En 2010, Carlos Bravo Segovia e Iliana Yépez Aguirre constituyeron la empresa Gota Azul Corpoazgo S.A. En ese momento, el capital declarado a la Superintendencia de Compañías fue de $ 800. Sin embargo, esa misma entidad registró en 2017 un total de pasivos y patrimonio por $ 296.636,64.

Gota Azul S.A., según la Contraloría, tuvo contratos con la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), en la administración de Fernando Alvarado, por $ 189.000 para producción y postproducción de documentales y cadenas.

Sin embargo, la Contraloría encontró irregularidades como “duplicidad de pagos” en un contrato por $ 12.000 entre un prestador externo Víctor Hugo Erique Sarango y el trabajo que entregaba Gota Azul. Ambos cobraban a la Secom.

Estas inconsistencias sobresalen en el Examen Especial a los gastos generados y recursos utilizados de los enlaces ciudadanos, que realizaron del 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017.

En noviembre de 2013, Alvarado, como secretario de la Secom, designó a Marco Antonio Bravo, hermano de Carlos, como subsecretario (e) de Medios Institucionales.

En 2014, el subsecretario de Secom solicitó la contratación de prestación de servicios técnicos de Erique Sarango, quien debía entregar servicios audiovisuales para el enlace ciudadano. Cobró $ 1.500 mensuales, es decir $ 12.000 en 8 pagos entre mayo a diciembre de 2014.

La Contraloría determinó que la Secom no sustentó por qué no podía realizarse con el personal de la propia entidad. Erique Sarango, bachiller en química biología, colocó en su hoja de vida la experiencia laboral en Radio Ciudadana y Secom. Adjuntó certificados laborales del gerente de Gota Azul (Carlos Bravo) y no certificó la obtención de un título de tercer nivel.

Nexos de los hermanos Bravo

En sus informes, Erique Sabando describió que su labor fue por “pedido, autorización y órdenes” del gerente de Gota Azul (Carlos Bravo). Todo el trabajo enviaba a esa empresa, que ya mantenía un contrato con la Secom. El 29 de enero de este año, Sabando falleció en un accidente de tránsito en Loja.

Funcionarios de Medios Públicos señalaron que la productora Gota Azul tuvo oficinas en la planta baja del edificio y usó equipos e internet de esta institución. Este Diario buscó una reacción de los hermanos Bravo. Carlos Bravo señaló: “no me interesa, estoy ocupado”.

Ocho personas serán vinculadas

La jueza nacional, Sylvia Sánchez, fijó para el próximo lunes a las 14:30, la audiencia de vinculación de ocho personas más al proceso por el delito de peculado. El principal investigado es Alvarado, quien se encuentra prófugo.

Pero además de él y los hermanos Bravo se vincularían a Juan Chiriboga, Galo Pacheco, Javier Lemos, Vanessa Salgado, Elsa Vivanco y Pablo Yánez. Este último que fue subsecretario de Comunicación solicitó el 11 de octubre que se lo incorpore en el Programa de Víctimas y Testigos y que se le recepte su testimonio anticipado.

La Fiscalía admitió que en la administración de Carlos Baca Mancheno se realizó un convenio con la empresa Satre Comunicación Integral, pero que la gestión actual solo realizó el pago. (I)

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Medida de colocación del dispositivo se mantiene

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) mantiene vigente la medida cautelar de colocación del dispositivo de vigilancia electrónica, que pueden dictar los jueces a los procesados por recomendación de Fiscalía.

“Las juezas y jueces de la Función Judicial seguirán actuando conforme a los principios de independencia, imparcialidad y no injerencia, en conformidad de la Constitución y la ley”, señala un comunicado de la CNJ.

El 29 de agosto de este año la Judicatura informó que a través de un oficio el Ministerio de Justicia pidió comunicar a los jueces que eviten disponer la colocación de grilletes. Ellos iniciaron el proceso administrativo.

Sin embargo, la CNJ en el comunicado indica que “hasta la presente fecha no ha ingresado al órgano de administración de justicia, oficio o documento alguno mediante el cual el Consejo de la Judicatura (CJ) hubiere comunicado sobre razones técnicas de suspensión temporal o definitiva de colocación de los dispositivos de vigilancia electrónica a las que se refiere el artículo 522.4 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”.

La Judicatura aclaró, a través de un boletín, que, a partir del 31 de agosto socializó a los jueces del país, el pedido del Ministerio de Justicia, de que se abstengan de ordenar la colocación de los grilletes como medida alternativa a la prisión preventiva. (I)