La remoción del cargo del juez José Suing de la Corte Nacional de Justicia y del conjuez Gustavo Durango llamó la atención, ya que pertenecían al máximo ente de justicia del país.

En su caso el pleno del Consejo de la Judicatura concluyó que se cometió un error inexcusable por el fallo que redactaron en favor de la compañía petrolera OCP en el juicio que le planteó el Servicio de Rentas Internas (SRI), por una glosa que se emitió por la presunta subcapitalización y simulación de crédito, por lo que la compañía no habría pagado $ 17,7 millones en 2003.

La  Judicatura no valora las sentencias cuando analiza las sanciones a los magistrados.Esto motivó que el SRI interpusiera una queja en la Judicatura, además acudió a la Corte Constitucional para que revisara la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

La Corte concluyó que en el caso Nº 1735-13-EP se acepta la acción extraordinaria de protección propuesta por el economista Carlos Marx Carrasco, en calidad de director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), en contra de la sentencia de 18 de julio y auto del 12 de septiembre de 2013, interpuesta por la Empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A., dictados por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio 497-2010, 26247-308-2009.

La Corte Constitucional indicó en su dictamen que advirtieron violación de derechos constitucionales en contra del SRI, además que se vulneró la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.

Así también, como medida de reparación integral, dispuso que los conjueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia expidan una nueva sentencia, garantizando el respeto de los derechos constitucionales.

Al respecto, José Suing dijo que la resolución del Consejo de la Judicatura de cesarlos se adoptó sin cumplir el ordenamiento jurídico vigente, que le impide a un organismo de carácter administrativo revisar las decisiones judiciales, por lo que presentará una acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para impugnar la destitución.

Por esta misma causa Gustavo Durango, conjuez de la Sala, también fue despedido, quien aseveró que la decisión se basó en una denuncia de una sola parte procesal y que la sentencia está fundamentada con todos los requisitos de ley, además la glosa del SRI argumentó que se hacía una subcapitalización y que hubo un engaño, lo cual no fue comprobado, “la empresa OPC dijo que sí hubo un préstamo vinculado pero que no está prohibido por la ley”.

En otros casos, la Judicatura inició procesos contra jueces luego de que recibiera quejas de la ciudadanía. Por ejemplo, en Bahía de Caráquez, Rosa Aveiga, jueza Séptima de lo Civil, Mercantil e Inquilinato, fue destituida por la denuncia presentada por una persona perjudicada por irregularidades cometidas por la funcionaria dentro de un juicio por un bien inmueble.

Los jueces de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, Nicolás Augusto Zambrano, y Leonardo Ordóñez Piña, fueron despedidos porque intervinieron dolosamente en un proceso penal seguido por el delito de tenencia ilegal de drogas y armas.

En la provincia de El Oro fue cesado el juez Noveno de Garantías Penales, José Jiménez, ya que dispuso medidas sustitutivas en un juicio por tentativa de violación.

Según la falta cometida se sanciona a juez

El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, señaló que una vez que receptan los reclamos siguen el debido proceso para que el funcionario tenga la oportunidad de defenderse, luego de lo cual el Consejo en pleno toma la decisión de destitución, suspensión o multa, según la falta que se haya cometido. En 2013 fueron cesados 165 jueces, 60 suspendidos y 17 multados.

Jalkh indicó que muchas quejas son maliciosas y presentadas sin ninguna prueba o porque no les gustó la sentencia.

“La Judicatura no se mete en aspectos jurisdiccionales”. Las causales sancionadoras están en los artículos del 107 al 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, la mayoría de destituciones se efectuó por negligencia manifiesta, error inexcusable o por manipulación del sistema informático o apropiarse de bienes ajenos. “Incluso se comprobó un caso en Esmeraldas donde los secretarios de un juzgado se quedaban con las pensiones alimenticias”.