Tribunal condenó a un año de prisión a dos de los cuatro miembros de Comisión Veedora
El Tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha condenó a un año de prisión a Pablo Ch. y a Gerardo P., dos de los cuatro veedores de los contratos de obras públicas que habría mantenido Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, con el Estado.
A esta resolución se llegó, luego de que los magistrados acogieron el pedido del fiscal Fabián Almeida, quien imputó a Pablo Ch. y a Gerardo P. por presunto delito de falso testimonio y se abstuvo de acusar a José Q. y Víctor Hugo H.
El Tribunal señaló la culpabilidad de los dos exveedores argumentando que ellos habrían tenido "conciencia y culpabilidad en lo actuado". Mientras que para los otros dos se levantaron las medidas cautelares.
En la audiencia de juzgamiento, que se reinstaló este viernes, se leyó la declaración escrita y juramentada por parte del Jefe de Estado, quien remitió su testimonio a través de su abogado Gutenberg Vera.
En su testimonio, Correa declaró que "la conclusión de la veeduría es falsa, de falsedad absoluta" y que desconocía de los contratos de su hermano Fabricio Correa.
El mandatario añadió que dicho documento no tiene fundamento y que se trata de un "informe malicioso". Correa declaró también que los veedores cambiaron la conclusión de acuerdo a la conveniencia política del momento y recordó que Pablo Ch. fue funcionario durante el régimen del expresidente Lucio Gutiérrez. "La exveeduría fue utilizada como palestra política por parte de Pablo Ch.", reiteró el mandatario a través del escrito.
La demanda inició luego de que el jefe de la Nación demandó a los cuatro individuos por supuesto delito de falso testimonio. Ellos fueron designados para indagar los contratos que su hermano Fabricio Correa suscribió con el Estado para la construcción de varias obras viales por un monto aproximado de $657 millones.
El informe de los veedores señaló que el Primer Mandatario sí conocía de los convenios. El Mandatario consideró esa afirmación como un perjurio, por ello inició la demanda.
Ramiro Román, abogado de los procesados, indicó que solicitará una ampliación y aclaración a la sentencia, luego presentará una apelación ante la Corte Provincial. "No tomaron en cuenta la confesión verdadera y espontánea. Desde ya tenemos impugnaciones", dijo el defensor.
