Como “una presión inadecuada” calificó Juan Pablo Albán, abogado de Susana Cajas y Luis Alberto Vaca, la presencia de varios miembros de la cúpula militar, así como de uniformados en servicio pasivo, en la primera audiencia de juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en Ecuador.

La  diligencia judicial estaba prevista en el salón principal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a las 11:00. Los uniformados acudieron a las 10:30. Aquello incomodó a las víctimas.

Albán dijo que “la audiencia es pública, pero no para ejercer presión para las partes (...); si quieren, que vengan vestidos de civil, porque no están ejerciendo ninguna función para que vengan uniformados”.

Los militares ingresaron al salón principal vestidos con sus uniformes, entre ellos el general en servicio pasivo Guillermo Rodríguez Lara, quien vestía un traje negro. También estuvo Carlos Obando Changuán, comandante de la Fuerza Terrestre, quien dijo que llegaron a respaldar a los oficiales. “Es la posición de Fuerzas Armadas”, aclaró el alto funcionario.

Minutos después, el silencio en la sala de audiencias se rompió con los aplausos de la cúpula y militares en servicio pasivo, cuando ingresaron los procesados.

A pesar de la expectativa, el primer día de la audiencia quedó postergado. Un quebranto en la salud del coronel Mario Ricardo A.W. fue razón suficiente para que el Tribunal Penal de la CNJ suspendiera la jornada.

En el lugar estaba previsto el inicio del juicio en contra de 5 miembros del alto mando militar, señalados como los presuntos autores de la violación de derechos humanos fundamentales contra Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín,  quienes integraron el grupo Alfaro Vive Carajo (AVC).

Sus derechos humanos fueron violentados en el período 1985-1988, durante el gobierno del fallecido presidente León Febres-Cordero, según reflejó el Informe de la Comisión de la Verdad.

Antes de que se instalara la diligencia, Javier Arregui Camacho, abogado del coronel Mario Ricardo A.W., presentó un certificado médico expedido por la Unidad de Emergencias del hospital Militar.

El jurista dijo que su defendido tuvo un problema cardíaco y fue internado este lunes, a las 04:00. Sylvia Sánchez, jueza ponente del Tribunal, anunció el diferimiento basándose en el artículo 278 del Código de Procedimiento Penal.

En solo 18 minutos, la jueza Sánchez alcanzó a constatar solo la presencia de los abogados de 2 procesados: los generales Manuel Marcelo D.A. y Guillermo Antonio R.A. Luego de ello se ordenó desocupar la sala. La noticia alegró a los uniformados que respaldan a los procesados.

Ante esta situación, Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación, señaló que estarán pendientes hasta que se recupere el procesado para continuar con el litigio.

Reprochó que se pudo haber tomado otras alternativas para no dilatar el proceso legal, ya que este juicio se demoró más de año y medio para su instalación. Su llamamiento se realizó en marzo de 2014. “Lo lógico habría sido que el tribunal instale la audiencia y esperar prudentemente una reacción del hospital para saber cuándo podría asistir. La otra alternativa era continuar con el proceso en su ausencia”, opinó el fiscal.

Chiriboga también se refirió a la presencia de los miembros del alto mando militar en servicio pasivo. Incluso mencionó que se reunió con Luis Garzón, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con quien dialogó durante un período aproximado de 40 minutos sobre los términos con  los que se realizará el proceso.

“Le he explicado (a Garzón) cuál es la situación desde la perspectiva de la Fiscalía. Le he reiterado que estos son procesos que están garantizados por la Constitución”, dijo Chiriboga. Con ese antecedente, el fiscal explicó que se espera un ambiente para que se esclarezca la verdad y, de ser el caso, se emitan las sanciones respectivas.

En los exteriores del edificio de la Corte Nacional de Justicia, la presencia de los militares fue también evidente. Decenas de uniformados salieron del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), ubicado a pocos metros de la Corte, para expresar apoyo a los compañeros.

José Gallardo, exministro de Defensa en el gobierno de Sixto Durán-Ballén y general retirado, manifestó que en la década del 80 los miembros cumplieron con su obligación de controlar a los elementos armados que atentaban contra la Constitución. “Lo que se puede investigar son excesos que pudieron haberse cometido, pero es una tontería que se diga que son delitos contra la humanidad”.

Fausto Cobo, excoronel y asambleísta por Sociedad Patriótica (PSP), dijo que el Gobierno “mancha el honor de las Fuerzas Armadas”.

Susana Cajas y Luis Alberto Vaca también recibieron apoyo de amigos y familiares. Cajas recordó que fue víctima de torturas por exmilitares. Aseguró contar con las pruebas suficientes para que se demuestre la verdad de los hechos y espera que su testimonio acabe con la violencia sexual contra mujeres.

Luis Alberto Vaca, exmiembro del AVC, recordó que lo torturaron desde el 10 de noviembre de 1985 a marzo de 1988 en las manos, boca y orejas. “No sabíamos por qué nos hacían eso”. (I)