El proyecto de ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, según el alcalde Jaime Nebot, tiene como objetivo que los delincuentes reincidentes no salgan fácilmente de prisión.

El documento, que se encuentra para su estudio en la Asamblea Nacional, lo presentó el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi.

En el documento se presentan propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). En cuanto a la reincidencia establece que se la castigue incrementando la condena el 100%, tomando en consideración la máxima pena del delito cometido. Además que no se admita fianza.

El abogado Jackson Lima explicó que el artículo 54 del COIP establece que a la persona que reincida se le impondrá la pena máxima por el delito cometido aumentada en un tercio. “Hay que estudiar y hacer un análisis de la mente criminal. Si el individuo está acostumbrado a delinquir lo seguirá haciendo. La solución sería unas medidas de reinserción social más agresivas que las de ahora”.

El proyecto de ley también considera que las medidas no privativas de la libertad se apliquen siempre y cuando el autor del delito no haya cometido antes la misma infracción. Adicionalmente, que nunca se dicten cuando se trate de delitos contra la inviolabilidad de la vida, secuestros, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y robos. Para estos mismos ilícitos se pide que no se apliquen procedimientos abreviados.

Marcelo Tobar, comandante de la Zona 8 de Policía, que comprende los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, manifestó que aplaudirán las acciones en pro de la seguridad ciudadana. “Nos place que las autoridades se preocupen de estos temas e intenten colaborar con mejorar el tratamiento del tema delictivo. Esperamos ver qué cambios se aceptarán o a qué se le da prioridad”.

El tema de la conciliación también es mencionado en la propuesta de reformas. El Cabildo plantea que esta sea eliminada en ciertos delitos.

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), reveló que las conciliaciones en la Unidad de Flagrancia aumentaron de 2% a 20% y que eso será revisado, pues provoca que los sospechosos regresen a las calles sin sanción.

Franklin Saltos, presidente de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía Provincial de Guayas, expresó que definitivamente uno de los cánceres que afecta a la sociedad ecuatoriana es el crimen organizado y la delincuencia común.

Opinó que es trascendental que toda iniciativa sea analizada previamente a un estudio criminológico tomando en cuenta indicadores sociológicos, económicos, psicológicos. “Las propuestas deben ser resultado de una unificación de criterios”.

Agregó que es necesaria una normativa legal que en concordancia con la Constitución de la República sirva para prevenir, reducir, erradicar y sancionar delitos de alto impacto, sobre todo los que afectan a los menores de edad. “No deben vulnerarse derechos ni garantías constitucionales por el simple hecho de endurecer las penas”.

Doménica Tabacchi, vicealcaldesa de Guayaquil, enfatizó que “nada tendrá resultados si el sistema judicial y de rehabilitación social no cambia y a eso estamos apuntando”. (I)

Más pedidos
Que no les oculten el rostro
Un literal detalla que los detenidos por delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o familiar, secuestros y robos deberán ser identificados ante la comunidad y por ende en los medios.

10 años será la pena máxima si obligan a grupos vulnerables a exhibir el cuerpo con fines sexuales.

Mayor sanción
La contravención por violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar se castigará con pena de 15 a 30 días.

Los delitos sexuales también se consideraron
En el proyecto presentado por el Municipio plantea un incremento en la sanción para los casos de abuso sexual contra personas vulnerables, como menores de 14 años o con discapacidad, niños de seis años.

Este delito se comete cuando se ejecuta un acto de naturaleza sexual sin penetración o acceso carnal. La sanción actual más alta (según las circunstancias) es de siete a 10 años de privación de libertad y la sugerencia es que sea de 10 a 13 años de prisión.

Paola Andrade, quien dirige la fundación ‘Ecuador dice no más’, se mostró de acuerdo con la sugerencia de aumento de pena. “Es un paso importante, pero la ley es letra muerta. Esto debe ir de la mano con la capacitación a miembros del sistema operativo para que sepan qué respuestas dar a las madres y padres de las víctimas que no saben qué hacer cuando les pasa esto a sus hijos”.

Además, aupó el hecho que conste que las autoridades educativas sean sancionadas con pena de cinco años de prisión si conociendo de la presunta comisión de un delito contra la integridad sexual y reproductiva de algún alumno o alumna no lo denuncie ante la Fiscalía.

Lo anterior, sin perjuicio de la necesaria investigación interna que debe impulsar personalmente. “Igual ya existe una ley que lo sanciona, pero que lo quieran poner más severo me parece perfecto, porque se empieza a aplicar más presión para dejar de ser tan permisivos. La persona que empieza a acariciar a un niño termina violándolo pronto”. (I)