Por más de una década la empresa brasileña Odebrecht utilizó los laberintos del sistema financiero mundial para armar su red de sobornos. En esa ruta, Panamá fue -según las investigaciones- la escala predilecta, pues hasta ahí llegaron, incluso, funcionarios y empresarios ecuatorianos que pretendían burlar los controles de la justicia.

Acorralado por la justicia, Odebrecht confesó cómo sus empresas triangularon el dinero ilegal y también dio los nombres de las offshore donde depositaban los sobornos. Esa red fue la que permitió crear una estructura corrupta que funcionó por décadas.

A finales de agosto, la Fiscalía de Panamá persiguió esas pistas y entregó su aporte a la justicia ecuatoriana. En su investigación detectó  los movimientos de 11 compañías de papel, todas vinculadas con los acusados de, supuestamente, asociarse ilícitamente para favorecer a  Odebrecht con contratos públicos.

Empresas, sobornos e implicados

Columbia Management fue una de las empresas en este andamiaje. Esta compañía pertenece a Édgar A., quien se entregó a la justicia. Por el momento, la Fiscalía General indaga las transferencias que presuntamente recibió  esa firma y que superarían los $ 170.000.

Édgar A. también aparece como propietario de la compañía Diacelec, que era la mayor proveedora de la firma brasileña en Ecuador, con la cual registra ventas por  más de     $ 58 millones en los últimos años. De acuerdo con la Fiscalía, desde esa firma también se enviaron supuestos pagos ilegales: uno de ellos fue a Ricardo R., quien es parte de las investigaciones por asociación ilícita. Sin embargo, Aníbal Quinde, abogado de Ricardo R., sostuvo que no existe ninguna evidencia de que su cliente haya recibido dinero de Diacelec y aseguró que así lo demostrarán en el proceso penal. 

Otra firma que se incluyó en el reporte es Constructora Internacional del Sur, una de las empresas de papel creada por la propia Odebrecht para sus sobornos. Fue inscrita en el Registro Público de Panamá desde octubre de 2006 con un capital social de $ 10.000 y operó hasta agosto de 2014.

La siguiente en la lista, según consta ahora en el expediente fiscal, es Belvedear Worldwide Company, una sociedad anónima registrada desde 2011 que, presuntamente, recibió dinero de Odebrecht por ayudarlos con asesoría técnica. Pero, según el exdirector de la constructora en Ecuador, José Conceição Santos, solo era una fachada para entregar el dinero de los sobornos.

Lo mismo sucedió con Equitransa Panamá. Esta compañía pertenece a dos de los investigados en este proceso: Kleper V., quien aparece como su presidente, y José C., señalado como su secretario.

Kleper V. confesó a la Fiscalía su rol en la red de sobornos. Él era un antiguo contratista de la brasileña y -según su testimonio- facilitó el pago de coimas aumentando los costos en las facturas por servicios. Él trabajó con la constructora en el aplanamiento de los terrenos de la  Refinería del Pacífico y en el trasvase Daule-Vinces. 

La sobrefacturación la hizo a pedido de los propios ejecutivos de la constructora, quienes le dijeron que debían pagar a trabajadores extranjeros y a funcionarios que facilitaron los contratos.

Kleper V. testificó que a través de sus compañías Equitransa, Multiquip y Tramo envió transferencias a otras offshore por orden directa de los ejecutivos de Odebrecht.

Entre ellas destacan Columbia Management y Popa Worldwide Companny. Las dos pertenecen a los sospechosos en este caso, Édgar A. y Gustavo M., respectivamente. También envió dinero a Golden  Engineering Service. Kleper V. contó a la justicia que envió a esas offshore     $ 2,6 millones en transferencias electrónicas y 1,2 millones entregó en efectivo a los propios directivos de Odebrecht.

El círculo se empieza a cerrar con el informe panameño que verificó que la offshore Popa Worldwide Companny pertenece a Gustavo M.

Él también confesó su delito a la justicia y contó que igualmente es propietario de Emalcorp y con ambas se dedicó a repartir el dinero a los funcionarios que daban paso a los contratos de Odebrecht.

Gustavo M. entregó los sobornos a los servidores públicos de Petroecuador. En su testimonio dijo que Ramiro C., exgerente de Transporte de la estatal petrolera,  habría recibido más de $ 100.000 en dinero en efectivo y en electrodomésticos.

“Reconozco la asociación ilícita, he destruido mi vida y a mi familia”, agregó Gustavo M. en su confesión.

El mismo arrepentimiento expresó José T., quien también dio su testimonio a los jueces y fiscales para aliviar el peso de su condena.

Él también escogió a Panamá para dos offshore de nombres Alesbury y Joubert. Recordó que los ejecutivos de Odebrecht le recomendaron ese país y le advirtieron que no escogiera irse por los Estados Unidos donde los negocios podrían ser descubiertos, como finalmente sucedió. Desde Alesbury y Joubert, José T. envió más de $ 400.000 a otra empresa de papel de nombre Housteon Energy Consulting.

Esta firma, presuntamente, pertenece a Antonio P. y, según el reporte de la Fiscalía panameña, no tiene su sede en esa nación. Antonio P. aún no es parte del proceso investigativo en el país.  

José T. también se encargó de entregar dinero en efectivo a los funcionarios de Petroecuador que avalaron que Odebrecht construya el poliducto Pascuales-Cuenca. Para eso usó al Sai Bank (ver nota compartida). Según su versión, hasta su casa llegaron Ramiro C. y Rony M. para recibir los pagos en efectivo.

Lo mismo sucede con Fernhead Holding, que pertenece a  Ricky D., otro de los investigados por la Fiscalía por asociación ilícita. El exdirector de Odebrecht en el país, José Conceição Santos, entregó a la justicia los registros de los pagos hechos a esta offshore. En total, Fernhead Holding recibió $ 3,9 millones, entre el 2012 y 2014. 

El Sai Bank se llevaba el 2% del dinero de coimas

El Sai Bank es una de las instituciones financieras indagadas por la Fiscalía por facilitar los movimientos financieros ilegales de Odebrecht. Esta entidad fue creada el 1 de junio de 2011 en Willemstad, Curazao, una pintoresca comunidad a los pies del Mar Caribe.

De acuerdo con un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), la totalidad de acciones del Sai Bank está a nombre de la Fundación Privada Oostenrijkse y aparece como miembro de la Junta Supervisora, Juan E., un reconocido empresario ecuatoriano que es parte de un proceso legal por supuesto lavado de activos.

La Fiscalía cree que el Sai Bank  facilitó dinero en efectivo para pagar los sobornos de la Odebrecht a funcionarios públicos del país. Una pista de estas operaciones ilegales la entregó José T., quien sostuvo que abrió una cuenta en el Sai Bank por recomendación de un ejecutivo de Mossack Fonseca, bufete de abogados cuestionado mundialmente por crear un emporio de compañías falsas en paraísos fiscales, como en Panamá.

Con esta cuenta, José T. triangulaba el dinero de Odebrecht a través de sus empresas Alesbury y Joubert. Luego recibía en su casa el efectivo que requería y por esto, de acuerdo con la versión de José T., el Sai Bank cobraba el 2%  del monto que facilitaba. Ese descuento lo hicieron cada vez que necesitaba dinero. La fiscal Diana Salazar es quien indaga los movimientos del Sai Bank; hasta el momento hay tres personas detenidas y  el empresario Juan E. tiene orden de prisión, pero está fuera del país. 

Testigo protegido destruyó laptop con información 

Alfredo A. aseguró a la justicia ecuatoriana que poseía los archivos de los teléfonos de Ricardo R., que demostrarían una relación  con su tío, el vicepresidente Jorge Glas.

Alfredo A. sostuvo que era el hombre de confianza de Ricardo R., que por eso tenía los accesos a sus cuentas de correo y teléfonos celulares. Unos días después de su arresto, el propio Ricardo R. presuntamente le pidió que borrara toda la información de los celulares. La orden fue obedecida por Alfredo A., pero antes guardó toda esa información en su computadora personal.

Con el paso de los días y por temor a ser involucrado, Alfredo A. se contactó con un policía para que le ayudase a entregar esa información a las autoridades. Así sucedió y Alfredo A. grabó toda la información de su laptop en un USB que dio a la Fiscalía y se convirtió en un testigo protegido. Justamente, en su versión ratificó que en ese USB se encontraba la única copia de la presunta información de los teléfonos de Ricardo R. Era la única copia porque él borró los archivos de los celulares y también tiró la laptop a la basura, cerca de su casa en Guayaquil. Es decir, la información que había en esa computadora no se podrá cotejar con la que hay en el USB y determinar si no fue modificada. La defensa del vicepresidente Jorge Glas cuestionó los procedimientos y el contenido de la información entregada por el testigo protegido. Su abogado, Eduardo Franco, solicitó que se anulara esa declaración en el proceso. (I)