Luego de seis meses de asistencia social, una menor, oriunda de la ciudad de Machala (El Oro), regresó a su hogar y fue reinsertada al sistema escolar. Se trata de una joven de 15 años que fue sometida a prostitución, tras ser persuadida de dejar a su familia, en 2017.

La joven fue sometida por tres adultos (dos mujeres y un hombre), quienes la llevaron a distintos puntos del país donde la obligaron a ofrecer servicios sexuales.

El caso se conoció la mañana de este viernes, por parte de las autoridades de la Fiscalía Distrital de Pichincha, quienes explicaron que los tres implicados fueron sentenciados a prisión.

David Bermeo, fiscal de la causa, detalló que el 2 de enero de 2018 se leyó la sentencia de la resolución del Tribunal de Garantías Penales en la parroquia Quitumbe, por el caso de trata de personas con fines de explotación sexual.

Bermeo explicó que la menor fue captada en Machala por Jennifer M., amiga de su hermana mayor. La procesada vivió en la casa de la víctima durante 15 días, tiempo en el cual se ganó su confianza y la sacó de su hogar.

La 'reclutadora' se unió a Jenny G. y Yaid M., quienes la llevaron a prostituirse en Azuay, en Guayas y finalmente en Pichincha, en donde fue localizada y rescatada.

Bermeo indicó que la joven estaba en el sector de El Conde (sur de Quito) y se dirigía a un hostal. Los agentes de Policía realizaron una triangulación de posicionamiento del teléfono de una de las personas que controlaba a la menor.

La ubicación se realizó gracias a información previa proporcionada por la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de Machala.

Dentro de la audiencia de juicio se presentó el testimonio de la víctima, que fue considerado como prueba fundamental por los miembros del Tribunal de Garantías Penales. También se revelaron pruebas técnicas a cargo de los peritos del caso.

De esta forma se logró una sentencia de 16 años de prisión para los tres procesados en calidad de autores directos y tendrán que dar una reparación integral de $ 5.000 para la víctima.

El fiscal añadió que en el proceso hubo otros dos implicados, pero durante la instrucción fiscal se consideró que no estaban inmiscuidos en el delito de trata y se presentó un dictamen abstentivo.

Las autoridades añadieron que la víctima vivía en una condición de vulnerabilidad, situación que fue aprovechada para sacar a la menor con engaños. "En su circunstancia de vulnerabilidad fue muy fácil para Jennifer M. ganarse la confianza de la menor y hacer que ella salga de la casa prometiendo llevarla a pasear, a conocer la ciudad y en esas circunstancias la puso a trabajar en el bar", dijo.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 92 (inciso 2), sanciona este delito con una pena privativa de libertad de entre 16 y 19 años, si la infracción recae en personas bajo situación de vulnerabilidad.

Diego Bolaños, en representación de la fiscal Provincial Thania Moreno, indicó que hasta esta jurisdicción, se presentaron 13 casos sobre este delito en 2016. De los cuales, 11 se encuentran en investigación previa y se obtuvo una sentencia.

En 2017 se registraron 28 casos; cuatro se encuentran en investigación previa, uno en instrucción fiscal y tres tienen sentencias.

Bolaños advirtió que las personas que se dedican a este delito reclutan menores porque son más fáciles de persuadir. De ahí que en 2016 hubo 11 víctimas de 16 años; una de 17 años y otra de 18 años. Mientras que en 2017, se reportó una víctima de 14 años, otra de 15 años y hubo 26 víctimas de 16 años. (I)