El juez nacional David Jacho dictó la prisión preventiva en contra del asambleísta Yofre P., el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch., y siete personas más, por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público.

En la audiencia realizada la noche del martes 8 de octubre, el juez además ordenó la retención de cuentas bancarias de los procesados y la prohibición de enajenar bienes. 

La diligencia duró casi siete horas y se desarrolló en el mezanine de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La fiscal general Diana Salazar presentó los elementos de convicción que hacen presumir la participación de los procesados en el mencionado delito.

Estas personas fueron detenidas el 7 de octubre cuando ingresaron violentamente –con palos y fierros– a las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en Sucumbíos, cantón Nueva Loja (Lago Agrio).

Según la Fiscalía, los procesados entraron a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador.

Por esta irrupción, el SOTE paralizó sus operaciones durante dos horas y 19 minutos. Esto implica la paralización de un servicio público del área estratégica, conforme lo determina el artículo 326, numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables indicó que durante ese tiempo no se bombearon 36.239 barriles de crudo, afectando directamente a la economía del país.

Esta paralización ocasionó un perjuicio económico al Estado de $ 1’723.918,72.

Además, se presentaron daños en ventanales, mallas de cerramiento y puertas de ingreso a la instalación.

A los elementos de convicción presentados por la Fiscalía se sumaron la inspección ocular técnica de reconocimiento del lugar de los hechos y versiones de testigos y agentes aprehensores.

Los otros procesados son José G., director de Comunicación del Gobierno Provincial de Sucumbíos; Jenny R., presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos; el concejal Víctor B. y el dirigente Roberto P., además de otros tres ciudadanos, identificados como Steven T., Gonzalo V. y Carlos Ch.

En este caso se aplicará el procedimiento directo por lo que la audiencia de juzgamiento se realizará el próximo 18 de octubre, a las 09:00.

El delito de paralización de un servicio público está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. (I)