Un aproximado de 200.00 aletas de tiburón fueron decomisadas en un operativo efectuado por la Policía Nacional ayer en Manta, provincia de Manabí, en el que detuvieron a cinco implicados. Dos de los cuales, ya recibieron prisión preventiva en audiencia de flagrancia efectuada hoy en la madrugada, según la fiscalía.

Las aletas fueron encontradas durante nueve allanamientos del operativo Tiburón en bodegas del centro y sectores periféricos de Manta.

“Las 200.000 aletas corresponderían a alrededor de 40.000 tiburones capturados en los últimos 15 días”. Así lo informó, Diego Fuentes, viceministro del Interior. También expresó que la posible ruta que tendrían las aletas era el Perú, y luego Asia para su comercialización.

José Serrano, ministro del Interior, en entrevista a una emisora radial, señaló hoy que a raíz del decreto del 2007, sobre la pesca indiscriminada, fue posible la realización de este operativo, porque ya se tiene una normativa que permitió actuar a la Policía Nacional.

El mismo que se dio a través de información que recibió la Unidad de Delitos Ambientales, y después de un mes y medio de labores de Inteligencia se logró dar con los nueve centros de acopio de las aletas, y la aprehensión de los 5 detenidos, uno de ellos, de nacionalidad china.

“Hemos dado un gran golpe a una red internacional que estaba lista para traficar aletas de tiburón, y junto con la Fiscalía vamos a cerrar el círculo de esta red que lo único que hacía era lucrar”.

Las aletas tenían un costo de 10 a 60 dólares, pero en el mercado internacional, el costo se disparaba al doble o al triple.

Según el fiscal Provincial de Manabí, Vicente Párraga, por la gran cantidad de aletas no se trata de una pesca incidental. Es decir la que se permite que durante sus faenas en el mar y “los pescadores terminen atrapando uno que otro tiburón”.

Se incautaron siete armas de fuego, y se encontraron implementos que habrían sido utilizados para cazar escualos, así como productos para conservar sus aletas.

La acción se enmarca en ‘delitos contra la flora y fauna silvestres’, tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La sanción es una pena privativa de libertad de uno a tres años. (I)