Al juez Miguel Jurado Fabara le tomó 3 horas y media leer la resolución, en la que dispone que sean llevados a juicio los 13 imputados por el delito de asociación ilícita por supuestamente recibir coimas de Odebrecht.

Durante la audiencia preparatoria de juicio el fiscal Carlos Baca Mancheno aseguró que el Segundo Mandatario recibió coimas de la empresa Odebrecht, a través de su tío, quien se convirtió en pieza fundamental del entramado de sobornos ideado por la constructora brasileña en Ecuador.

Baca Mancheno indicó también que los procesados Carlos P., excontralor del Estado; Ramiro C., Diego C., Ricky D.,  Gustavo M., Carlos V., Kepler V., José T., Édgar A., los venezolanos Freddy S. y Alexis A., presuntamente negociaron un total de $ 36 millones en coimas.

El Fiscal dijo durante su dictamen que Ricardo R. negoció a nombre de Jorge G., en primera instancia, el pago del 4% por cada obra adjudicada. Luego de ello, José Santos, delator de la empresa Odebrecht, supuestamente acordó pagar entre el 1% y 1,3% por cada uno de los  cinco proyectos analizados por la Fiscalía y en los que tuvieron participación todos los sindicados.

Por estos motivos dio paso al llamado a juicio señalando que acogía el dictamen fiscal y ratificaba las medidas cautelares impuestas. Además dispuso la incautación de las cuentas de Ricardo R., de los  venezolanos Freddy S. y Alexis A., y de José T., abiertas en Panamá, Hong Kong y México.

El juez Miguel Jurado indicó que a base del dictamen fiscal, tanto el Vicepresidente como los 12 imputados tienen en su contra graves presunciones de que cometieron el delito de asociación ilícita, que está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El magistrado acogió los 182 elementos de convicción que fueron presentados durante el proceso y que serán las pruebas cuando se celebre la audiencia de juicio.

Además, indicó en su resolución que se tomará en cuenta el testimonio anticipado del empresario José Santos y que los abogados defensores impugnaron en su debido momento.

También aceptó excluir del proceso el testimonio del expresidente de la República, Rafael Correa, acción que fue  solicitada por la acusación particular del dirigente político César Montúfar.

Luego del anuncio, el Fiscal sostuvo que en la audiencia demostrará la culpabilidad de los implicados, y que el juez acogió la petición de que se tramite la extradición del excontralor Carlos P. (I)

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Medidas humanitarias para dos procesados

La jueza de Garantías Penales, Ana Lucía Cevallos, dispuso oficiar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para que pague en cheque, efectivo o en una tercera cuenta bancaria, la pensión jubilar de Ramiro C., exgerente de Transportes de Petroecuador, quien se encuentra procesado por el presunto delito de lavado de activos en el caso de corrupción de Odebrecht.

Además, negó la posibilidad de levantar la medida cautelar de retención y bloqueo de las cuentas bancarias del exfuncionario petrolero.

Ayer en la audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza también negó la sustitución de la prisión preventiva que pesa contra Gustavo M., otro de los procesados en el caso y más bien ordenó oficiar al Ministerio de Justicia para que brinde las facilidades a fin de que el procesado reciba atención médica y asistencia sicológica.

Wilson Velasteguí, defensor de Ramiro C., se pronunció complacido por la resolución a favor de su cliente, ya que es una persona de la tercera edad (66 años y bajo arresto domiciliario) separado de su esposa, que tiene como único sustento la pensión jubilar que le acreditaban en su cuenta personal del banco Pichincha, la cual está bloqueada por disposición legal. (I)

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Formulación de cargos a Odebrecht fue diferida

Por pedido del fiscal del caso, Iván Ron, el juez Máximo Ortega difirió para una fecha aún no determinada la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de defraudación tributaria en contra de la constructora brasileña Odebrecht, como persona jurídica.

Ayer, al constatar la presencia de las partes procesales para instalar la audiencia el Fiscal informó al juez que no se notificó a José Conceição S., uno de los cuatro denunciados en el caso por lo que pidió el diferimiento, lo cual fue aceptado.

El fiscal general del Estado, Carlos Baca, anunció la semana pasada que la formulación de cargos será contra la compañía Odebrecht y sus representantes legales en Ecuador, Mauro Augusto H., Junior de F., José Conceição S. y Luis Enrique B., por su presunta participación en el delito de defraudación tributaria. La constructora brasileña habría defraudado al Estado ecuatoriano en alrededor de $ 120 millones por ingresos no declarados entre 2012 y 2016.

Tras escuchar la lectura de un comunicado de Odebrecht enviado, en el que se informa que José Conceição S. dejó de ser funcionario de la constructora el año pasado, el juez Ortega pidió diligencia en la notificación a dicha persona para convocar a la audiencia en nueva fecha y hora. (I)