Presidente declaró que Comisión Veedora presentó un "informe malicioso"
El Tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha reinstaló hoy la audiencia de juzgamiento por el supuesto delito de perjurio contra los cuatro veedores en los contratos de obras públicas que mantuvo Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa.
El juicio se realiza contra Pablo Chambers, coordinador de la Comisión; José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo.
La Fiscalía, a través de la secretaria del Tribunal, leyó la declaración escrita y juramentada por parte del Jefe de Estado, quien remitió su testimonio a través de su abogado Gutenberg Vera.
En su declaración de nueve páginas, el Primer Mandatario señaló que "la conclusión de la veeduría es falsa, de falsedad absoluta" y que desconocía de los contratos de su hermano Fabricio Correa.
El mandatario añadió que dicho documento no tiene fundamento y que se trata de un "informe malicioso". Correa declaró también que los veedores cambiaron la conclusión de acuerdo a la conveniencia política del momento y recordó que Chambers fue funcionario durante el régimen del expresidente Lucio Gutiérrez. "La exveeduría fue utilizada como palestra política por parte de Chambers", reiteró el mandatario a través del escrito.
Para la audiencia, la defensa de los cuatro procesados solicitaron los testimonios de Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea de Montecristi; Jorge Marún, ex ministro de Transporte y Obras Públicas; Max Villavicencio, representante legal de Empresa Cosurca; Diego García, procurador General del Estado; Carlos Pólit, contralor General del Estado; María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, ninguno acudió a la diligencia. Ante tal situación los exveedores dieron su declaración no juramentada.
En primer lugar, Chambers aseguró que no tiene animadversión contra el presidente Correa. "Para nosotros (los exveedores) el presidente es un funcionario más que debe rendir cuentas ante el pueblo", dijo y añadió que el informe se basó en la lectura de 15.000 hojas y el análisis de 20 horas de grabaciones y de videos. "Hemos sido portavoces de los hechos. En este documento no existen juicios de valor", reiteró.
Portilla, de su parte, señaló ante el Tribunal que la Comisión solicitó en dos ocasiones una entrevista con el Jefe de la Nación, pero no atendieron el pedido.
En cambio Quishpe indicó que el informe que presentaron no tiene ningún rédito político y que se basaron en documentos de la Contraloría y de la Superintendencia de Compañías.
Chambers, Portilla, Hidalgo y Quishpe enfrentan una demanda del presidente Correa por supuesto delito de falso testimonio. Ellos fueron designados para indagar los contratos que su hermano Fabricio Correa suscribió con el Estado para la construcción de varias obras viales por un monto aproximado de $657 millones.
El informe de los veedores señaló que el Primer Mandatario si conocía de los convenios. El mandatario consideró esa afirmación como un perjurio, por ello inició la demanda. Tras un receso, la diligencia se retomó esta tarde para conocer los alegatos de la Fiscalía y de la defensa.
