El Ministerio de Finanzas debitó fondos autónomos del Fideicomiso AGD No Más Impunidad en 2016.

Un informe borrador de la Contraloría determinó que ese año se retiraron $ 36 millones sin autorización de la junta del fideicomiso.

Los recursos, según el documento, fueron a parar al Tesoro Nacional por solicitud del Ministerio de Finanzas.

En el documento se establece que funcionarios de esa Cartera de Estado realizaron la solicitud de manera verbal.

Sin embargo, los involucrados no justificaron una autorización del fideicomiso para ese débito, sino señalan que el trámite se hizo por solicitud directa al Banco Central del Ecuador (BCE).

La Contraloría estima que ese recorte de recursos afectó el patrimonio del fideicomiso AGD No Más Impunidad.

La Contraloría señala en el informe previo que los recursos de esa entidad son inembargables y por ello no podían retirarse. Además recordó que el patrimonio del fideicomiso es autónomo.

Sin embargo, varios funcionarios del Ministerio de Finanzas, en algunas pruebas de descargo, informaron que esos recursos se usaron para aportar a la liquidez del sector público.

Argumentaron dificultades en la caja fiscal por la caída del petróleo y el terremoto del 16 de abril de 2016, que afectó a Esmeraldas y Manabí.

Agregaron que con esos  ingresos se canceló a servidores públicos, además se destinó a deudas con varios programas sociales, como el Bono de Desarrollo e Hilando el Desarrollo, así como insumos médicos.

En 2009 el fideicomiso AGD No Más Impunidad y la Corporación Financiera Nacional (CFN) firmaron un acuerdo en el que se dispuso que cualquier desembolso se realizaría únicamente por disposición de la junta.

Sin embargo, las autoridades del fideicomiso no autorizaron el retiro.

Los fondos presuntamente se depositaron en el Tesoro Nacional con el rubro de transferencias corrientes-otros.

Los responsables del Fideicomiso AGD No Más Impunidad -ante la solicitud de la Contraloría- recordaron que esta entidad no es pública y ni recibe recursos ni extras del Estado.

Transferencias sin autorización
El Banco Central del Ecuador (BCE) efectuó el presunto débito el 27 de septiembre de 2016 por solicitud del Ministerio de Finanzas para lograr liquidez del sector público.

Citaron en el pedido varios artículos del Código de Finanzas, así como una resolución de 2015.

La Contraloría considera que el BCE debió informar sobre esa decisión a la junta antes de que se retiraran los  fondos.

Un funcionario de Finanzas indicó que las máximas autoridades del Ministerio solicitaron el desembolso, pero de manera oral.

En las conclusiones de este informe borrador se establece que esta decisión provocó una disminución de recursos del fideicomiso y no se tomó en cuenta la Ley de Mercado de Valores. 

También, citan que ese desembolso de recursos no corresponde al objeto para el  que se debió disponer. 

Otros hallazgos del fideicomiso
En el informe borrador también se establece  la contratación de personal para la secretaría técnica del fideicomiso sin que su perfil esté acorde al sueldo y cargo.

Según el organismo de control, se contrataron varios funcionarios con escala de servidor público (SP) 11, en donde los sueldos son de hasta $ 2.337, cuando su perfil era de SP 3 ($ 1.261), 5 ($ 1.626) y 7 ($ 1.796).

Así, también, la Contraloría determinó que no se verificó que intereses por $ 1’046.344 provenientes de préstamos a empresas tengan documentación de respaldo.

Además de $ 657.483 de pagos sin documentación de respaldo, $ 12.222 por paquetes accionarios y $ 86.144,48 por cobro de honorarios duplicados. (I)