Una asambleísta fue acusada de cohecho tras recibir $ 800 mil

Redacción Política y Judicial

El presidente Rafael Correa lo advirtió casi al final de su Informe a la Nación y en menos de 24 horas se detuvo a tres personas y se han incautado varios bienes por un caso de corrupción en el que la principal protagonista sería una asambleísta de Alianza PAIS.

La legisladora M.E.G. (su nombre no puede publicarse hasta que un juez la halle culpable) habría cobrado $ 800.000 a la empresa Promocaledonian Ecuador S.A, una contratista de obras de infraestructura en Esmeraldas.

La compañía buscaba un contrato valorado en $ 23.9 millones para el cambio de tuberías de agua potable en Esmeraldas y que se licitó en 2013. Ya habría recibido un anticipo de $ 10 millones.

Los contratistas habrían entregado el dinero a M.S., exgerente de la empresa de agua potable de Esmeraldas. Este a su vez habría dado la plata a un tercero, W.P.T, por pedido de la legisladora, representante de Esmeraldas, quien “se habría tomado el nombre del Vicepresidente”, según denunció el Segundo Mandatario, Jorge Glas.
La asambleísta habría usado esos fondos para comprarse un departamento en las playas de Tonsupa, en Esmeraldas. Promocaledonian Ecuador S.A tiene 2 accionistas, con capital español: Iber Buelding y Mengala Dos. Debido a su participación, el fiscal Galo Chiriboga pidió que la empresa fuera sindicada.

La Fiscalía solicitó además la suspensión de actividades en todas sus sucursales y el congelamiento de sus bienes y el de los accionistas. Para la asambleísta y los otros 2 implicados pidió la prisión preventiva, tras ser acusados de cohecho o soborno. Luego de deliberaciones, la jueza nacional Silvia Sánchez dictó la orden de prisión preventiva por 90 días contra los 3 implicados.

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El Segundo Mandatario, durante una rueda de prensa, contó que él mismo puso la denuncia la semana pasada en la Fiscalía. Ante las cámaras, solicitó la expulsión de la legisladora de la Asamblea, así como de PAIS, al igual que a M.S, militante de la organización.

Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, estuvo junto a Glas y dio su criterio como abogado del Vicepresidente. Dijo que el fiscal deberá pedir la formulación de cargos, si lo considera pertinente contra la asambleísta, y en ese momento el juez tomará una decisión sobre la inmunidad. Si el juez considera que ella tiene inmunidad deberá solicitar a la Asamblea el levantamiento de esta. “El criterio de la Presidencia y Vicepresidencia de la República es que al haber ella actuado fuera de sus labores legislativas, en cosas que no tienen ninguna relación con su función, como son pedir plata para emisiones de contratos, no le apadrina la inmunidad parlamentaria”, señaló el jurista.

Será el fiscal quien defina el delito; sin embargo, para Mera, se configuraría  un delito de concusión tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que contempla una pena de prisión de entre 3 y 5 años. El secretario jurídico de la Presidencia manifestó que no tienen indicio de investigaciones contra otro asambleísta.

Según Lenin Solís, abogado de la detenida, su cliente no puede ser juzgada ya que ostenta la calidad de legisladora y tiene inmunidad parlamentaria, que está consagrada en el artículo 128 de la Constitución. “Antes de seguir con cualquier proceso la Asamblea debería primero despojarla de la inmunidad y no tengo noticia de que la Asamblea Nacional se la haya levantado”, manifestó Solís.

El abogado aclaró que en la audiencia el juez deberá pronunciarse al respecto, ya que se estaría contraviniendo con lo que dice la Carta Magna y todo sería ilegal. “Tampoco sabemos de qué delito se acusa a la asambleísta”, aclaró.

Eso en el plano judicial, pero la denuncia de Glas también ocasiona efectos políticos. El bloque legislativo de Alianza PAIS analizará hoy el caso de su compañera de Esmeraldas. El asambleísta Fausto Cayambe, vocal del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), explicó que entre los artículos que se analizarían están el 128 de la Constitución; así como los 115 y 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El primero explica que para iniciar una causa penal en contra de un asambleísta se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones.        

El artículo 115 estipula  que entre las causas para la cesación de las funciones está la sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Con esta causa perdería directamente su calidad de asambleísta. El artículo 18 refiere las causas por las que los asambleístas cesarán en sus funciones. Entre las prohibiciones está que los legisladores no podrán percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a sus cargos en la Asamblea Nacional.

Por su parte, Carlos Marx Carrasco, presidente de la Comisión de Ética de Alianza PAIS, anunció la decisión de expulsar del Movimiento a los 3 investigados. Según Carrasco, fueron notificados con la decisión y se pedirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) que los borre del registro de la organización.

Marx Carrasco dijo que no van a permitir “que el mínimo virus que quiere encriptarse en la organización y atentar contra los principios y valores éticos ocurra”. Dijo que esperan que sea  la “última ocasión que ocurra un hecho de esta naturaleza”. Animó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción, para lo cual se lanzará la web: www.corrupcióncero.com.ec, con el objetivo de receptar las denuncias de la comunidad.

María de los Ángeles Duarte, de la Comisión de Ética de la organización, dijo que los 3 vinculados estuvieron desde el inicio del Movimiento “y por ello duele la traición”. Manifestó que M.S.B fue director provincial de PAIS en Esmeraldas.

Duarte afirmó que la organización es rigurosa al seleccionar a las autoridades y representantes, pero “no podemos saber el corazón de cada persona y cuándo va caer en la tentación”. Sin embargo, manifestó que “PAIS deberá ser más riguroso” al escoger a sus representantes. (I)

En la provincia verde piden más investigaciones

La detención de una legisladora de PAIS por Esmeraldas y dos personas más por presunto acto de cohecho motivó que la Federación Unitaria de Barrios investigara sobre la ampliación del agua potable y la entrega de viviendas a damnificados del barrio El Gatazo.

Aún en Esmeraldas se observan los letreros de la obra civil e instalación de tuberías de las redes de distribución del agua potable.

Para Silvio Burbano, exdirigente de la Federación Unitaria de Barrios, esta organización solicitó una veeduría. “El caudal de agua potable mejoró, pero se lo sectoriza cada tres días”, manifestó Eugenia Caicedo, moradora del barrio Chone.

Ella comenta que antes de cambiar las tuberías recibía el servicio con regularidad todos los días.

El fiscal Galo Chiriboga dijo que la Empresa de Agua Potable San Mateo no estaría en capacidad legal para declarar una emergencia para contratación de tuberías.    

El exdirector provincial del Miduvi, Eddie Villacís, que estuvo entre el 2007 y 2009, pidió a la ministra María de los Ángeles Duarte, verifique si fueron solamente 80 las viviendas entregadas a los damnificados del barrio El Gatazo, que fueron reubicados a una nueva ciudadela.

Esa fue una obra de vivienda popular para los moradores de este cerro, luego del fuerte invierno de 2008. La zona fue declarada de riesgo. (I)   

Datos

El artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa explica que para la investigación interna contra un asambleísta será necesario que otro presente una denuncia juramentada, suscrita por uno o más legisladores, debidamente motivada, dirigida a la Presidenta de la Asamblea Nacional, quien la pondrá en conocimiento del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), el cual la calificará en el plazo máximo de 5 días desde la fecha de la presentación.    

Para dar curso a la solicitud de investigación, calificada por el CAL, el pleno de la Asamblea conformará para cada caso una comisión multipartidista de investigación, con un máximo de 3 asambleístas, que deberá emitir un informe en el plazo de hasta 10 días.

Durante la ausencia de MEG, actuará su alterno, Pablo Antonio de la Torre. (I)