Otro policía vinculado por presunto intento de magnicidio el 30S
El juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha, Luis Bayas, ordenó esta tarde prisión preventiva para el policía Hugo Marcelo B. M., quien se encuentra en calidad de disponibilidad, por presunto delito de magnicidio, durante los disturbios del 30 de septiembre de 2010.
La medida se llevó a cabo tras la audiencia de vinculación, desarrollada en la Casa de la Justicia, en el sector de Carcelén (norte de Quito).
Hugo Marcelo B. M., es el noveno uniformado señalado por la Fiscalía como presunto integrante del grupo de agentes que atentó contra la caravana de militares que salvó al presidente Rafael Correa.
El fiscal Gustavo Benítez, enseñó al juez (al igual que en otras diligencias de vinculación) un video proporcionado por un medio de prensa escrita. En las imágenes se observa a un grupo de gendarmes disparando contra el vehículo en donde se movilizó el primer mandatario. En medio del estruendo de las balas, uno de los agentes grita "ahí sale, échale bala, échale bala".
Otra prueba de convicción que presentó Benítez fue el informe del perito Mario Villa de una imagen dubitada y dedubitada (analizada de forma técnica), en la que señaló coincidencias con el rostro del uniformado procesado.
A eso, el fiscal sumó como argumento que Hugo Marcelo B. M., no se presentó ante la Fiscalía para rendir su versión sin juramento, en tres ocasiones. Ante esta falta de cooperación, dijo Benítez, se lo detuvo para que se presente en la diligencia. Indicó además que esta mañana, nuevamente, se le pidió su versión, pero se acogió al silencio.
Orlando Díaz, abogado de Hugo Marcelo B. M., explicó que Fiscalía nunca notificó adecuadamente la citación para rendir su declaración. Puso como ejemplo que en la primera ocasión, la circular llegó la noche anterior de dar su versión, cuando tiene que citarse con 48 horas de anticipación.
No obstante, Bayas acogió el pedido de la Fiscalía, ordenó la detención inmediata del uniformado y su traslado hasta la cárcel 4. Además inició una investigación de 30 días. De ser encontrado culpable, el uniformado tendría una pena de entre 8 y 12 años, según el Código Penal.
