Brasil se enfrenta a una agenda cada vez más conservadora

Un pitbull usado por la policía clavó su mordida de una tonelada en el muslo de un camarógrafo del canal de televisión Bandeirantes. Alrededor, unos 350 policías lanzaban, el miércoles, balas de goma y gases lacrimógenos contra unos 20.000  docentes en huelga, que reclamaban en la ciudad de Curitiba, capital del estado sureño de Paraná, contra un proyecto de ley que alteraba las jubilaciones del sector. que finalmente fue aprobado.

Balas de goma en los rostros, gases lacrimógenos contra familias, en una acción cuyo responsable fue el goberanador Beto Richa, uno de los prinicipales líderes del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el partido del candidato presidencial derrotado Aecio Neves que ha motorizado una agenda de derecha al calor de la indignación popular con el rumbo de la presidenta Dilma Rousseff.

 "Una escena típica de una dictadura, sin ningún tipo de justificación", se quejó en diálogo con EL TELÉGRAFO  Paulo Sergio Pinheiro, ex ministro de Derechos Humanos del PSDB, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y actualmente presidente de la comisión de investigación independentiente de la ONU para Siria.

La represión que causó unos 200 heridos forma parte de la nueva agenda conservadora que está marcando el pulso de la política del país y de la cual está siendo aprisionada la presidenta Rousseff, empeñada en un ajuste fiscal de unos 20.000 millones de dólares con el cual, sostiene, el país retomará el crecimiento y evitará que se siga expandiendo la ola de despidos. Todo con un piso de popularidad del 13 % y el fantasma del desempleo. Y un ajuste a cargo de su ministro liberal Joaquim Levy, de Economía, resistido en el interior del gobierno.

El inmovilismo de la presidenta también tiene su sentido en el megaescándalo de corrupción en la empresa estatal Petrobras, que ha ahuyentado la agenda posiitva para el gobierno y sobre todo golpeó con dureza con la detención, hace una semana, del tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, acusado de lavado de dinero y de extorsionar a empresarios para hacer donaciones a la fuerza oficialista.

Vaccari renunció a su cargo y el PT anunció que en julio, durante su congreso nacional,  eliminará la aceptación de donaciones de empresas, luego de que sus últimos dos tesoreros, Vaccari y Delubio Soares, están presos por corrupción. "Entraremos en una etapa durísima sobre el rumbo del PT pero también marcando el camino hacia una reforma política que es lo que neceista el país", comentó a este diario Paulo Pimenta, presidente d ela Comisión de Derechos Humanos de la Càmara de Diputados, del PT.

Para aumentar la presión, la revista Epoca, del coloso mediático Globo, publicó que un grupo de fiscales investiga si elexpresidente Luiz Inácio Lula da Silva hizo lobby a favor de la constructora Odebrecht en América Latina y su posible tráfico de influencias.

El avance de una agenda de derecha tomó por sorpresa al gobierno, sobre todo porque esta está capitaneada por el tercer hombre en la sucesión presidencial, el diputado evangélico ultraconservador Eduardo Cunha,  que junto al juez Sergio Moro, encargado del caso Petrobras, se ha convertido en una de las espadas de la oposición.

Lo extraño y curioso es que Cunha pertenece al centrista Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), del vicepresidente Michel Temer, el principal aliado del gobierno del PT desde los años de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los ultraconservadores que dominan la Cámara de Diputados han logrado imponer derrotas al gobierno iniciado el 1 de enero con la reelección de Rousseff ya la izquierda en general, como la media sanción de la ley de tercerización general, que altera la relaciones de trabajo y abre el caminio a las empreass para no tener empleados y sí personas jurídicas subcontratadas.

"El proyecto no debe afectar las conquistas de los trabajadores", dijo Rousseff en su mensaje por las redes sociales por el Día del Trabajador. Ella decidió no hablar en cadena nacional de radio y televisión por el 1 de mayo para evitar cacerolazos como los que recibió el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y que ampliaron su agenda negativa.

El nuevo Congreso, que es respaldado por gran parte de los grandes medios, ha logrado ser llamado de BBB (Biblia, bueyes y balas), en referencia a los ultraconservadores evangélicos que confluyen en los cabildeos con los ruralistas y quienes defienden a la industria del armamento y la reducción, a 16 años, de la mayoridad penal. En las calles, incluso los opositores liberales, tradicionales votantes del PSDB, han adherido a esta agenda, por mera oposición al PT, de acuerdo a analistas.

"Seria un retroceso que heriría a la democracia", afirmó a EL TELEGRAFO el ministro de Derechos Humanos, Pepe Vargas, al lanzar, con ocho de sus antecesores que participaron de los gobiernos de Cardoso, Lula y de Rousseff un frente contra el avance conservador en el país.

En especial, contra el Proyecto de Enmienda Constitucional que por orden de Cunha está tramitando en el Congreso que reduce de 18 a 16 años la mayoridad penal. Esto apoyado por varios medios, como algunos columnistas de la TV Bandeirantes y de la popular radio Jovem Pan, que reclaman la instauración de la pena de muerte y la cárcel para adultos para los menores infractores.

Los sectores progresitas que aún sobreviven en el PSDB del expresidente Cardoso se unieron al PT contra esta agenda conservadora, en un episodio sin precedentes.

"Es falso y un mito afirmar que los adolescentes involucrados en delitos son impunes con la actual legislación. Es irresponsable -dice el documento conjunto- hacerle creer a la población que la inseguridad pública será disminuida poniendo a adolescentes de 16 años en el sistema penitenciario de adultos".

Pinheiro, académico que investiga las violaciones de derechos humanos en Siria, afirmó sobre el bloque de diputados BBB que domina el Congreso: "Estos parlamentarios son electos gracias a fondos sin control de las empresas de armamentos y de iglesias evangélicas fundamentalistas que están imponiendo una agenda de derechas en el Congreso".

"La lucha contra la violencia, por el amor de Dios, es una bandera que le cabe en la mano a quien defiende los derechos humanos. Quien fabrica, vende y lucra con las armas y la seguridad no puede posicionarse contra la violencia", aseveró José Gregori, ex ministro de Justicia de Cardoso.

El miércoles por la noche, el sector ruralista también logró una avance impensado hasta hace pocos meses: una ley aprobó retirarle la letra "T" de transgénico a los rótulos alimentos genéticamente modificados, una iniciativa que el empresariado ruralista ni soñaba concretar.