La suite 156 de la torre B del Swissotel, que según las primeras investigaciones habría sido utilizada por Odebrecht para sus reuniones clandestinas y para pagar las coimas, fue arrendada a la constructora brasileña para vivienda, por el lapso de un año y a un costo mensual de $ 1.370.

Esta fue la versión de los dueños de la suite, Galo Pozo y Jenny Sorensen, presentada a la Fiscalía, en donde además señalan que estaba totalmente amoblada, el plazo del arrendamiento era automáticamente renovable, pero que no se hizo uso de esta cláusula.

Pozo y Sorensen nunca sospecharon absolutamente nada de que en la suite de su propiedad sucedían cosas irregulares, ni que era utilizada como oficina, “por lo que quien tiene que responder por el uso y destino del local no es el propietario, ni la propietaria, sino las personas que lo utilizaron”, afirmó ayer el abogado de los dueños de la suite, Ángel Vladimiro Echeverría.

El jurista, quien acompañó a sus defendidos ante la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento sobre los supuestos sobornos que habría pagado Odebrecht en Ecuador, reveló que los dueños de la suite autorizaron a la fiscal Diana Salazar, que investiga una supuesta asociación ilícita, caso en el que están procesadas siete personas, de que el próximo martes, a las 10:00, pueda ingresar al sitio para hacer un reconocimiento del lugar de los hechos.

El pasado 25 de julio, la fiscal Salazar ya acudió a la suite 156 del Swissotel, pero no pudo cumplir a cabalidad el reconocimiento del lugar porque estaba cerrada.

El interés por indagar este lugar aumentó la semana pasada cuando se hizo público un audio e imágenes, donde se escucha a Ricardo R. pidiendo al delator de Odebrecht, José Conceição dos Santos Filho, una contribución millonaria para la campaña de ‘Vidrio’.

El extracto del audio, con una duración de cuatro minutos y medio, se acompaña de varias imágenes que dan fe del ingreso de Rivera y Santos Filho a la suite en el Swissotel de Quito.

Otras diligencias

Ayer en la mañana también fue convocado a la Fiscalía a rendir su versión voluntaria libre y sin juramento Édgar Bustamante Guevara y en la tarde, Luis Raúl Calle. No concurrieron Ricardo Mauricio R. y Adriana Isabel R., hijos del principal implicado en el caso de supuesta asociación ilícita Odebrecht, Ricardo R., quien se encuentra bajo arresto domiciliario.

La fiscal a cargo del caso, Diana Salazar, informó que ninguno de los convocados se excusó, que la próxima semana habrá más comparecencias y que el lunes venidero se   reinstalará la audiencia privada donde se procederá a reconocer el resto de datos informáticos, discos u otros medios análogos o digitales de la información contenida en los equipos electrónicos, unidades de almacenamiento externo, respaldos magnéticos, memory USB, computadoras portátiles, así como de IPAD incautados.

Marcelo Dueñas, abogado de José Antonio C., uno de los procesados, indicó que su defendido deberá acudir a esta diligencia, así como los otros 6 procesados, Ricardo R., Gustavo M., Kleper V., José T., Carlos V. y Édgar A., junto a sus abogados.

Consideró que será extensa y que podría tomarse al menos todo el día, para poder conocer la información que contienen los diferentes dispositivos electrónicos. (I)

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Más información inherente al país fue extraída

Información relacionada con el caso Odebrecht, capítulo Ecuador, fue extraída ayer de un dispositivo electrónico (USB), enviado por la Fiscalía de Brasil.

La diligencia se realizó la mañana de ayer en el Laboratorio de Criminalística de la Policía, ubicado en el norte de Quito, con la presencia del fiscal Fabián Salazar, César Montúfar y abogados de los procesados. En hora y media concluyó.

Salazar indicó que se nombraron los peritos y en 10 días remitirán un informe del contenido del dispositivo, que constituirá elemento de prueba para que la Fiscalía realice el correspondiente análisis y así tome una decisión judicial.

El fiscal explicó que al ser una audiencia reservada es permitido informar sobre el contenido e información extraída en la diligencia.

Montúfar manifestó que “este proceso es parte de la investigación previa número 95, en el cual denuncia a Jorge Glas, vicepresidente de la República, por presunto delito de peculado. He presentado tres denuncias penales. Esta tiene que ver con la primera denuncia que realicé”.

La denuncia fue presentada por el exasambleísta el 6 de febrero de este año.

Montúfar mencionó que no le es permitido entregar información sobre lo develado en la diligencia, pues era privada.

Agregó que se presentó información sobre el caso Odebrecht relevante, que llevaría “a ratificar su pedido de que se vincule a Glas en una instrucción fiscal y así la Corte Nacional de Justicia dicte medidas cautelares”.

La información sería difundida si pasa a instrucción fiscal, dijo. (I)