El procurador general del Estado, Diego García, compareció este lunes ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para explicar las acciones legales que ha iniciado con respecto a casos de corrupción como Odebrecht y Petroecuador.

Primero explicó que la Procuraduría interviene en procesos penales sobre delitos en los cuales se puedan ver afectados tanto el patrimonio nacional como el interés público.

Mencionó así aquellos contra la eficiencia de la administración pública (peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión); delitos económicos (lavado de activos); delitos contra el sistema financiero (captación ilegal de dinero); delitos contra la seguridad pública (asociación ilícita, delincuencia organizada).

García indicó que presentar una acusación particular al inicio de una instrucción fiscal es posible, pero en algunos casos el conocimiento del delito, la teoría del caso e inclusive la cuantificación no es posible saber en esa instancia. "A veces el tener que esperar hasta el final es la mejor estrategia". 

De allí que mencionó que en el caso Odebrecht "hemos resuelto esperar hasta el cierre de la instrucción fiscal", pues esto ha permitido observar, además, la vinculación de varias personas que no se hubiera conocido si se presentaba la acusación particular al inicio. 

Sobre el caso Odebrecht, el procurador indicó que hay seis investigaciones; la primera, corresponde a la investigación original. A partir de esta se derivaron otros procesos de investigación que han avanzado. 

"El proceso de cohecho va a seguir avanzando y posiblemente evolucione y reformule la investigación hacia otro delito", agregó. 

Dentro del caso de concusión contra el excontralor Carlos P., el procurador afirmó que hay dos elementos que configuran en ese delito: abuso de funciones y exigencia de gratificaciones no debidas.

Los hechos investigados son que Carlos P. en ejercicio de sus funciones como contralor habría solicitado la entrega de dinero a cambio de desvanecer las glosas (obra San Francisco) por $ 70 millones, y la emisión de informes limpios a cambio de varios contratos. Indicó que después de desvanecer las glosas, vuelve a pedir dinero a Odebrecht por $ 4 millones.

En este caso de concusión, el monto de la reparación integral que se busca es de $ 7’700.000.

Sobre el proceso por lavado de activos (Alexei M. y otros), el 20 de agosto llegó al cierre de la instrucción fiscal. El monto de reparación integral que se busca es por $ un millón. 

Sobre el proceso por asociación ilícita, en el que están involucrador el vicepresidente Jorge G. y su tío Ricardo R., $40’723.000 es el monto que se busca recuperar.

Respecto al caso Petroecuador, García indicó que existen al menos 34 causas. (I)

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