Sentencia en contra de Cléver Jiménez quedó en firme y se ejecutaría en 72 horas
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) negó el recurso de ampliación y aclaración de la sentencia condenatoria en contra de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa por el delito de injurias. Con esta resolución, la sentencia quedaría en firme.
Los tres demandados presentaron una denuncia contra el Primer Mandatario por supuestamente haber ordenado la incursión armada al Hospital de la Policía, durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010. La demanda fue rechazada y el presidente Correa contrademandó a los activistas políticos por injurias, lo cual motivó que la jueza de la CNJ, Lucy Blacio, fallara en favor del presidente Correa.
Los tres procesados recibieron una condena de 18 meses de prisión en el caso de Jiménez y Villavicencio; y 6 meses para Figueroa, además del pago de 140 mil dólares como indemnización al Presidente de la República, Rafael Correa, y la presentación de disculpas públicas.
Con este fallo, la Corte Nacional de Justicia notificará a la Policía Judicial la sentencia para que proceda a la búsqueda y captura de los sentenciados en el plazo de 72 horas.
En la sustanciación de la resolución, los jueces Vicente Robalino, Gladys Terán y Mariana Tumbay señalan que "todas las ecuatorianas y ecuatorianos tenemos obligación de asumir responsabildades ciudadanas de manera ética, honesta y transparente".
Recuerdan que cuando cualquier ciudadana o ciudadano es electo como asambleísta se somete al artículo 127 de la Constitución, que establece que "los legisladores actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes (...)".
Los magistrados argumentan que así como la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos establece que quienes se encuentran ejerciendo un cargo público están sometidos a un mayor escrutinio, esto no deja de lados dos elementos, "el respeto a sus derechos humanos, como es la honra y por otra parte la responsabilidad que como ciudadana o ciudadano tienen al ejercer dicho cargo, producto de la confianza que en ellas y ellos depositan los ciudadanos que los eligen".
Los jueces señalan, por lo tanto, que "presentar una denuncia (...) es un acto que conlleva responsabilidades legales, un asambleísta aunque no esté dentro del ejercicio de sus competencias, por el hecho de detentar un cargo de confianza pública tiene en virtud de esta confianza una mayor responsabilidad".
El fallo de la Sala Especializada de lo Penal de la CNJ se emitió ayer, a las 15:30.
Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Rafael Correa, indicó que la sentencia queda en firme y ahora bajaría la resolución ante la jueza Lucy Blacio, de primera instancia, para que se ejecute. "Yo creo que hasta lunes o martes, ella ya tendrá que despachar". Agregó que no quedaría ningún otro recurso.
El jurista precisó que en las próximas horas conversará con el Jefe de Estado y le hará conocer sobre esta resolución.
