El Tribunal 12° de Garantías Penales del Guayas impuso la condena de 4 años de reclusión mayor ordinaria a Víctor P., Manuel A., Fernando A., Carlos Z., César C., Jorge B. (exfuncionarios del Banco Nacional de Fomento) y Patricio E. (fiscalizador de proyecto agrícola).

Mientras que para Leonardo R., Carlos J. (directivos de la Asociación de Agricultores La Esperanza) y Carlos S. (representante de Gestilisto, contratado por el fideicomiso) dictó el doble de la condena; a todos se les atribuyó la autoría del delito de peculado bancario, previsto en el artículo 257 del Código Penal vigente.

El dictamen corresponde al caso conocido como La Majadita, cuya investigación inició en agosto de 2010, tras la denuncia de un grupo de campesinos sobre un préstamo supuestamente otorgado de forma irregular por el Banco Nacional de Fomento (BNF), por la suma de 4’831.750 dólares para la producción de maracuyá en una hacienda.

Pero el dinero, según los denunciantes, nunca llegó a sus manos; sostienen que, por el contrario, no se respetó el destino de los fondos que debían beneficiar a 250 personas de la Asociación de Agricultores La Esperanza. Por ello señalan como presunto responsable a Leonardo R., entre otros.

A eso le sumaron lo que depositaron en la cuenta del Fideicomiso de Producción de Maracuyá La Majadita (a cargo de Fiduciaria del Pacífico S.A.), sin su autorización, al punto de que algunas de las firmas presentadas para posibilitar esa transferencia eran falsas, afirman.

Según el portal del Consejo de la Judicatura, el fiscal Franklin Saltos inició la instrucción penal en contra de los presuntos implicados, en febrero de 2013, pero en octubre del mismo año su colega Cecilia Rodríguez continuó con el proceso y falló a favor de los 20 procesados, pues a su criterio no existían elementos de convicción; pero esto pasó a consulta del fiscal provincial Paúl Ponce, quien emitió un dictamen acusatorio contra 11 y a 9 les ratificó el abstentivo.

A partir de allí, por sorteo, la causa estuvo a cargo del fiscal Walter Jaramillo, quien con base en la resolución de Paúl Ponce se presentó a la audiencia preparatoria a juicio. Posterior a ello, se desarrolló la audiencia de juzgamiento, en la que Jaramillo sostuvo la acusación en contra de 10 de los procesados y se abstuvo de culpar a 1 (Edward G.).

No obstante, los familiares de Víctor P. aseguran que se cometieron irregularidades en el proceso y sostienen, por ejemplo, que la indagación previa duró más de un año, que la Fiscalía inició una instrucción penal sin tener en sus manos los informes de la Contraloría.

Ellos también hacen hincapié en que no hay responsabilidad por parte de su allegado, pues afirman que solo cumplió con el trabajo que le correspondía al aprobar un crédito y que en ningún momento el dinero pasó por sus manos, pues una vez calificado, fue depositado mediante un cheque de gerencia a la cuenta del fideicomiso.

Alegan que hubo una mala planificación para un proyecto agrícola que -aseguran- quedó a medias y que se buscó a los supuestos responsables de la pérdida del dinero, lo que finalmente perjudicó a los campesinos. Además, consideran que los procesados serían quienes administraron mal los valores, por tanto presentarán todos los recursos para que se revoque o anule el fallo.