Brasil impulsa una ley más dura para las manifestaciones

Cada vez más cerca del Mundial que se inicia el 12 de junio en Sao Paulo, el Gobierno de Brasil prepara una ley para endurecer las penas y el accionar de la policía contra los manifestantes violentos de las protestas.

La decisión de carácter urgente de la presidenta Dilma Rousseff ocurre tras la muerte, el martes pasado, del camarógrafo Santiago Andrade, de la TV Bandeirantes, alcanzado por un explosivo pirotécnico lanzado por 2 manifestantes durante una protesta en Rio, el 6 de febrero.

Fue el primer muerto a manos de los manifestantes que se autodenominan seguidores de la táctica ‘black bloc’, enmascarados que se autocalifican como la primera línea de choque ante la policía y como anticapitalistas, un estilo surgido en Seattle y Génova durante las protestas contra las potencias industrializadas del Grupo de los Siete (G-7), en la curva del siglo XXI.

Dos jóvenes fueron detenidos y admitieron ante las cámaras de televisión haber manoseado la bengala que impactó en la cabeza del trabajador de prensa.

Uno de ellos, Caio de Souza, de 22 años, quien trabaja de ayudante administrativo en un hospital, reveló, según su abogado, Jonas Nunes, que existe una red que otorga unos 70 dólares para reclutar un ‘ejército’ para manifestar contra el Gobierno en las protestas que reclaman contra el Mundial y el precio del boleto del transporte público.

El detenido acusó a dirigentes de partidos opositores de izquierda de ser los responsables por organizar las manifestaciones supuestamente ‘espontáneas’ de los ‘black blocs’. Hasta un comisario de la policía de Rio de Janeiro aparece como donante de una recaudación hecha para sustentar a los ‘black blocs’, de acuerdo al diario Folha de Sao Paulo.
Los canales de televisión privados y sus líderes de opinión han quedado en evidencia, también, por haber sido en opinión de varios sectores del Gobierno ‘convocantes’ de las manifestaciones contra el Gobierno.

El Gobierno, según fuentes del Palacio del Planalto, su sede, entiende que esta muerte del camarógrafo reducirá el impacto popular de las protestas contra el Mundial, en un año especialmente particular porque después de la fiesta de la FIFA, Rousseff se jugará la reelección, en octubre.

"En junio de 2013, durante la Copa de las Confederaciones, la violencia en las protestas llegaron a recibir estímulos -dentro de cierto límite- por parte de la oposición al Gobierno. Con una razón obvia que era desgastar la administración de Dilma con la idea del caos en el país e intentar cambiar el voto en 2014", escribió el analista Paulo Moreira Leite en la revista Istoé.

"Existe cierto terrorismo en el accionar de estos ‘black blocs’", afirmó el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), principal socio de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Rousseff.

Un sector del PMDB con apoyo del senador Jorge Vianna, del PT, anunció directamente la intención de dar tratamiento urgente a una ley antiterrorista para prohibir las protestas.
La nueva ley que se tratará con carácter de urgencia, aclaró el ministro de Justicia, José Eduardo

Cardozo, también colocará restricciones para la represión policial de las manifestaciones.
La policía militarizada que depende de los estados y no del gobierno central es una de las herencias de la dictadura militar y su disolución fue reclamada tanto por la ONU como por la OEA, en virtud de las ejecuciones y torturas que aún se practican en las comisarías brasileñas.

El presidente del PT, Rui Falcao, emitió un comunicado en el cual pidió que la nueva ley sobre el accionar de las protestas no impida el derecho de protesta y libre manifestación garantizado por la Constitución.

El ministro de Justicia dijo este sábado que la nueva ley “debe garantizar la seguridad del ciudadano que participa de las protestas y de los profesionales periodistas que las cubren, porque los actos de vandalismo son inaceptables y pueden acabar con la vida de las personas”.

Uno de los puntos a tratar es si es permitido el uso de máscaras en las manifestaciones de protesta. Uno de los objetivos, dijo Cardozo, es encuadrar a la policía dentro de un reglamento para manifestaciones que defina “el uso proporcional de la fuerza” sin armas letales.