La estructura del proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad  Ciudadana (Coesc) enciende el debate: mientras un sector dice que se busca fortalecerla y pasar de una Policía con doctrina militarizada a una civil, armada y comunitaria, otros aseguran que se trata de “licuar” a la institución del orden y de crear una especie de guardia pretoriana al servicio del Gobierno. El Coesc fue presentado por el Ejecutivo  el 30 de septiembre de 2011 en la Asamblea Nacional.

El proyecto, que consta en la página web de la Legislatura (http://documentacion.asambleanacional.gob.ec),  comprende dos libros, en donde de manera articulada se determinan competencias en el ámbito de la seguridad ciudadana, se establece el rol preventivo y de investigación,  se democratiza la formación y carrera a partir de derechos y no de privilegios, etc.

DATOS

La Policía Nacional ha tenido una larga evolución desde la época de la Gran Colombia, bajo la dependencia de los Municipios, hasta el advenimiento de la República en que esta actividad fue confiada a los militares, que detentaban el poder en todos los órdenes.  

En la actualidad la Policía Nacional constituye una institución dependiente del Ejecutivo de carácter civil y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana, el orden público y la protección interna.

Un primer paso para la organización de la Policía Nacional como institución se dio en la Asamblea Constituyente de 1843, la cual dictó una nueva ley de Régimen Político y Administrativo, en la que se determinó la centralización en el Poder Ejecutivo de la mayor parte de las atribuciones que correspondían a los Municipios y se estableció que los Ministros de Gobierno y Relaciones Exteriores se encargasen de todo lo que se refiere a la Policía.

El 3 de agosto de 1928, el Congreso Nacional estableció la formación de un Cuerpo de Carabineros. Posteriormente, bajo un régimen militar, se expidió en  1938 la Ley Orgánica de las Fuerzas de la Policía, que clasificó a sus miembros en oficiales generales superiores e inferiores, y a la tropa en suboficiales, clases y gendarmes.       

En 1944 se cambió la denominación del Cuerpo de Carabineros por el de “Guardia Civil Nacional" y posteriormente en 1953 se le denominó Policía Nacional.

A la institución se le conoció con el nombre de Policía Civil Nacional hasta el 28/2/1975, cuando  se expide una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, adoptando el  nombre que lleva la ley, el mismo que perdura en la reforma de esta ley adoptada en 1998En el tema disciplinario se establecen procedimientos específicos, respetando el principio del debido proceso, con lo cual los policías, clases y oficiales podrán acudir a las respectivas instancias cuando consideren vulnerados sus derechos.

La nueva estructura busca la prevención de delitos, la investigación y persecución efectiva y cercanía con la comunidad. Mientras, internamente, busca impulsar procedimientos eficientes de control de las fuerzas policiales. Pero el objetivo no solo es investigar y castigar infracciones disciplinarias cometidas por gendarmes, sino prevenirlas.

Para Lautaro Ojeda, experto en temas de seguridad y catedrático universitario, no ha habido un verdadero debate en la Asamblea con respecto a este proyecto, sino solo algunas exposiciones al respecto.

Considera que no es necesario fragmentar en tres entidades a la Policía, sino que es cuestión de formar unidades especiales como la Unase, Ulco, GIR o GOE, según las necesidades, por lo que no sería necesario crear el Servicio Civil de Investigación de la Infracción y el Servicio de Protección Público.

Resalta que la Constitución señala que es la Fiscalía la encargada de las investigaciones, pero que en el Coesc aparece el Servicio Civil de Investigación de la Infracción, “que no se sabe cuál será auxiliar de cuál, por lo que habrá que clarificarlo. Esto significa que lo que venía haciendo la Fiscalía era débil. Además, habría que preguntarse si hay presupuesto para crear esta entidad”.

El legislador Gabriel Rivera, ex integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad de la Asamblea, encargada de tratar el proyecto, dice que siempre han estado  abiertos a oír propuestas de todos los sectores. Sostiene que han hablado con policías y que “la principal preocupación que tienen es su estabilidad laboral. Tratándose de un tema sensible, debe ser bien socializado, no vaya a ser que desencadene en algo similar al 30-S”.

Ojeda dice que en cuanto a la cesantía, el Isspol pasaría a depender del Ministerio de Interior, mientras que otros sectores creen que desaparecerá. Sin embargo, dentro de los Derechos, en el numeral 14 del artículo 74 del proyecto se señala que podrán acceder “a la Seguridad Social policial, Isspol y todas las prestaciones que conlleva; así como a la cesantía y otros beneficios existentes o que se crearen en leyes y reglamentos posteriores”. Incluso, en una de las disposiciones generales se estipula: “El Servicio de Cesantía de la Policía estará garantizado por la autonomía e independencia conforme a su propia Ley y Reglamento” (ver facsímil).

El 30 de septiembre de 2011 el Gobierno envió a la Asamblea Nacional el proyecto de leyLa vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la actual Asamblea, María Augusta Calle, destaca que la propuesta de ninguna manera elimina el Isspol y lo que se plantea es en función de optimizar y respetar a la Policía como institución.

TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA, IMPERATIVO SOCIAL

Del proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana (Coesc) se desprende que el objetivo es conformar un nuevo régimen profesional de la Policía Nacional, que se asiente en parámetros actualizados y adecuados a las nuevas modalidades de organización y funcionamiento.

Por ejemplo, se dará vida a una carrera profesional organizada sobre la base de los perfiles correspondientes a cada agrupación policial, que tengan reconocimiento académico.

En el oficio enviado el 30 de septiembre de 2011 por el Gobierno a la Asamblea, con el proyecto de ley, se señala: “En la actualidad ese modelo policial militarizado, jerarquizado, de ocupación territorial y con capacidad jurídica y de recaudación autónoma, está agotado, ya que se observa que ha tenido problemas al hacer frente a las nuevas formas de delitos internacionales e, incluso, de delito convencional, tornándose necesario un cambio para enfrentar los retos”.

Añade que “la transformación integral de la Policía Nacional es un imperativo social, debe responder a la legítima aspiración ciudadana de contar con una institución dispuesta a un trabajo operativo impecable, directo para la ciudadanía, superando las taras de un diseño institucional anacrónico para este momento, fundado en la eficiencia de su labor y en la corrección en cuanto a su proceder”.

MEDIOS Y OPOSICIÓN CON IGUAL DISCURSO

El 15 de octubre de 2011, días después de la presentación del proyecto en la Asamblea, el diario privado El Universo tituló: “Proyecto de ley cambia y retira competencias a Policía”, a la vez que indicaba que “el tema aún es poco conocido en los cuarteles y los pocos que saben de lo que se trata no están de acuerdo, sobre todo porque les resta competencias”.

Por su parte, Franklin Gallegos, presidente de la Asociación de Oficiales de la Policía Nacional en Servicio Pasivo de Guayaquil, en declaraciones al diario El Comercio sostuvo que se está “retaceando” a la institución. Dijo que a los policías en servicio pasivo les preocupa que “nos intenten dividir”.

Asimismo, en declaraciones a la prensa, el exministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez Grau, sostuvo que para cuando se presentó el proyecto de ley aún quedaban rastros de la sublevación policial de 2010 y “por eso se pretende dividirla”.

Gustavo Larrea, exministro de Gobierno, dijo que no cree que el código propuesto haya surgido por los hechos del 30-S, “pero de ser así sería algo terrible”. Resaltó que a lo largo de la historia de Ecuador la idea siempre fue que exista una Policía de carácter civil, “pero que no sea para fines políticos”.

Ex asambleístas de oposición como Fausto Cobo (Sociedad Patriótica) y César Montúfar (Concertación Nacional), han venido diciendo  que en el proyecto del Coesc observan un afán “concentrador de poder”.