El 8 de marzo de 1999 fue la fecha en la que las autoridades adoptaron una medida sorpresiva y sin precedentes en el Ecuador: el feriado bancario que dio inicio a un etapa de graves consecuencias económicas y sociales que se extienden hasta hoy. Con el fin de prevenir retiros de depósitos y desestabilizar la reserva monetaria, según dijeron en ese momento las autoridades, el Gobierno anunció el feriado que inicialmente debía durar 24 horas, pero duró una semana. Después se congelaron los ahorros de los clientes que sumaron alrededor de $ 4 mil millones.

El saldo: 17 bancos cerrados, pérdidas millonarias para el Estado y para los clientes, miles de bienes que fueron de las entidades financieras en manos del Banco Central sin poder ser aprovechados, hombres y mujeres con deudas impagables o de por vida y pocos culpables sancionados.

Ese momento también marcó lo que vendría después para el país: una migración nunca antes vista (más de 2 millones de ecuatorianos obligados a salir hacia Estados Unidos y España) y la dolarización de la economía decretada en enero de 2000.

En el tiempo transcurrido ningún gobierno pudo terminar con los coletazos de la crisis, pero gracias a un proyecto de ley que se discute en la Asamblea, el fin podría estar cerca. La iniciativa denominada Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 fue remitida por la Presidencia a mediados de enero con carácter de económico urgente. Para mañana está previsto el segundo debate en la Asamblea en el que la ley podría aprobarse, indicó Juan Carlos Cassinelli (Alianza PAIS), presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Luego pasaría a sanción del Ejecutivo.

“Hasta diciembre de 2014 enterraremos definitivamente la crisis bancaria”, dijo hace unas semanas el presidente Rafael Correa en el enlace sabatino.

La legislación permitirá al Gobierno liberar 19 910 bienes inmuebles que tenían los bancos cerrados y que no han podido pasar en su totalidad al Estado para su posterior venta; también posibilitará pagar saldos pendientes a aproximadamente 45 mil depositantes y, además, establecerá un mecanismo de pago para los créditos pendientes de los exclientes no vinculados con la banca (gráfico 1).

La ley no contempla a los deudores vinculados a la banca, es decir, accionistas, administradores o representantes legales.

El presidente del Banco Central del Ecuador (BCE), Diego Martínez, confirmó que el Gobierno espera llegar a diciembre de 2014 con el problema resuelto después de casi 15 años.

El proyecto cuenta con el respaldo de los legisladores, incluidos los de oposición que han hecho algunas recomendaciones.

La crisis estalló en el Gobierno de Jamil Mahuad, que ‘congeló’ $ 1 840 millones del sistema bancario privado; $ 681,1 millones de la banca offshore y alrededor de $ 145 millones de sociedades financieras, cooperativas y mutualistas.

En ese momento, el Estado intervino 33 entidades financieras, entre ellas grandes bancos como el Popular, La Previsora y Pacífico, entre otros. Pero la crisis se veía venir desde 1998 cuando gigantes del mercado como Filanbanco y Banco del Progreso se derrumbaban mientras miles de clientes reclamaban sus depósitos en medio de una agitación social no antes vista.

En ese momento la inflación llegó hasta el 60%, el desempleo se ubicó en 14,7%, la depreciación del sucre aumentó un 190%. Se produjo una fuga neta de capitales de $ 422 millones en 1998 y de $891 millones en 1999, según datos oficiales mientras miles de ecuatorianos migraban golpeados por los efectos económicos, otros, incluso, se suicidaban al ver todos sus ahorros perdidos.

Del esquema legal propuesto salen los deudores vinculados a la banca cerrada, accionistas, administradores o representantes legales. El presidente del Banco Central, Diego Martínez, dijo que la ley no está hecha para esas personas, a quienes se les cobrará vía coactiva. Si no poseen bienes serán declarados insolventes.Al anunciar la decisión de terminar con la crisis, el presidente Correa describió el panorama que impidió actuar con más eficiencia: “Los registros de los bancos se encontraron en cajas de cartón, hubo desorden e impunidad porque estaban involucrados los poderosos de siempre”.

Según Martínez, al momento, el BCE tiene a cargo bienes, pagos a depositantes y cobro de deudas de los exclientes de las instituciones financieras que quebraron o tuvieron que cerrar por malos manejos administrativos.

Explicó que la ley propone que los 19 910 bienes en manos del BCE pasen al sector público, una vez que sean registrados y regularizados, ya que los banqueros usaban una figura que les aseguraba su pertenencia cuando el cliente no cumplía sus obligaciones: los bienes constituían una garantía de los créditos otorgados y al mismo tiempo ingresaban en fideicomisos en empresas, muchas de ellas falsas, o a nombre de personas vinculadas que recibían favores de los bancos.

Con la ley se liquidarán los contratos de fideicomisos que estarán exentos del pago de todo tipo de tributos, así como de honorarios por concepto de restitución de los inmuebles.

Del total de bienes, la mayor parte urbanos (19 607) pasarán a la empresa estatal Inmobiliar; los inmuebles rurales (303) irán para el Ministerio de Agricultura y los bienes culturales (113) para el de Cultura. El destino de esas propiedades se definirá de acuerdo con planes de política pública y no se reembolsarán aranceles ni tributos. (gráfico 2).

Por lo pronto, el subsecretario de Tierras y Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura, Manuel Suárez, informó que los 303 inmuebles son predios rurales y agrícolas y no están saneados. También dijo que se han identificado camaroneras en las zonas bajas de playas y bahías. Sin embargo, indicó que será tarea del portafolio depurar las cuentas y eliminar gravámenes relacionados, por ejemplo, con los linderos de los bienes que no han sido aún delimitados. A esto se suman hipotecas por los “arbitrios jurídicos societarios que manejaba la banca cerrada, relacionados con fideicomisos y zonas de reserva ambiental”.

Una vez saneados los inmuebles se traspasarán a las organizaciones sociales calificadas en el Ministerio, con objetivos exclusivamente productivos, tanto agrícolas, como pecuarios, de pesca y acuacultura. Entre tanto, Inmobiliar analiza si en los terrenos se puede construir hospitales, escuelas, centros de policía comunitaria o darles otro uso, informó el presidente del BCE. Anunció que el Estado cancelará por esos bienes, aproximadamente, $ 250 millones en títulos valores y el dinero que se recupere se destinará al pago pendiente de los depositantes de la banca cerrada.

La mayoría de inmuebles que pertenecían a los bancos es terrenos, pero también hay palcos en estadios, estacionamientos de vehículos, oficinas, y hasta nichos en cementerios.

Los afectados

Para Martínez, el “salvataje” bancario que se realizó en aquella época a través del desembolso de millones de dólares a los bancos afectó a personas naturales y jurídicas y al propio Estado ecuatoriano en calidad de acreedor de unos $ 700 millones, que los bancos nunca le devolvieron.

Sin embargo, adelantó que el Estado no recuperará en su totalidad los recursos porque los créditos por cobrar que las entidades financieras tenían en sus balances son cifras “completamente irreales”. Su cartera está distribuida de la siguiente manera: $ 100 millones a personas privadas y $ 700 millones al sector público.

De otro lado, el proyecto de ley también contempla pagar aproximadamente a 45 mil personas que nunca recibieron sus depósitos, con un límite de $ 75 mil, a pesar de que las acreencias sobrepasen esta cifra. “Lastimosamente tenemos que hacer esto porque lo que existe en bienes y deudas por cobrar, no cubre lo que los bancos cerrados deben al Estado y a los depositantes”, añadió el funcionario.

Al momento, la cartera de deudas administradas por el BCE asciende a $ 5 148,4 millones y aproximadamente el 48% del monto total de las obligaciones, corresponde a solo 510 deudores, quienes estaban relacionados con las entidades cerradas y deben $ 2 455,1 millones. Otros $ 2 693,3 millones pertenecen a deudas de 2 835 personas que no estaban vinculadas con la banca (ver gráfico 3).

Deudores de “buena fe”

Respecto al cobro de los valores de quienes deben a la banca cerrada y no estaban vinculados a ella, conocidos como deudores “de buena fe”, Martínez detalló que unas 2 800 personas pertenecen a ese grupo. Ellas recibieron $ 850 millones en créditos, valor por el que se acumularon unos $ 217 millones de intereses regulares, $ 1 543 millones de intereses por mora y poco más de $ 46 millones de gastos judiciales. Las obligaciones se triplicaron y suman hoy $ 2 693,36 millones, lo que “se vuelve impagable”, manifestó Martínez.

El proyecto de ley sugiere recalcular el pasivo; es decir, perdonar los intereses normales y en mora y los costos judiciales

En dicha época, los intereses que regían para los préstamos en sucres eran del 50% y 60%; mientras la Ley del Desagio, que evitaba que las altas tasas de interés que se pagaban en sucres se cancelen en dólares, tenía un techo del 16%, superior al interés que actualmente rige en el país. Por ejemplo, para un crédito hipotecario, el interés es 8%.

El proyecto de ley propone recalcular las deudas basándose solo en el capital inicial, al 5% de interés y un plazo de 5 años para pagar. Así, el compromiso bajaría de $ 2 693,36 millones, a $ 998 millones, con una reducción promedio del 63% (ver gráfico 4). Por ejemplo, si alguien debe $ 100 mil, tendrá que cancelar alrededor de $ 40 mil.

EN BREVE

Salvataje. En 1999, el “salvataje” se hizo con los bonos AGD por unos $ 1 400 millones que después los bancos no pagaron

Congelamiento. de los depósitos bancarios, decretado por Mahuad, representó unos $ 4 mil millones.

Créditos. Entre 1998 y 2000, el monto de los créditos de liquidez rebasaron los $ 20 mil millones.

Impuesto. El Gobierno de Mahuad eliminó el Impuesto a la Renta y estableció uno a la Circulación de Capitales del 1%.Roberto Parra, representante de los deudores “de buena fe”, un grupo de ciudadanos que se conformó espontáneamente, ha mostrado su desacuerdo con lo planteado y propone 0% de interés de los compromisos adquiridos desde antes de la crisis de 1999 hasta la fecha; y, que para el futuro, se aplique una tasa del 2%, a 10 años plazo y 3 de gracia.

“Nosotros ya pagamos con nuestra vida y mejores años, somos deudores descapitalizados, no tenemos recursos, perdimos el patrimonio, no hay manera de pagar. Necesitamos un período de gracia para empezar la rehabilitación y reactivación de nuestras actividades porque ningún banco nos va a prestar dinero en las actuales condiciones de calificación de crédito que tenemos”, señaló.

Insistió que son víctimas del feriado bancario porque las deudas en sucres que tenían con las instituciones financieras se transformaron en dólares y la forma de cobro “fue totalmente inhumana”.

Pero el asambleísta opositor Ramiro Aguilar (Suma) cree que el plazo que la ley otorga es razonable. “Todo deudor quiere la mayor cantidad de tiempo y la menor cantidad de interés, pero también hay que mirar los intereses del Estado. Si esos plazos no se cumplen, no estaríamos hablando de una ley de cierre de crisis, sino de una ley de reestructura de créditos”.

En el informe aprobado para segundo debate se mantuvo la propuesta original del 5% y 5 años plazo para el pago de la deuda, “pero se incluyó una disposición en la que todos los valores que hayan pagado los deudores no vinculados, se aplicarán primero al capital, es decir, que se imputan al capital, y sobre el saldo que hubiera se aplica la fórmula del recálculo”, explicó Cassinelli.

Por su parte, el presidente del BCE señaló que el mecanismo beneficiará más a las personas que durante los 15 años de crisis cumplieron con los pagos, muchas de ellas perdieron sus bienes, los bancos les embargaron y remataron sus casas, empresas e incluso maquinaria.

Según la oferta del Gobierno, si las instituciones financieras les expropiaron esos bienes, la deuda se extingue dentro de una estructura financiera que permita al mismo tiempo a los exclientes acogerse y salir de la calificación de insolvencia que tienen actualmente. El proyecto de ley establece que puedan ser borrados de los historiales de crédito, rehabilitarse y acceder a nuevos créditos de los bancos.

Los deudores vinculados

De otra parte, las autoridades han decidido no amparar legalmente a los deudores vinculados a la banca, es decir, accionistas, administradores o representantes legales. “Para ellos no está hecha la ley, el Gobierno está yendo a la mayor velocidad para cobrarles vía coactiva. Y si no tienen bienes, serán declarados insolventes. No se puede establecer en la ley un beneficio de gente que causó la crisis”, enfatizó el presidente del BCE.

El proyecto de Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 propone que los 19910 bienes en manos del BCE se entreguen al sector público, una vez que sean registrados y regularizados.

Los banqueros usaban la figura del fideicomiso para asegurarse la pertenencia del bien cuando el cliente no cumplía sus obligaciones. Ponían esas propiedades a nombre de empresas, algunas falsas, o de personas vinculadas. La ley propone liquidar los fideicomisosEl ministro Coordinador de Política Económica, Patricio Rivera, explicó que la insolvencia es un proceso en el que un juez prohíbe manejar los propios bienes e ingresos, firmar contratos, salir del país sin autorización, además, el nombre del implicado se publica en un diario de circulación nacional. Estos casos de insolvencia son manejados coordinadamente por la Contraloría, la Superintendencia de Compañías, el Registro de la Propiedad, las Cámaras de la Producción y la Agencia Nacional de Tránsito.

En el enlace sabatino 357, Rivera anunció que se han identificado como insolventes a 12 accionistas o administradores y a 483 deudores de cartera.

Entretanto, la Superintendencia de Bancos enviará a la función judicial 38 juicios adicionales para declarar insolventes a otros exaccionistas o administradores de la banca cerrada, en un proceso que durará hasta abril.

Hasta diciembre de 2014, el fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad y el BCE tienen planeado ejecutar todos los juicios coactivos, resaltó Rivera, lo que para el presidente Correa significa darle “sepultura definitiva a la crisis bancaria”.

En el gráfico 5 se pueden apreciar las millonarias obligaciones de 9 instituciones financieras y los deudores.

Algunas experiencias

Roberto Parra asegura que en muchos casos, los bancos ocultaban información, pagos, procesos y pruebas que a los deudores de “buena fe” les impedían defenderse. Él mismo sostiene que hizo un pago de $ 10 mil que desapareció de los registros del banco porque se había enviado a la cuenta de varios acreedores. Así, las deudas se multiplicaron.

Hugo Peñafiel, uno de los 1 000 transportistas urbanos del país, sostuvo que el problema del gremio se arrastra desde 1995 cuando solicitaron importar vehículos Mercedes Benz y les entregaron “transformers”, cambiados el número del motor y sin stock de repuestos.

Con la crisis bancaria se complicó la situación y comenzó el retraso en el pago de las deudas que tenía el sector con los banqueros quebrados. “Cada vez que queríamos refinanciar la deuda, nos capitalizaban los intereses, algo salvaje, criminal, lacerante, no pudimos hacer nada”, mencionó Peñafiel.

Varios de los transportistas pagaron el capital inicial. La deuda del sector asciende a $ 580 mil, valor que Peñafiel anticipa no podrán pagar porque entregaron las unidades o les embargaron y no han sido rematadas “por responsabilidad de los jueces de coactivas”.

Peñafiel confía en que se cumpla el principio enunciado por el presidente Correa de que el capital económico no puede estar sobre el capital humano y se pueda extinguir la deuda.

Los orígenes

La crisis tiene como antecedente la Ley de Instituciones Financieras de 1994, del Gobierno de Sixto Durán-Ballén, que permitió a los banqueros ampliar sus actividades y diversificar sus negocios, lo que dio paso a créditos vinculados con empresas amigas o propias.

Ese tipo de préstamos generó que muchas instituciones financieras presentaran problemas de liquidez y luego de insolvencia. Antes del feriado bancario otras instituciones recibieron ayuda del Estado o cerraron: en 1996 el Banco Continental, y en 1998, el de Préstamos, el Progreso y Filanbanco. La situación motivó la aprobación en el Congreso de la Ley de Reforma Tributaria y Financieraen noviembre de 1998, gracias a un acuerdo entre el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular. A la postre esa legislación fue cuestionada por algunos sectores por su pretensión velada de beneficiar a los banqueros.

Mediante esa normativa se pretendía reestructurar las deudas de miles de clientes privados con los bancos. También se creó la Agencia de Garantía de Depósitos AGD (cerrada en diciembre de 2009, es decir, 10 años después de su nacimiento), agente de recuperación del dinero que perdieron miles de ciudadanos de las entidades cerradas. Además, se eliminó el Impuesto a la Renta y se creó el Impuesto a la Salida de Capitales que era de 1%.

A ello se suma que en la Constitución de 1998 se estableció una transitoria para que el Banco Central pudiera fondear a los bancos, es decir, prestarles recursos, aun cuando la propia Constitución lo prohibía”, explicó Martínez.

El presidente del Banco Central dijo que en esa época, los banqueros no solo eran eso, sino que además tenían compañías, se hacían autopréstamos, daban créditos a sus parientes, amigos, allegados o usaban testaferros para dirigir el crédito bancario a empresas. En su opinión, la crisis fue de tal magnitud que cuando quebraron las compañías también lo hicieron los bancos con el subsecuente impacto a la economía ecuatoriana.

Según Martínez, el “salvataje” bancario se realizó a través de bonos de la AGD, por alrededor de $ 1 400 millones que los bancos no pagaron y gracias a créditos de iliquidez, que entre 1998 y 2000 rebasaron los $ 20 mil millones. Esos préstamos se financiaban emitiendo sucres. La crisis se produjo “porque se financió a los bancos”, puntualizó.

El BCE colocó en la economía “una cantidad enorme de sucres ... que hicieron quebrar al país, perder la moneda nacional que fue reemplazada por el dólar”. Los depósitos en sucres fueron devueltos en dólares a una cotización de 25 mil sucres por dólar, a miles de ecuatorianos que vieron reducidos sus ahorros y su poder adquisitivo.