos entre ambos países por la demanda marítima interpuesta por Bolivia en el mismo tribunal internacional en 2013. Chile y Bolivia no tienen relaciones diplomáticas desde 1978. (I)