Con el inicio de un nuevo período presidencial de Rafael Correa (2013 - 2017), el proyecto político de Alianza PAIS busca consolidar el proceso de cambio y entre las 35 propuestas, presentadas durante el periodo de campaña, que deberá cristalizar, está el de un combate frontal al delito y la profesionalización y eficacia de la Policía Nacional.

El programa de Gobierno, en ese tema, contemplado en el capítulo: Revolución de la Justicia, la Seguridad y la Convivencia, considera importante desarrollar políticas de seguridad integrales y efectivas que establezcan estrategias de prevención de la delincuencia común y organizada, entre las que destaca la dedicada al narcotráfico, a  la trata de personas, la violencia de género y la explotación sexual.

Como líneas de acción que ha trazado el binomio Correa-Glas y por el cual apuesta para los siguientes 4 años para enfrentar el problema de la inseguridad e impunidad, está el de una estrategia regional y mundial para el combate al narcotráfico, así como modificaciones legislativas sobre el tema de tenencia de estupefacientes. El fortalecimiento a la sociedad civil (comunitaria, barrial, vecinal), la autoorganización popular y la construcción de espacio público, como lugar de encuentro y sociabilidad, hacen también parte del plan.

Según explicó el Primer Mandatario en comparecencias anteriores, la dotación policial continuará, pero los esfuerzos se concentrarán en profundizar la capacitación del personal. Se plantea promover una reforma educativa de la Policía y potenciar la investigación del delito, mediante el impulso de una Policía técnica, científica y especializada.

La formación continua y especializada de funcionarios policiales, penitenciarios y judiciales es necesaria, señaló en ese entonces el candidato presidencial, para establecerse con éxito la gestión territorial para la seguridad ciudadana que –según el programa– se propone profundizar bajo el modelo de distritos y circuitos, y que ya lo viene instaurando a través del Ministerio del Interior.

El modelo de desconcentración promovido por el Gobierno, impulsa una adecuada gestión territorial para la seguridad ciudadana, a fin de mejorar la eficiencia de los servicios territoriales y articular estratégicamente los actores involucrados, señaló Patricio Pazmiño, comandante de la Zona de Policía Nº 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).

La economía criminal del narcotráfico y de otras actividades  ilegales es uno de los fenómenos sociales que ha afectado gravemente a la región y al mundo en los últimos años. En ese sentido, el plan de trabajo estipula la acción del Estado mediante una política que involucre el nivel preventivo y reactivo. La aplicación de una correcta articulación interinstitucional considera la intervención de entidades judiciales, de salud, de educación.

Hay que tomar en cuenta que las adicciones son reconocidas como un problema de salud pública (Art. 364 de la Constitución). Es importante proceder a modificaciones legislativas sobre el tema de tenencia de drogas para manejar de manera adecuada los criterios de penalización, indicó en días pasados Rodrigo Vélez, director del Consep.

Potenciar la investigación del delito, mediante el impulso de una policía técnica-científica especializada, que mejore el nivel de esclarecimiento y sanción de los delitos que tienen un alto impacto social en la población y fortalecer la presencia del Estado en las fronteras para dinamizar la economía, fomentar la integración social y la seguridad en el territorio, destaca el plan de Gobierno próximo.