Proteger las ideas y las invenciones humanas y garantizar los derechos de sus creadores estimula el surgimiento de nuevas producciones tanto intelectuales como materiales, pero ¿qué pasa si se busca una excesiva protección?, ¿qué resulta de la asimetría entre países productores de propiedad intelectual y países consumidores?, ¿cuál es el límite entre protección y acceso?

Esas y otras interrogantes surgen a la hora de pensar en la rigidez y en la flexibilidad de atender los derechos de propiedad intelectual, que buscan resguardar las creaciones científicas, literarias, artísticas, informáticas y reconocerles un propietario que pueda usufructuar de ellas. Garantizar esos derechos, sobre todo en el marco de negociaciones de acuerdos comerciales, es una cuestión que se mueve entre otorgar una mayor protección a la propiedad intelectual o posibilitar más acceso al conocimiento, a medicamentos, a tecnología. Estos temas ameritan un debate amplio que pueda contribuir a enriquecer el diálogo que está en curso entre Ecuador y la Unión Europea (UE).

Pensar en los medicamentos genéricos, en los derechos para bajarse programas, películas o música a través de Internet, en la protección de la biodiveridad y los conocimientos ancestrales o en el reconocimiento del nombre de un producto (que no puede ser usado por nadie más) por provenir de un lugar específico, equivale a pensar en los múltiples aspectos que encierra la propiedad intelectual, un tema sensible en todas las conversaciones de tratados comerciales. Incluso, allá por 1988 cuando Estados Unidos y Canadá, países con un nivel de desarrollo similar, negociaban un acuerdo, el tema era tan espinoso que ambos países decidieron dejarlo fuera para pactar un texto final.

Los tratados comerciales se componen de aspectos muy concretos como exportaciones, importaciones, menos aranceles para productos como el banano, el camarón, las flores, pero también están presentes temas vinculados a la propiedad intelectual que aunque aparecen como más abstractos y técnicos no son menos importantes.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) en un estudio escrito por el chileno Alvaro Díaz y denominado América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio se refiere a la propiedad intelectual como “el conocimiento y la información que forman parte de los inventos, las creaciones e incluso los signos y las palabras. Su función específica es convertirlos legalmente en bienes privados intangibles y transables en el mercado, por un período determinado de tiempo y con ciertas restricciones”.

Base de las negociaciones

Si la asimetría entre países desarrollados y en desarrollo es evidente en aspectos económicos, sociales y culturales, en propiedad intelectual esas diferencias son aún mayores. De un lado están los países generadores de propiedad intelectual y del otro, los consumidores, que de paso, hoy, generan muy poco.

A escala mundial se buscó regular el tema y en 1994 se estableció el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que por primera vez incorporó normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio.

Desde ese momento, los países de América Latina y el Caribe experimentaron una oleada de suscripciones de tratados multilaterales como los Convenios de París, de Berna, los tratados de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) y se aceleró el proceso de creación de legislaciones locales en base a lo elaborado principalmente en países desarrollados.

En el Ecuador la primera ley de este tipo fue promulgada en 1998 y hoy el Gobierno está trabajando en reformas a esa normativa que se espera estén listas hasta febrero para, posteriormente, enviarlas a la Asamblea Nacional como parte del Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento.

En el análisis de la Cepal se observa que, en general, los países desarrollados buscan pactar protecciones, incluso que “van más allá” de lo descrito en el Adpic, especialmente en patentes farmaceúticas y derechos de autor en el mundo digital, esto se conoce como normativa Adpic Plus. También pretenden establecer fuertes garantías para las nuevas tecnologías digitales e Internet que reproducen y distribuyen productos amparados en derechos de propiedad intelectual. Además, buscan implantar mecanismos de protección que puedan ser reconocidos de forma expedita en los países.

Por otro lado, los acuerdos también contienen “un conjunto de ambigüedades y silencios que evidencian el carácter incompleto de los tratados de libre comercio (TLC). En efecto, por un lado los TLC toman como referencia a Adpic y OMPI que contienen mayores flexibilidades. Y por otro lado no mencionan aspectos cruciales tales como licencias obligatorias o el agotamiento nacional o internacional de derechos. Tampoco detallan mecanismos de implementación de las obligaciones”. Las licencias obligatorias son un instrumento que permite a las autoridades públicas conceder licencia a un tercero sin el consentimiento del propietario de la patente. El ejemplo más claro es el de medicinas para combatir el VIH-sida.

En el estudio, la Cepal evalúa las experiencias de Chile y de algunos países centroamericanos que firmaron un TLC con Estados Unidos y constata 2 escenarios diferentes: por un lado, que la legislación local necesaria para implementar los TLC puede “flexibilizar la implementación” del acuerdo, aproximándose a los estándares Adpic (los mínimos en protección), y por otro, puede endurecer la aplicación del TLC eliminando flexibilidades.

Y alerta sobre repercursiones que dependen del modo en que se apliquen los acuerdos, de las legislaciones locales que se aprueben luego de los pactos y de si existen políticas públicas en materia de innovación, salud, educación y derechos del consumidor. “El rígido cumplimiento de las obligaciones de los TLC podría influir adversamente en el acceso de la población a los medicamentos genéricos y afectar otras actividades tan simples como obtener copias de un software o de una canción para uso personal, o reproducir capítulos de un libro para la educación en universidades y liceos. Incluso podría desincentivar la innovación en los países de la región latinoamericana”.

“Lo anterior no constituye una amenaza ficticia, sino que forma parte del intenso debate que se está desarrollando tanto en Europa como en Estados Unidos”, recalca el informe de la Cepal publicado en 2008 y realizado por Díaz, economista de la Cepal desde 2010, subsecretario de Economía durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) y exjefe negociador del capítulo de propiedad intelectual para el TLC entre Chile y Estados Unidos.

¿Qué se negocia?

Luego de 4 años y 7 meses de que Ecuador suspendiera las negociaciones con la Unión Europea, la semana pasada se retomaron los diálogos para discutir temas como acceso a mercados de productos agrícolas e industriales, compras públicas, comercio de servicios e inversiones, y talvez uno de los más polémicos, propiedad intelectual. Para ese último ámbito el titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnologia (Senescyt), René Ramírez y el director del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Andrés Ycaza están involucrados en las negociaciones. Ellos presentaron las posiciones del país en los diversos aspectos relacionados con la propiedad intelectual (gráfico 1).

Para Ramírez, los beneficios arancelarios que se pretenden lograr para el acceso de productos ecuatorianos a la Unión Europea, importante mercado para nuestras exportaciones no tradicionales, deben analizarse de la mano de los impactos en compras públicas, importaciones, propiedad intelectual, dijo a través de Twitter.

Uno de los temas que más preocupa es el de “la exclusividad en datos de prueba” que, según Ramírez, “resultaría en un incremento en el 18% en precios de medicamento afectando acceso a salud”(sic).

Expertos consultados explican que todos los temas de propiedad intelectual son “relevantes” y “sensibles”, pero puntualizan que lo relacionado con datos de prueba y derechos de autor “son claves”.

Los datos de prueba tiene directa relación con, por ejemplo, la producción de fármacos y agroquímicos. Estos datos se refieren a toda la información previa a un descubrimiento, invento o creación, que permitió llegar al resultado final. Por ejemplo, todas las pruebas, experimentos, fórmulas y datos que desembocaron en la materialización de un invento. En este aspecto, los países desarrollados buscan ampliar los años de protección para que esos datos de prueba no puedan ser usados en otras creaciones o que sean de propiedad exclusiva del creador.

De otro lado, los derechos de autor tienen que ver con el reconocimiento de los creadores de obras literarias, musicales, programas de software, que no pueden ser utilizadas, citadas o descargadas sin permisos o sin el pago de derechos. Este tema es especialmente complejo en una era como la nuestra en la que a través del Internet circula todo tipo de material con los más variados fines.

En el Ecuador, una de las prioridades del Gobierno es impulsar el cambio de la matriz productiva. generando una “economía del conocimiento”, basada en el talento humano y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

“Buscamos dejar de ser consumidores de conocimiento y pasar a ser generadores de conocimiento. La propiedad intelectual es el instrumento base para el cambio de la matriz productiva porque cuando tenemos un sistema con un nivel bajo de protección eso nos permite un margen de acción para posibilitar el acceso (al conocimiento), pero si tenemos un sistema muy bajo eso también se vuelve muy poco atractivo para los creadores. Debemos encontrar el equilibrio entre esa protección y el acceso. El acceso suficiente para poder generar más contenidos y la protección suficiente para que se vuelva atractivo el investigar, el crear, lo que al final nos va a permitir desarrollar la economía”, indicó Santiago Cevallos, director de derechos de autor y derechos conexos del IEPI.

En breve 

En 1994 se incorporaron por primera vez normas sobre propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. 

Ecuador promulgó su primera Ley de Propiedad Intelectual en 1998. El Gobierno trabaja en reformas a esa legislación.

“Lo que queremos es establecer flexibilidades que nos permitan desarrollar conocimiento, utilizando al sistema -no estamos negando al sistema de propiedad intelectual-, lo que queremos hacer es utilizarlo de forma inteligente y adecuado para cubrir nuestras necesidades”, agregó.

En las negociaciones comerciales en general, algunos de los principales temores se refieren a la posibilidad de que las transnacionales, generalmente estadounidenses o europeas, que son dueñas de las patentes de medicamentos y agroquímicos, sean beneficiadas en nombre de los derechos de propiedad intelectual, en desmedro de los países menos desarrollados. El monopolio, la imposibilidad de fabricar genéricos y el efecto directo en los precios son algunas de las preocupaciones a la hora de negociar.

En el texto El TLC y los agroquímicos: La urgencia de un debate sobre el modelo agrario, Jaime Breilh, director del área de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) se refiere a las pretensiones de las transnacionales en las negociaciones comerciales que tienen que ver con el número de años (mientras más, mejor) de protección a la fase de datos de prueba, “con lo cual se ampliaría directamente la monopolización de los productos y la capacidad de las transnacionales para fijar precios ... y se busca instituir un sistema de compensaciones por las demoras en el otorgamiento de patentes y registros. Es decir, la estrategia apunta a expandir el control monopólico de las empresas sobre los químicos con la consecuente reducción relativa de los genéricos en el mercado”, señaló.

Panorama mundial de creaciones

Para tener una idea de las invenciones, las solicitudes de patentes y de registro de marcas, solo en 2012 se incrementaron más rápido que en los últimos 18 años. Según los más recientes datos disponibles de la Organziación Mundial de Propiedad Intelectual, en 2012 se solicitaron 2,3 millones de patentes, un 9,2% más que en 2011, y 6,5 millones de marcas, un crecimiento del 6% respecto al año anterior. En casi todos los países las peticiones de registro de patentes crecieron en 2012. A la cabeza está China donde se evidenció un aumento de 24%, le sigue Nueva Zelanda con 14,3%, México con 9%, Estados Unidos con 7,8%. Potencias emergentes como Brasil, Rusia, India y Sudáfrica experimentaron aumentos de 5,1%, 6,8%, 3,9% y 2,7%, cada una. En Europa si bien Alemania experimentó un incremento de solicitudes de registro en un 3,2%, países como Francia e Italia, tuvieron caídas de 0,7% y 4,2%, respectivamente (gráfico 2).

El registro de patentes relacionadas con comunicaciones digitales fue el ámbito de propiedad intelectual que más creció (8,4%). Los países donde más solicitudes de ese tipo se registraron fueron Estados Unidos, China y Japón (gráfico 3).

Pero el desarrollo en propiedad intelectual de los países más avanzados no siempre exigió niveles de protección altos. Así lo recuerda, Cevallos. “Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea, por mucho tiempo tuvieron un sistema de protección muy laxo, muy bajo, que les permitió acceder a muchísima información y así pudieron desarrollarse”, esa sería la etapa en la que están países como el Ecuador.

Para el reconocido economista colombiano Eduardo Sarmiento, columnista de diario El Espectador, lo que buscan los países desarrollados a través de los TLC no es “sólo asegurar la recuperación de la inversión y la innovación sino adquirir un poder monopólico para establecer precios por encima de los costos. Así lo ilustra la información del sector farmacéutico. En muchos casos la diferencia entre el precio de la droga de marca y la genérica es de más de cien veces, lo que supera con creces el margen normal para recuperar cualquier inversión fija. Es el mundo al revés. En aras del libre mercado, se justifica la protección para crear rentas monopólicas y, lo más grave, para alejar a los países en desarrollo de las actividades de complejidad tecnológica. La política está en abierta contradicción con la teoría de la industria infantil, que fue la base para el desarrollo de la mayoría de los países que hoy en día se encuentran en la cima. Los países no solamente quedan fuera de la tecnología por el atraso y la innovación sino por la legislación que impide emplearla de acuerdo a sus realidades propias”, escribió Sarmiento en 2005.

Para Manuel Fernández de Córdova, docente ecuatoriano y experto en negociaciones comerciales y propiedad intelectual, esta última “es un elemento fundamental de la ecuación innovación y desarrollo, porque son los derechos de propiedad intelectual los que estimulan ese tipo de actividad”. “Los laboratorios farmaceúticos no investigarían nada si detrás no hubiera el estímulo de que una patente que me permita exportar esa invención”, agregó.

El estudio de la Cepal revela que según la literatura económica “una mayor protección de la propiedad intelectual más allá de un cierto óptimo puede no generar más innovación sino que puede incluso desincentivarla, especialmente en países donde predomina la innovación incremental y donde el gasto en I+D es bajo”.

Al observar la experiencia de México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan, con EE.UU. y Canadá que cumplió 20 años el 1 de enero) se constata que entre 1995 y 2005 hubo una reducción del 12% de los registros de patentes de mexicanos mientras se duplicaron los de extranjeros. “Esto quiere decir que libre comercio y propiedad intelectual no son incentivos suficientes para asegurar más patentes. El problema de México es que el gasto en I+D (investigación más desarrollo) no supera el 0,4% del PIB”. Estudios comparados indican que existe “una clara correlación entre expansión del gasto en I+D y solicitudes de patentes ... Esto indica que el solo fortalecimiento de la propiedad intelectual y el libre comercio no es suficiente para hacer despegar una onda de innovaciones y solicitudes de patentes. Es fundamental que los países impulsen políticas de innovación y desarrollo tecnológico”, dice la Cepal.

Otro punto que no hay que olvidar es el relacionado con indicaciones geográficas y denominaciones de origen, cuyo reconocimiento interesa mucho a los europeos. Estas denominaciones sirven para designar a un producto originario de un país o región cuando la calidad o las características de ese artículo se deben esencialmente al medio geográfico. Cuando se reconocen esas denominaciones no pueden usarse en ningún otro contexto. Los ejemplos del gráfico 4 muestran casos de denominaciones de origen reconocidas en algunos países. Díaz comenta que en las negociaciones del TLC entre Chile y los europeos, los chilenos tuvieron que abdicar del uso de los nombres “champagne” y “cognac” (denominaciones pertenecientes a Francia), pero mantuvieron las de vinos como “merlot”, “cabernet sauvingnon” y otros que los europeos pretenían mantener como suyas.

Ecuador tiene solo 2 denominaciones de origen registradas: “sombreros de Montecristi” (paja toquilla) y “cacao arriba” fino de aroma.

Un caso llamativo es el del “pisco”, bebida cuya denominación de origen se atribuyen Chile y Perú. Las negociaciones para su reconocimiento fueron parte de los diálogos de esos países con la UE y EE.UU. Perú consiguió que los europeos consideren al pisco peruano, mientras que para los estadounidenses es chileno.

Ecuador y Europa

El acuerdo con la UE empezó como una negociación conjunta con Colombia, Ecuador y Perú, pero al final cada país siguió sus propios ritmos. El tratado comercial con colombianos y peruanos está vigente desde el 1º de agosto del año pasado. Todavía es muy pronto para evaluar la aplicación del acuerdo pero el ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, dijo en Bruselas que la delegación buscará conseguir algo mejor que sus vecinos. “Sí es posible negociar algo diferente, si no yo no estaría sentado aquí”, dijo según un comunicado oficial.