Los ocho gendarmes que declararon como testigos en el inicio de la audiencia de juzgamiento contra Francisco Xavier Sampedro Castro, sostuvieron la no existencia de explosivos en la camioneta que él manejaba el 26 de noviembre de 2015, durante las protestas antigubernamentales que se realizaron en el centro de Guayaquil.

La diligencia fue instalada el martes último, a las 08:56, en la Unidad Penal Norte del centro comercial Albán Borja por el Tribunal Único de Garantías Penales de Guayas, compuesto por los jueces Fernando Lalama, Martha Gavilanes y Francisco Flores.

El fiscal Joffre Velasco, titular de la investigación, ratificó la acusación contra Sampedro por el delito tipificado en el artículo 361 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual sanciona con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años a quien “fabrique, suministre, adquiera, comercialice o transporte, sin la autorización correspondiente, armas de fuego, sus partes o piezas, municiones, explosivos, accesorios o materia prima para su fabricación”.

Velasco recordó que producto de la detonación de petardos o explosivos tres policías resultaron heridos  durante la quema de un monigote que representaba un borrego. Rememoró que dos horas después, gracias a las cámaras de vigilancia del ECU911, Sampedro y su carro fueron localizados en la 23 y la J, en el suburbio oeste de la urbe.

Para demostrar que Sampedro transportaba explosivos en su carro, el representante de la Fiscalía presentó ocho testigos, entre ellos los agentes que elaboraron el parte de aprehensión y quienes analizaron los indicios hallados en la escena del supuesto delito.

Testimonios

El mayor Jorge Miño, quien era el jefe del operativo policial contra las marchas antigobiernistas, no precisó que Sampedro llevara explosivos en su carro. Dijo que toda la información que manejó ese día le llegó por medio de su radio de comunicaciones.

Ante las preguntas de Juan Vizueta, defensor legal de Sampedro, el oficial de la Policía ratificó que no le consta que el acusado llevara explosivos en la camioneta o que fue visto participando en las movilizaciones sociales.

El mayor de Policía Óscar Maya, quien estuvo designado para cuidar el orden el día de las protestas, sostuvo que la información que recibió, también por su radio de comunicaciones, era sobre la presencia de una camioneta con un  monigote de borrego y unos costales. El oficial detalló que tras la localización de la camioneta y detención de Sampedro solo se encontraron palos, tubos, banderas y hojas de papel periódico.

El cabo segundo de Policía Lucio Molina, quien resultó herido en la cabeza durante las protestas, sostuvo que el muñeco explotó. Presumió que eran camaretas o tumbacasas, pero no vio a Sampedro en el sitio ni le consta que en la camioneta había explosivos.

Los otros cinco gendarmes que rindieron sus versiones como testigos de la Fiscalía manifestaron también que nunca vieron a Sampedro en el sitio de las protestas ni explosivos en su automotor.

Ratificaron que solo encontraron dos botellas, palos, banderas y hojas volantes, propiedad del Frente Popular, organización social que en esa fecha había contratado al conductor de la camioneta para movilizar un monigote tipo borrego, un lote de banderas, dos parlantes y un fajo de hojas volantes para participar en la marcha antigobierno que se organizó ese día.

Incluso, uno de los peritos de Criminalística, quien compareció mediante videoconferencia, no demostró qué tipo de líquido contenían las dos botellas levantadas como evidencias en las avenidas 9 de Octubre y Malecón, en el centro de Guayaquil.

Defensa prepara acciones

Vizueta señaló que esperará que concluya la diligencia judicial para determinar las acciones de reparación que solicitará a los organismos internacionales de Justicia y Derechos Humanos por los 86 días que estuvo preso su cliente y la afrenta social que significó al ser señalado como terrorista.

Recordó también que en un primer momento su cliente fue acusado de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares y biológicas, como señala el artículo 362 del COIP, tipificación que fue cambiada en la audiencia preparatoria de juicio.

A las 11:30 del martes, el fiscal Velasco pidió la suspensión de la diligencia porque tres de sus testigos, considerados relevantes, no comparecieron. El juez Lalama acogió la solicitud, la cual no fue compartida por la defensa legal de Sampedro, pero fue aceptada.

En las próximas horas, el Tribunal Penal dará a conocer la nueva fecha y hora para la reanudación de la audiencia de juzgamiento de Sampedro. (I)