Desde la Conferencia sobre Agua y Ambiente realizada en Dublín en 1992, a escala internacional se reconoce explícitamente el valor económico del agua. En su momento, aquello representó una ruptura de paradigmas. En nuestros días, empero, se deben destacar otras dimensiones del agua para poder implementar políticas económicamente eficientes, socialmente equitativas y ambientalmente sustentables.

La escasez no es un dato inmutable

Debido al carácter complejo del recurso, no es suficiente gestionar cantidades o administrar concesiones. Se requiere gobernar el agua.

El agua genera paradojas. Si bien la ciencia ampliará las posibilidades de producción de bienes y servicios, las economías se desenvolverán en un planeta con recursos finitos. Esta limitación ocurre porque el proceso civilizatorio ha generado un desequilibrio permanente entre ‘lo deseable’ y ‘lo posible’. Esto es fundamental para gobernar al agua como un bien público. La abundancia y la escasez no son hechos naturales sino cualidades relacionales. En Tel Aviv, por ejemplo, cada año llueve muy poco. Físicamente, el agua es escasa. Sin embargo, sus habitantes disfrutan de agua potable. En cambio, en Santo Domingo, casi todos los días llueve pero los hogares no tienen agua potable. Aquí la disponibilidad física del recurso no equivale a su abundancia social.

Para todos los fines prácticos relacionados con la satisfacción de las diversas necesidades humanas, la abundancia es el resultado de la ‘ingeniosidad’ de una sociedad para transformar a la carencia en su contrario. Esto se da cuando existen las instituciones adecuadas para organizar la extracción y el consumo de agua. Para ello, además de requerirse capital y conocimiento, se necesita cambiar relaciones sociales, tradiciones culturales y expectativas individuales.

Un bien con múltiples funciones

En las próximas décadas, los recursos hídricos serán decisivos en el cultivo de alimentos, en la reducción de la dependencia del petróleo, en la consolidación de la bioeconomía y en la fabricación de productos de alta tecnología. El agua es y será un ‘bien multifuncional’. Esta versatilidad no es su propiedad exclusiva. Muchos insumos o productos sirven también para fines distintos a su propósito original. Lo que hace especial al agua emana de otras circunstancias.

Este recurso está involucrado simultáneamente en procesos económicos, sociales, ecológicos y políticos cuyos beneficios (o perjuicios) suelen extenderse en varias escalas espaciales y lapsos temporales. Potencialmente, por ejemplo, si no existiesen controles efectivos, las aguas servidas descargadas por los hogares londinenses podrían contaminar al río Támesis, luego alterar la densidad de las corrientes marinas intercontinentales y, a la postre, disminuir la sustentabilidad de la industria pesquera sudamericana. La magnitud, difusión y persistencia de esas ‘externalidades’ condicionan el bienestar de las generaciones presentes y futuras. La especificidad del agua proviene de su conectividad con procesos sociales y naturales con dinámicas complejas.

El gobierno del agua es prioritario

‘Agua, energía y alimentación’. Esta frase sintetiza el reto de política en todos los países. Debido al carácter complejo del recurso, no es suficiente ‘gestionar’ cantidades o ‘administrar’ concesiones. Se requiere ‘gobernar el agua’. Esto es imperativo para resolver el desafío de la ‘asignación’ de un recurso demandado por diversos usuarios involucrados en distintas formas de economía y provenientes de diversas culturas.
En sociedades donde las expectativas y necesidades de la población imponen usos multifuncionales de un recurso, el gobierno efectivo de un ‘común ambiental’ exige instituciones públicas nacionales capaces de establecer los parámetros vinculantes que organicen las acciones autónomas de los agentes económicos y las dirijan hacia futuros compartidos y deseables. Solo así podría evitarse la repetición de la misma historia de siempre: la apropiación de las rentas naturales por las oligarquías ‘aguatenientes’ locales.