La Contraloría detecta irregularidades en la construcción de obras en las unidades judiciales del Consejo de la Judicatura (CJ) en cinco provincias del país.

Un informe borrador del organismo de control determina que muchas de estas infraestructuras presentan problemas en los diseños y estudios de los proyectos,  duplicidad de pagos, entre otros.

Por ejemplo, los precios unitarios presentados por el único oferente difieren en $ 2’908.218 de los valores unitarios que constan en los presupuestos institucionales, ocasionando un pago en exceso por ese monto.

La Contraloría encontró también, que 15 unidades judiciales de Chimborazo, Pastaza, Guayas, Tungurahua y Bolívar se encuentran subutilizadas.

Además, que varias obras y trabajos que se desarrollaban para finalizar los proyectos se cancelaron mediante convenios de pago, sin la autorización de las autoridades de la  Judicatura.

Uno de los hechos que más llamó la atención es la entrega de garantías de depósitos por parte de la cooperativa Arcoíris, que no estaba legalmente registrada en la Superintendencia de Bancos y Compañías.

De esta manera, las garantías entregadas por los contratistas fueron emitidas por esa entidad financiera no autorizada, ocasionando que los anticipos otorgados y la ejecución de los trabajos no estén debidamente asegurados.

La Contraloría estimó que las pólizas, emitidas por la cooperativa Arcoíris, no tenían validez porque no contaban con los permisos correspondientes de ley. La responsabilidad en esta falla recae en asistentes administrativas que no verificaron la legalidad de los contratos, anticipos y seguros.

En el caso de Pallatanga (Chimborazo), la Contraloría encontró pagos en exceso por $ 18.437,05 y $ 52.358,62 en tres contratos, en los cuales los administradores no verificaron los rubros.

El organismo de control estableció también que de 13 contratos de fiscalización entre otros en Tungurahua, cuatro se recibieron, otros cuatro están con pagos pendientes y cinco en trámite de liquidación con bolsas de garantías vigentes.

En el caso de unidades judiciales en 11 cantones del país, se realizaron pagos adicionales de $ 383.675 por instalaciones y servicios provisionales, cuyos costos tenían que cubrir cada uno de los contratistas.

Por otro lado, el organismo de control determinó  que algunos productos que se entregaron a las unidades judiciales en los cantones  Echeandía, Las Naves, Ambato, Píllaro, Olmedo, Paján, Piñas, no cumplieron con el objetivo. De esta manera, se habrían cancelado $ 408.761 injustificadamente en la contratación de la consultoría para la elaboración de los estudios y diseños de construcción de las unidades judiciales en estas provincias.

Otros problemas técnicos
En las unidades judiciales de Ambato, el 42% del personal ofertado no cumplió  los requisitos técnicos para su contratación; es decir, las ofertas para las unidades judiciales y penales de las provincias no contaron con propuestas técnicas ni profesionales.

En el caso de la Unidad Judicial Penal de Ambato, las escaleras de estructura metálica  se construyeron sin acatar las especificaciones técnicas. Además, se observaron  vigas desalineadas y desviadas, soldaduras discontinuas y con nudos, uniones incompletas y cortes irregulares. Esto provoca inestabilidad en estas áreas.

En dos bloques de escaleras metálicas con fallas constructivas se pagó sin justificación alguna $ 83.888.

Mientras que los módulos de escaleras eléctricas para el acceso privado del edificio no cumplieron las especificaciones técnicas, ocasionando también un pago sin justificación por $ 83.888.

En el mismo lugar se encontraron fallas en la colocación de las cerámicas y porcelanato que no se instalaron correctamente. Sin embargo, se pagó $ 108.876.

La sobreestimación del costo de los materiales y la subestimación del rendimiento de la mano de obra incrementaron el costo del contrato para la construcción de la Unidad Judicial de Ambato por $ 113.840.

También en la misma provincia no se gestionaron oportunamente los títulos de propiedad de los terrenos para la construcción de la Unidad Judicial.

Esta falta de gestión por parte de los administradores retrasó la obtención de registros y la aprobación de los planos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal.

En la construcción de las unidades judiciales de Quero y Puyo se pagaron planillas de $ 472.910 y $ 95.951 por bienes que no cumplieron las características solicitadas por la institución.

Mientras que en Riobamba no se emplearon materiales ni se aplicaron procedimientos de buena calidad. Por ello se pagó $ 330.632.

Finalmente, en las unidades judiciales del Guayas no se realizó el registro y control de bienes y equipos de larga duración valorados en $ 234.713. (I)