El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negó el recurso de casación presentado por Amado Ch., prefecto de Sucumbíos. Así lo decidió durante la diligencia efectuada este jueves 8 de octubre.

Sin embargo, el Tribunal, l integrado por los jueces Iván León, Marco Rodríguez y Dilza Muñoz, de oficio, casó la sentencia y ratificó su estado de inocencia, debido a que consideró que no existe una fundamentación clara de los hechos por los cuales se lo declaró cómplice del delito.

Además, debido a la inasistencia de José G. o su defensa, se declaró en abandono el recurso presentado, según información difundida por la Fiscalía. 

El Tribunal de casación, previamente, inadmitió a trámite los recursos propuestos por los procesados el asambleísta Yofre P. y los otros procesados Carlos Ch., Gonzalo V., César P., Víctor B., y Jenny R.

Paulina Garcés, en representación de la Fiscalía General del Estado, señaló que el recurso carece de una adecuada argumentación jurídica y que la sentencia cuenta con la motivación necesaria y, por lo tanto, debe ser ratificada.

El Tribunal de Apelación, en febrero de 2020, resolvió ratificar la sentencia de primera instancia, cambiando la figura de participación de Víctor B., de autor a cómplice. Además, concedió el beneficio de suspensión condicional de la pena a Jofre P. y Víctor B., quienes deberán cumplir con las mismas condiciones dispuestas por el fallo de primer nivel, es decir: abstenerse de acercarse a instalaciones petroleras, no salir del país sin autorización y realizar trabajos comunitarios.

En la audiencia de juicio, el 8 de noviembre de 2019, el conjuez nacional David Jacho sentenció a nueve personas por el delito de paralización de servicio público.

César P., Gonzalo V., Carlos Ch. y Víctor B. fueron sentenciados a cuatro años de prisión, como autores del delito. Mientras que el asambleísta Yofre P.; el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch., y tres personas más recibieron una condena de un año y cuatro meses de cárcel, como cómplices.

Fiscalía demostró que los sentenciados paralizaron un servicio público al tomar por la fuerza una instalación de Petroecuador, durante los días del paro nacional de octubre de 2019.

Un día después, el 9 de noviembre, el mismo conjuez Jacho negó el pedido de suspensión condicional de a pena de Poma y cuatro personas más. Y aceptó la misma solicitud para el prefecto Amado Ch. y tres personas. (I)