“Yo no tengo nada que hablar con usted”, fueron las últimas palabras que pronunció Amelia L., de 47 años, a su expareja Miguel A., de 59 años, quien la apuñaló 21 veces hasta causarle la muerte.

El crimen se cometió el 8 de febrero de este año en el sector de Pisulí, en el norte de Quito, delante de la madre de la víctima, quien intentó defenderla de su agresor, hoy aprehendido.

Cinco meses después de iniciadas las investigaciones de la Fiscalía, se realizó la audiencia de juicio por el delito de femicidio.

Durante la diligencia judicial, efectuada el jueves 25 de julio de 2019, la fiscal María Alejandra Sigcha presentó la teoría del caso de femicidio.

El 8 de febrero de 2019, Miguel interceptó a Amelia a unos metros de su casa e intentó que regresara. Su objetivo era restablecer la relación matrimonial de 30 años que Amelia había dado por concluida debido a la violencia intrafamiliar de la que era víctima y por la que ya existía una investigación previa en curso.

En ese momento, Amelia estaba acompañada de su madre y se rehusó a hablar con su expareja, lo que provocó forcejeos y empujones.

Cuando la progenitora intentó llevarse a su hija, Miguel la amenazó con un cuchillo y apuñaló a la mujer. Con la misma arma intentó autoeliminarse, pero en ese momento llegó la Policía.

En la audiencia, la Fiscalía presentó como evidencia el arma blanca y un video del femicidio, que una vecina grabó con su celular desde un tercer piso.  

Además, Sigcha presentó  los testimonios de 11 personas, entre testigos y peritos, ante las juezas del Tribunal de Garantías Penales, Paola Logroño, Olga Ruiz y la ponente Mabel Tapia.

En su defensa, Miguel sostuvo que durante los 30 años de matrimonio nunca trató mal a Amelia. Sin embargo, la madre de la víctima dijo: “vivió años con él, la chantajeaba, la trataba mal y siempre la obligaba a volver. Mi hija decía que lo hacía por sus hijos”.

El Tribunal Penal de Pichincha declaró culpable de femicidio al acusado y lo condenó a 26 años de privación de la libertad, así como dispuso el pago de una multa de 1.000 salarios y la entrega de $ 40.000 como reparación integral a sus tres hijos. (I)