La Contraloría detectó varias irregularidades en el uso de los aviones y vuelos presidenciales entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017.  

Un informe borrador de la entidad determinó un perjuicio de $ 13’590.957,65 en vuelos que no habrían realizado actividades oficiales.

Según el organismo de control, 58 vuelos en el Legacy 600 y Falcon 7X, así como 24 de Tame y 9 de Petroamazonas, no contaron con autorización.

Son 58 vuelos de las naves presidenciales y 24 de Tame -argumenta la Contraloría- sin manifiesto de pasajeros y peso de la carga. También, el informe preliminar de la Contraloría determinó que 24 vuelos llegaron a países que son considerados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), como paraísos fiscales.

Entre estas rutas figuran Barbados, Guyanas, Belice. Luxemburgo, Emiratos Árabes, entre otros.

Estos destinos no contaron con autorización y objetivo de viaje. Doce de esos vuelos no tenían manifiesto de pasajeros ni registros del peso exacto de los equipajes.

La Contraloría determinó que el 50% de estos recorridos fue realizado por cancilleres y el Ministro de Finanzas. Por ejemplo, se enfatizó que el Canciller viajó entre 2012 y 2015 a ocho países.

En cambio, el ministro de Finanzas habría realizado entre 2016 y 2017 cinco viajes, de ellos, tres con el gerente de Petroamazonas. Los destinos en los que estuvieron fueron Emiratos Árabes, Dubai, Barbados, entre otros.

Comitivas internacionales

La Contraloría encontró también que se realizaron 22 desplazamientos internacionales con autoridades y comitivas extranjeras. En esos viajes llegaron a San Vicente y las Granadinas, el Vaticano, Guyanas, Surinam, entre otros.

Las aeronaves de uso presidencial debían ocuparse por el Jefe de Estado, el vicepresidente o las personas que autorice el Servicio de Protección Presidencial.

Según el informe, en los registros se hizo referencia al número de pasajeros, desconociéndose su identidad y si eran funcionarios o personas particulares.

Hubo un caso el 22 de junio de 2012, cuando el avión Legacy 600 voló sin pasajeros a Río de Janeiro, por solicitud del Canciller. La afectación por ese viaje llegaría a $ 32.903.

Presidente no viajó en el 70%

En el documento, además, se precisa que del 1 de enero de 2012 al 24 de mayo de 2017 se realizaron 261 vuelos internacionales y 2.372 nacionales.

De 244 viajes al exterior en los aviones Legacy 600 y Falcon 7 X, el 29,44% lo realizó el expresidente Rafael Correa y el 70,56% fueron otras autoridades, entre ellos ministros de Estado.

Según la Contraloría, los viajes de otros funcionarios desvirtúan la razón de ser de esas aeronaves de uso presidencial. Considera en el informe borrador, leído este viernes 14 de diciembre en el auditorio de la entidad, que el expresidente debió precautelar la conservación y uso de esos aparatos.

Omar Simon, exsecretario de la administración anterior, acudió a la lectura.

Al término pidió la palabra y señaló que los aviones no eran responsabilidad de la Presidencia, sino de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, bajo el Grupo de Transporte Aéreo Especial (GTAE), que custodiaban el Legacy 600 y Falcon 7 X.

También acudió Mariana Pico, exsecretaria del expresidente Correa, quien no quiso pronunciarse sobre el informe borrador. (I)

Borrador
Al interior de Contraloría
Los involucrados pueden enviar sus pruebas de descargo para que la Contraloría analice su pertinencia y los incluya en el informe definitivo y final. El informe borrador es solamente un proceso inicial previo al definitivo.

5 días laborales tienen las partes involucradas para presentar las pruebas de descargo.

Control de calidad
Previamente a la lectura de los informes borradores, en donde se convoca a las partes involucradas, el documento pasa por Control de Calidad, ahí se avala el procedimiento respectivo.