Una obra que prometía ser beneficiosa para siete provincias del país, se convirtió en un litigio judicial para la empresa estatal petrolera Petroecuador.

En octubre de 2013 se adjudicó la obra del poliducto Pascuales-Cuenca a la compañía Constructora Norberto Odebrecht S.A. por un monto de $ 369,9 millones, el cual aumentó. Tenía que ser entregada en su totalidad el 31 de diciembre de 2018.

Según el contrato, Odebrecht era responsable de construir un sistema de transporte y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), productos limpios para abastecer a la zona centro-sur, que comprende las provincias de Guayas, Azuay, Cañar, Loja, El Oro, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.

En 2017 se presentaron problemas en la edificación del poliducto, lo que impidió que se entreguen las obras acorde con el cronograma de trabajo. Esos incumplimientos derivaron, el 27 de octubre de ese año, en que Petroecuador terminara unilateralmente el contrato con Odebrecht.

En junio de 2018, Mauro Augusto Hueb Da Silva, apoderado de la constructora Norberto Odebrecht, presenta la demanda contencioso-administrativa, la cual es calificada por el tribunal el 12 de abril de 2019.

En ese mes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuestionó el incremento del monto de la construcción, de $547’071.713,55, a $653’547.946,34, al 1 de diciembre de 2018. El monto de la demanda en contra de Petroecuador es de $183’701,371,19.

Ocho meses después de la diligencia preliminar se instaló la audiencia de juicio el 14 de enero de 2020.

En esta se analiza la legalidad del acto administrativo emitido de 27 de octubre de 2017, por el Gerente General de Petroecuador, a través del cual se declaró la terminación unilateral y anticipada del contrato, cuyo objeto fue la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca.

También la legalidad del pronunciamiento del administrador del contrato el 8 de diciembre de 2017, de ratificar la multa impuesta a la contratista. La petrolera Petroecuador ya presentó sus alegatos de defensa. (I)