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Prefectura del Guayas compró mascarillas y pruebas rápidas a un 123% de su valor

Prefectura del Guayas compró mascarillas y pruebas rápidas a un 123% de su valor
Archivo/El Telégrafo
05 de junio de 2020 - 17:30 - Redacción Web

Una auditoría realizada por la Contraloría reveló que en la Prefectura del Guayas se efectuó un proceso de compra de insumos médicos y pruebas rápidas para covid-19 con un excedente no justificado de 345.020 dólares.

A través de uno de los dos informes con indicios de responsabilidad penal sobre la adquisición de bienes, servicios e insumos en el Gobierno Descentralizado del Guayas se encontró que el monto total por el que debían cancelar los productos comprados no superaba los 210.000 dólares. La Prefectura pagó 585.500 dólares.

En el primer informe se detalló que el costo de una mascarilla KN-95 está valorado en 3 dólares en el Portal de Compras Públicas, pero la institución que dirige Carlos Luis Morales, procesado por tráfico de influencias, la adquirió 70.000 unidades en 6,71 dólares cada una.

El documento también se refiere a la compra de 5.000 pruebas rápidas, por un valor de 23,16 dólares. En la información recaba por la Contraloría, el precio de estas muestras en el mercado no pasa de 11,20 dólares.

El incremento porcentual fue del 123%, calculó la auditoría. En el análisis se descubrió que el proceso fue adjudicado a una empresa que no ofrecía los mejores precios ni calidad en los insumos, además de que no se convocaron a otros proveedores.

En el segundo informe de la Contraloría se estudió la compra de 50.000 kits de alimentos, por un total de 85.320 dólares, con el 23,55% de sobreprecio. De los productos que componían la canasta, solo uno era apto para el gravamen de Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin embargo, el contratista aplicó el impuesto a todos los insumos. El proveedor tampoco estaba registrado en el Servicio de Rentas Internas.

El prefecto Morales fue detenido la mañana del miércoles 3 de junio por la Policía Nacional y se le formularon cargos por un presunto tráfico de influencias, pues los contratistas estarían vinculados con empresas fantasmas y relacionadas con sus hijos políticos.

Morales continúa ejerciendo sus funciones como principal de la Prefectura, pero las autoridades judiciales dispusieron una prohibición de salid del país y el uso de un grillete electrónico de geolocalización. (I)

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