Operadores de justicia y médicos serán capacitados sobre nuevo COIP
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, indicó que a partir de la publicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el Registro Oficial, los operadores de justicia tendrán un plazo de 180 días (seis meses) para capacitarse respecto a los nuevos temas que incluye la normativa.
En este plazo también se incorporará todo un equipo de médicos expertos, de distintas áreas, para que con el Consejo de la Judicatura puedan capacitarse y ser considerados peritos dentro de los procesos judiciales, explicó.
"Eso es una garantía más, puesto que cualquier médico de cualquier rama, tendrá un colega que sepa bien de procedimientos, de protocolos, todo el procedimiento que tenga que seguirse para que puedan dar fe dentro de un proceso judicial en el caso de haber una muerte de algún paciente", sostuvo Rivadeneira.
Durante una conferencia de prensa en Guayaquil, la titular del Legislativo reiteró el "rechazo absoluto institucional a quienes han falseado de manera maliciosa el texto original y oficial de la Asamblea, cambiando una de sus letras para confundir a los gremios médicos y a la población, lo cual es inadmisible", apuntó.
Se refirió así al artículo 146 (Homicidio culposo por mala práctica profesional) que señala que "(...) Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas". Dijo que estos tres condicionamientos juntos deben considerarse en un proceso judicial y no solo cualquiera de ellos como se descontextualizó en ciertos medios que cambiaron la "e" por la "o".
De ahí que hizo un llamado a los galenos y a la ciudadanía para que se informen bien, para que no se dejen engañar "por aquellos que están detrás de estas movilizaciones tratando de causar una desestabilización en nuestro país", apuntó.
Rivadeneira subrayó, además, que el COIP fue consensuado y recoge las visiones de gremios médicos, la Academia, estudiantes de medicina, así como de familiares de víctimas de lesiones graves y muertes por la mala práctica médica.
