La política económica no siempre ha estado justificada. Hay concepciones teóricas e ideológicas que consideran que el gobierno no debe intervenir en la economía porque genera distorsiones. Por ejemplo, el fundamentalismo de mercado impulsó la autorregulación de los mercados financieros, aspecto que contribuyó a una de las peores crisis económicas mundiales. No obstante, en general, los economistas aprenden en las clases de política económica los modelos IS-LM (también llamado modelo de Hicks-Hansen), Mundell-Fleming, oferta y demanda agregadas, curva de Phillips, y hacen simulaciones estáticas de los efectos de las políticas fiscal, monetaria y de comercio exterior sobre la producción, el empleo, las tasas de interés y los precios.

En el caso de una economía abierta, los economistas distinguen las políticas para tipos de cambio fijos y flexibles y discuten el trilema (un dilema que involucra 3 preocupaciones) “no sagrado” entre libre movilidad de capital, tipo de cambio fijo e “independencia” monetaria, y concluyen que no se puede tener los 3 a la vez.

Esta es una visión tecnocrática de la política económica que no está libre de los debates teóricos entre distintas escuelas de pensamiento económico. Por ejemplo, en las visiones postkeynesianas se endogeniza el dinero, a diferencia de la perspectiva neoclásica en la que este se supone exógeno.

Complementariamente, se puede abordar la política económica como una política pública que busca resolver un problema colectivo que requiere de la acción de instituciones estatales. Subirats, Knoepfel, Larrue, Varone en su libro Análisis y gestión de políticas públicas de 2012, definen la política pública como la respuesta del sistema político-administrativo a una situación de la realidad social juzgada políticamente como inaceptable. Esto implica que un problema social se ha convertido en un problema de política pública y que requiere de la acción de los poderes públicos. No todo problema social es un problema de política pública. Por ejemplo, las políticas de combate a la desigualdad no siempre han estado en la agenda pública, a pesar de que la desigualdad es uno de los principales problemas sociales del país y de la región. Igualmente, en determinados contextos se ha privilegiado como problema social y público la lucha contra la inflación antes que la búsqueda del pleno empleo.

En el mismo texto, los autores plantean que el problema social es una construcción social y política, “que dependerá de las percepciones, representaciones, intereses y recursos de los diferentes actores públicos y privados que intervienen en el proceso”.

Las políticas económicas implican un ejercicio redistributivo, con ganadores y perdedores, en el marco de puntos de vista interesados o sesgados. Los actores públicos y privados relacionados con una política económica no se quedarán inmóviles y tratarán de influir en su contenido en cualquier fase del ciclo de la política pública (gráfico 1). Para el efecto, movilizarán los recursos que tienen disponibles. Knoepfel, Larrue y Varone mencionan varios tipos de recursos que se deben tener en cuenta: jurídicos (derecho), humanos (personal), económicos (dinero), cognitivos (información), interactivos (organización), cronológicos (tiempo), patrimoniales (infraestructura), políticos (mayorías), de confianza (consenso) e incluso la fuerza (violencia).

Por lo tanto, el ejercicio de la política económica debe considerar y afrontar las relaciones de poder en la sociedad.