Durante seis años, la empresa brasileña Odebrecht pagó $ 11,3 millones por honorarios a 76 asesores ecuatorianos para que defiendan sus intereses. De ese monto, $ 9,6 millones entregó a 18 personas, entre naturales o jurídicas, que recibieron montos superiores a los $ 100 mil por poner en práctica, sobre todo, su experiencia luego de trabajar en entes públicos como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y disponer de cierta información privilegiada.

El trabajo de estas 76 personas naturales y jurídicas consistía en dar asesoría para resolver los conflictos legales y tributarios que mantenía Odebrecht con instituciones públicas en Ecuador.

La primera de la lista fue Pareja y Abogados Asociados–Paresoci, la cual recibió $ 1,9 millones en los períodos 2010-2013 y 2015-2016. Uno de los socios del estudio jurídico fue Carlos Pareja Cordero (‘Capaco’), actualmente prófugo de la justicia y quien es investigado por el supuesto delito de lavado de activos en el caso Petroecuador.

La abogada Mayte Benítez Chiriboga también figura en la lista entregada por Sandinoel, de Freitas Junior, apoderado general de Odebrecht en el Ecuador. A ella, la empresa le habría pagado cerca de $ 1,5 millones por sus servicios entre los años 2012 y 2015.

En este caso, lo singular es que Benítez, antes de ser reclutada profesionalmente por Odebrecht, fue Directora Nacional Jurídica del SRI, de enero de 2010 a mayo de 2011.

Al ser consultada por este Diario, Benítez dijo que su trabajo consistía en dar acompañamiento a los procesos judiciales que tenía la empresa. Aclaró que durante su paso por el sector público no tuvo acceso a información privilegiada: “En mi caso, cuando fui Directora Nacional Jurídica del SRI, ni siquiera los accesos a los que tenía derecho por mis funciones altas, ni siquiera a eso accedía a pesar de tener las claves”.

Desde 2007, Odebrecht ha impugnado vía judicial el pago de $ 55,5 millones por Impuesto a la Renta, IVA y retenciones. Sin embargo, en estos litigios el SRI perdió $ 45 millones a partir de 2010. Aquí, asesores como Benítez prestaron servicios jurídicos a la empresa.

Frente a ello Benítez adujo: “Cuando tomé esos casos hubo procesos que se ganaron y otros que se perdieron. Creo que la mayoría de procesos a los que hice seguimiento fueron parciales… se gana lo que se tiene que ganar, se pierde lo que se tiene que perder”.

Otros nombres y conexiones

Según el listado entregado por De Freitas, María Belén Clavijo Rey recibió de Odebrecht alrededor de $ 1 millón entre 2010 y 2016. Esta abogada labora para el estudio jurídico Law, Tribute & Desing, pero el pago lo recibió a título personal.

En la web del SRI consta que en ese período Clavijo presentó declaraciones del Impuesto a la Renta que van de $ 2.000 a $ 35.000.

Por escrito contestó a este Diario: “Todos los procesos que he llevado a cabo cumplen con todos los requisitos de la ley… jamás he cometido ningún acto de corrupción”.

Otro de los estudios jurídicos es Pérez Bustamante & Ponce Abogados Cía. Recibió $ 800.000 en pago de honorarios de Odebrecht entre los años 2010 y 2016. Uno de sus socios, Bruno Pineda Cordero, es hermano de Michel Pineda Cordero, quien fue asesor del exsecretario jurídico Alexis Mera, según consta en la página de Transparencia de la Presidencia de la República.

La compañía australiana Worley Parson (WPI), que en 2011 suscribió el contrato de Gerenciamiento y Fiscalización en la Rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas por $ 38,6 millones, estaría representada por este bufete de abogados.

De acuerdo a un examen de la Contraloría, WPI no habría reportado un desfase en la ejecución de ocho planillas, lo que ocasionó multas por atraso por $ 1,8 millones, que no se habrían cobrado.

Pérez Bustamante y Ponce Abogados (BPB), además, sería una de las empresas contratadas por Chevron, según la lista que consta dentro del Juicio Rico que se ventila en Nueva York. Ese proceso judicial lo sigue la multinacional estadounidense contra indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana afectados por la contaminación ambiental dejada por la compañía petrolera.

De acuerdo a la información publicada en la web de BPB, Francisco Roldán Cobo colaboró con la empresa China National Petroleum Corporation, asesorándola en su inversión en la Refinería del Pacífico.

También asesoró a la empresa Harbin Electric International Corporation en la negociación de contratos con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), para el proyecto de línea de transmisión de 500 kv que se firmó en julio de 2013, según consta en un boletín de prensa de la propia institución. Este diario buscó la versión BPB, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.

Vía mail se pidió entrevista con el representante del estudio jurídico, pero tampoco hubo respuesta.

En 2015 y 2016, $ 500.000 habría facturado la empresa Consultasesoria S.A. a Odebrecht por honorarios de asesoría jurídica. Yesmín Chamoun Villacrés, quien consta como socia y gerente general ocupó este cargo desde enero de 2015, tras reemplazar a su hermana que se desempeñaba como asesora del excontralor Carlos Pólit (prófugo de la justicia, implicado en corrupción).

Legal Commercial Representaciones Cía. Ltda., durante el período 2012-2015 recibió más de $ 300.000 por parte de Odebrecht en 2014. Esta empresa tuvo un contrato con el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual para realizar un Estudio y Diseño de la Oficina Nacional de Lucha contra la Biopiratería, por $ 98.000. (I)

DATOS

Capaco constituyó varias empresas en países considerados paraísos fiscales a través de Mossak Fonseca.

Paresoci tendría 52 conexiones con empresas offshore, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Celec suscribió contratos con Odebrecht entre 2011 y 2013 para la reparación de la Central Hidroeléctrica Pucará y el proyecto Hidroeléctrico Manduriacu.

Carlos Pólit es investigado por recibir $ 10,1 millones de supuestos pagos de Odebrecht.