Los dibujos que realiza “Julián” preocupan a su madre. El niño fue atacado sexualmente dentro del salón de música del colegio CEBI, en el norte de Guayaquil, que aún se encuentra intervenido por el Ministerio de Educación.

El delito se descubrió hace un año y, hasta este viernes 16 de noviembre, en la Fiscalía de Guayas había 18 denuncias de víctimas. “Mi hijo dibuja niños tristes y les raya los ojos y sus partes íntimas. Mi hijo aún tiene temor”, expresa María José rodeada de otros padres que también exigen justicia.

La mañana de este viernes 16 de noviembre protestaron pacíficamente en el parque, ubicado frente a la Fiscalía provincial de Guayas, en el centro de la ciudad.

Todos vestían camisetas negras y cubrían sus bocas con pedazos de cinta aislante en forma de cruz. Además empuñaban un palillo de madera con el rostro impreso de un bebé con la boca tapada. ''Ellos no pueden reclamar porque son pequeños y nosotros levantamos su voz para que esto no quede impune'', expresó otra madre de la que se reserva la identidad.

“Laura”, otra progenitora, llevaba un parlante rectangular colgado de su hombro y desde su celular activaba audios que estremecían a quienes caminaban por el parque y se detenían curiosos.

Miguel P. N. cumple una sentencia de cinco años de prisión por el abuso sexual en contra de uno de los niños. Él aceptó ese delito y se acogió a un procedimiento abreviado.

Edmundo Briones, fiscal provincial de Guayas, explicó que existen otras indagaciones previas por las 18 denuncias de las víctimas.

Por ahora los casos están agrupados por los paralelos en que estaban las víctimas, pero que se analiza individualizar cada hecho. “El éxito de un caso depende de una buena investigación”.

César Peña, fiscal de Garantías y Personas, explicó que “conforme se recaben los indicios se abrirán instrucciones por acoso, abuso o violación. Cada sentencia será sumada a la primera condena”. La sanción máxima en Ecuador es de 40 años de prisión.

José Massú, abogado de 11 de las víctimas, rechazó las demoras y solicitó que la Fiscalía vincule a dos profesoras y personal administrativo que presuntamente observaban los hechos o sabían lo que ocurría.

Érika Laínez, subsecretaria de Educación, indicó que durante la intervención se ha trabajado con alumnos, padres y personal docente y rechazó las demoras en la investigación, destacó que han colaborado en las indagaciones. “Pido agilidad de manera urgente a la Fiscalía”. (I)