El bullado caso de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por la compra de aparatos oftalmológicos, en el gobierno anterior, está en riesgo de pasar a la impunidad.

El 19 de marzo último, la Fiscalía se abstuvo de acusar a los principales procesados, María Sol L. y Marcos Manrique.

Ellos fueron investigados por el presunto cometimiento del delito de peculado, con un perjuicio al Estado por alrededor de $ 30’127.700, según el informe de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado (CGE).

El documento de 901 fojas útiles y cinco cuerpos, fue enviado a la Fiscalía en enero de 2015 y sirvió de base para el proceso legal.

Todo comenzó en marzo de 2012 cuando el IESS suscribió el contrato con la empresa Carlos Manrique Muñoz-Representaciones, Compañía Limitada, para que dicha firma le provea de equipamiento oftalmológico para las unidades médicas del IESS a nivel nacional. 

Los auditores de la Contraloría encontraron irregularidades desde el inicio del proceso a cargo de la directora del Hospital Carlos Andrade Marín, María Sol L.

A pesar de que su jurisdicción era Quito, ella suscribió ocho oficios y presentó un informe para equipar 30 unidades médicas en todo el país.

El 16 de noviembre de 2011, la Comisión Técnica informó de la recepción de dos propuestas: la de la Empresa Marcos Manrique Muñoz por $ 30’127.700 y un plazo de 250 días; y la de la empresa Representaciones y Comercio por $ 24’624.000 y un plazo de 150 días.

El 9 de enero de 2012 se resolvió la adjudicación a favor de la empresa que gerencia Marcos Manrique.

Pero no solo que se eligió la oferta más cara, sino que la firma de Manrique no cumplió con los 250 días de plazo, y pidió dos prórrogas de 90 días.

En su informe, la CGE determina que los equipos están subutilizados, que la mayoría de las 30 unidades médicas reportaron que no los usan por no tener médicos capacitados o porque ya tenían aparatos similares.

Asimismo, estableció que el proceso estaba direccionado a favor de una empresa

También señala que la procesada no tenía potestad para pedir equipos para otros hospitales y que, al parecer, ni siquiera consultó a sus colegas del interior del país sobre sus necesidades.

Además, ratifica que se compró una oferta demasiado cara, por lo que remitió el caso a la Fiscalía, pues estima que “hay indicios de responsabilidad penal”.

Con el informe de responsabilidad penal, la Fiscalía inició el proceso de investigación y el 4 de agosto de 2017, María Sol L. y su esposo Marcelo Espín, fueron detenidos en la salida internacional del aeropuerto de Quito, cuando intentaban viajar a Estados Unidos.

En la noche de este 4 de agosto, se realizó la audiencia de formulación de cargos, en la que se dictó prisión preventiva contra los dos.

Polémico informe de Fiscalía
Al mes y un día de haber sido detenida, el juez del caso dispuso el 5 de septiembre de 2017, la prisión preventiva contra la mujer por presunto peculado.

Fiscalía argumentó que la exfuncionaria y los otros procesados “formaban parte de la Comisión Técnica que autorizó la suscripción de un contrato para comprar medicamentos para el IESS, sin observar la normativa legal”.

A partir de esa fecha el proceso legal por este delito continuó, aunque en forma accidentada debido al cambio de fiscales.

Luego de Claudia Romero, el fiscal que conoció el caso fue José Maldonado, quien inició la fase de investigación pública en el año 2018.

Después, el fiscal Homero Cepeda asumió el caso en enero de 2019 y pidió que se vinculara a María Sol L. en la causa. Le tomó la posta María Susana Rodríguez, quien pidió fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio. Ella fue sustituida por el fiscal Alejandro Vásconez, quien el 19 de marzo pasado se abstuvo de acusar a la mujer y al contratista Manrique.

Esta decisión causó sorpresa, desató polémica y llamó la atención.

La fiscal general (e), Ruth Palacios, indicó que el cambio de fiscales que hubo en el caso de María Sol L. se debe a que en otros procesos los funcionarios tuvieron cuestionamientos.

Indicó que necesitaban que Rodríguez subiera a la Unidad de Lavado de Activos y por eso la reemplazaron con el fiscal Vásconez.

“No hay nada por debajo; al contrario, las cosas están claras”, señaló, al tiempo de anotar que Vásconez les explicó las razones para abstenerse de acusarlos y dijo que será él quien “debe responder por cualquier eventualidad de este proceso judicial”.

Emiliano Donoso, abogado de Larrea en el caso de peculado, dijo que su cliente sí participó en el primer proceso de contratación que resultó fallido y por tanto perdió validez jurídica.

En un segundo proceso donde habría abusado de fondos públicos, “ella no interviene”, remarcó.

Con fecha 29 de marzo, el IESS, a través de su departamento jurídico y en su calidad de acusador particular, solicitó a la jueza del caso que se eleve en consulta el dictamen abstentivo.

Esto significa que un fiscal superior de Vásconez, que sería el provincial de Pichincha, debe emitir su pronunciamiento sobre el dictamen de su inferior. (I)