Medidas sustitutivas para dos de las cinco personas detenidas el último martes por presunto delito de lavado de activos se fijaron ayer en la audiencia de formulación de cargos efectuada en la Unidad de Flagrancia, ubicada en 9 de Octubre y Patria, en Quito.

Por motivos de salud se dictaminaron las medidas sustitutivas a favor de Myriam R. y David M., quienes tendrán que presentarse cada 8 días, en los 90 que durará la instrucción fiscal.

Las tres personas que guardarán prisión preventiva son: Fernando M, exdirigente de Sociedad Deportivo Quito; Lourdes D. y Jorge S.

El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, quien estuvo presente al inicio de la audiencia, indicó que también se solicitó la retención de bienes muebles e inmuebles en el país y en el exterior de los tres detenidos, con la finalidad de determinar el desvío de fondos sobre el cual se basa la investigación de la Fiscalía.

En la audiencia se explicó que un total de $ 8’700.000 se transfirió de la empresa de seguros QBE a un banco de Miami, y casi el 50% de esa cantidad a una compañía en Panamá. Esto ocurrió en el periodo 2006-2012, cuando Fernando M. representaba a la aseguradora.

Chiriboga indicó que en los allanamientos también se hallaron cinco armas sin permiso, por tanto se sumaría al caso de lavado de activos un proceso de tenencia ilegal de armas.

Mauricio Figueroa, defensor de Jorge S., al salir de la audiencia manifestó que para que exista delito de lavado de activos las transferencias efectuadas tendrían que ser ilícitas, y así no sucedió. “Involucran a mi cliente como beneficiario, y a los jugadores de Deportivo Quito, entonces todos deberían estar en esta instrucción fiscal”, dijo.

Para Figueroa, el origen de los fondos de la aseguradora fue lícito porque es dinero de las pólizas de aseguramiento.

Antonio López, abogado de Fernando M., señaló que aún no hay pruebas suficientes para acusar a su defendido del delito de lavado de activos. “Tendrá que probarse que el origen del dinero es producto del narcotráfico, prostitución o tráfico de armas”, recalcó.

López explicó que el juicio civil de daños y perjuicios que presentó QBE en contra de Fernando M. no deriva en una responsabilidad penal.

El jurista indicó que todas las transferencias financieras realizadas por QBE, en el tiempo que Fernando M. la representaba, fueron legales y debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos.

Otras investigaciones
La Fiscalía ha realizado otras indagaciones en este delito. Una de las más importantes en el 2013 fue el bloqueo, a favor del Estado, de 57 millones de dólares, y dos millones de bienes muebles e inmuebles a tres empresas investigadas, al registrar operaciones irregulares de comercio exterior con Venezuela.

El caso “Cacabelos” es otro proceso de delito de lavado de activos, en que el Tribunal Sexto de Garantías Penales de Manabí dictó en noviembre de 2013 una sentencia de cuatro años en contra de M.F.M. como autora.

Según el caso, la procesada adquirió varios bienes y no justificó el origen lícito de 2.3 millones de dólares.