Las 13 personas privadas de la libertad (PPL) que sufrieron abusos por parte de la Policía en el centro de rehabilitación social Turi, en Cuenca, fueron trasladadas, por voluntad propia, a las regionales de Guayas, Cotopaxi y Riobamba.  

Según la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga, los 13 internos retornaron temporalmente a Cuenca para “garantizar su presencia en todos los procesos requeridos para las investigaciones”. Tras el presunto abuso policial, que se evidenció en un video, los 13 internos interpusieron una acción legal para solicitar su traslado a otros centros penitenciarios del país.    

La secretaria de Estado considera que esa no era la vía legal que debieron tomar los internos, pues es potestad del Ministerio de Justicia el traslado de privados de la libertad a otras cárceles.

Zúñiga y el ministro del Interior, José Serrano, se reunieron en la Universidad Católica de Cuenca el miércoles último para dar a conocer las acciones que tomarán sobre la denuncia de abuso policial en al interior del CRS Turi, registrada el 31 de mayo.

La Ministra de Justicia recordó que inmediatamente conocido el hecho plantearon las denuncias en la Fiscalía y el Ministerio del Interior para que se tomen las acciones que determinen la responsabilidad de aquellos que violentaron los protocolos establecidos en el modelo de gestión penitenciaria.

“Nosotros garantizamos la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, entre ellos los de quienes están privados de la libertad y se encuentran bajo custodia del Estado, pues son la razón del Ministerio de Justicia”.

Serrano informó que la investigación administrativa en contra de los policías acusados supuestamente por agredir a varios internos en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Turi está en curso y espera que no dure más de 3 semanas.

Manifestó que el 24 de junio dispuso al comandante general de la Policía Nacional, Diego Mejía, y al viceministro de Seguridad Interna, Diego Fuentes, iniciar una investigación urgente para identificar a los agresores y determinar responsabilidades. “De ser el caso se establecerán sanciones severas contra quienes violentaron procedimientos, incluso puede ser la baja policial”. (I)