Con un acento que denota su origen indígena, María Choloquinga se lleva las manos al pecho: “Todo esto agradezco”, dice con la humildad que caracteriza a las personas sencillas antes de recibir, el miércoles por la noche, al presidente Rafael Correa en la casa que el Ministerio del Interior le ayudó a rentar mientras la Policía investiga el paradero de sus dos hijos que desaparecieron del barrio Nueva Aurora, al sur de Quito, el 20 de agosto.

De esta investigación ya se ven los primeros resultados, pues la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase)  capturó a la mujer que, al parecer, realizó la llamada extorsiva un día después de las desapariciones. Ella fue localizada en el centro de Santo Domingo de los Tsáchilas, la madrugada de ayer. Los uniformados estiman que pronto darán con el paradero de los pequeños y de quien terminó con la vida de la tercera.

En cuanto a la visita del Jefe de Estado, arribó a las 20:25, pero una hora antes ingresaron al departamento, situado a seis cuadras de donde vivía la familia afectada, los ministros del Interior, José Serrano; de Seguridad, Homero Arellano, y de Justicia, Lenin Lara, además del comandante de la Policía, Rodrigo Suárez.

“Le estamos dando todo el apoyo que sea necesario” a esta humilde familia indígenaJuntos reiteraron a esta familia proveniente de la comuna Salamalac Tambo Urco de Saquisilí, en la provincia de Cotopaxi, toda la ayuda que sea posible por parte del Gobierno Nacional.

María y su esposo Jorge Logro contaron que durante la tarde acomodaron los muebles que les regalaron para la casa. “Nunca hemos tenido estas cosas”, comentó María mientras cubría con una manta el sofá de la sala.

La presencia de Raúl Lema, director de Derechos de las Personas del Ministerio del Interior, quien habla quichua, ayudó a comunicarse de mejor manera con la pareja y los tres hijos que han sufrido el asesinato de la hija mayor (7 años) y la desaparición de los más pequeños (3 y 5).

La familia sobrevivía del trabajo de albañil que esporádicamente conseguía el padre, quien decidió mudarse al sector de la Nueva Aurora hace 7 años en busca de un mejor futuro para sus hijos.

En ese lapso nacieron sus tres últimos hijos y completaron los 6 con los que residían en un cuarto por el que pagaban al mes 50 dólares.

A pesar de las carencias, los lazos familiares, que por lo general entre los indígenas son muy fuertes, les animaban a superar las vicisitudes en esta zona de la capital en la que habitan decenas de familias que pertencen a la misma comuna.

Este barrio de aproximadamente 4 hectáreas comenzó a poblarse a inicios de los noventa; pertenece a la parroquia Guamaní, que tiene alrededor de 59 mil habitantes.

La tragedia que vive esta familia de migrantes mantiene a muchos de sus moradores asustados. Sara Ledesma expresó su preocupación: “Es una zona peligrosa porque no hay muchos policías; cómo pudieron llevarse a tres niños sin que nadie haya visto nada”, se preguntó antes de llevar apurada a su hijo a la escuela de la zona.

Luz Peralta, en cambio, cree que la inseguridad se produce en parte por la feria informal que se ubica  a lo largo de la calle Julio Anchile. “Vienen los vendedores, cachineros y congestionan todo, hay robos y no tenemos a quién pedir ayuda”, indicó esta vecina, quien pidió la construcción de una Unidad de Policía Comunitaria en la zona, donde el municipio edifica una maternidad.

Sobre la permanencia en el inmueble arrendado, se conoció que la parentela afectada lo ocupará hasta que  el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) les otorgue una casa nueva.

El ministro José Serrano manifestó que no se detienen las acciones para devolverles sanos y salvos a los pequeños. “Les estamos dando todo el apoyo que sea necesario”, reafirmó.