Odebrecht, el gigante de la ingeniería y construcción de Brasil, fundado en 1944, se convirtió en los últimos 15 años en una multinacional líder de América Latina, con 168 mil empleados y presencia en 27 países.

La empresa ha construido plantas eléctricas en República Dominicana, autopistas en Colombia, hidroeléctricas en Perú, trasvases y acueductos en Ecuador, el Metro en Panamá, entre otros proyectos.

Siendo uno de los ejes de investigación de la operación brasileña anticorrupción Lava Jato (Autolavado), el consorcio admitió que comandaba un cartel internacional —integrado por otras empresas de construcción— para ganar licitaciones de proyectos de infraestructura mediante sobornos, alterar precios en los contratos y financiar ilegalmente campañas electorales de partidos políticos, a escala nacional, municipal y estatal.

La dimensión internacional del escándalo se conoció el 21 de diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el que Odebrecht suscribió un acuerdo de cooperación, reveló que la constructora admitió el pago de $ 788 millones en sobornos en 12 países, 10 de ellos de América (Colombia, México, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Argentina, Venezuela, Guatemala, República Dominicana y Panamá) y 2 de África (Angola y Mozambique).

La compañía aceptó pagar 6.959 millones de reales ($ 2.047 millones) de multa por sobornos a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza, en este país la empresa tenía cuentas bancarias.

Además, firmó un acuerdo de delación premiada con la fiscalía brasileña para seguir operando. Se convirtieron en delatores 77 ejecutivos y exejecutivos, más el patriarca del grupo, Emilio Odebrecht. El objetivo principal de las delaciones es librar, en diciembre próximo, de la prisión y cambiarlo a un régimen de libertad vigilada al heredero del imperio y expresidente de la firma, Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años y 4 meses de prisión en primera instancia por el juez Sergio Moro.

El acuerdo de delación premiada, cuyo sigilo venció el 1 de junio pasado, también busca que Odebrecht acuerde con otros países arreglos judiciales similares a los que llegó en Brasil, es decir entregar la información a cambio de reducción de penas, multas y licencia para operar.

Así, el Supremo Tribunal Federal homologó la semana anterior las delaciones de Odebrecht, pero dejó bajo secreto de sumario el capítulo internacional. “No existe previsión de que la corte suprema libere a partir del 1 de junio los documentos al público. Eso dependerá de cada fiscalía general”, dijo a El TELÉGRAFO la oficina de prensa del Supremo Tribunal Brasileño.

Las pruebas fueron solicitadas por las fiscalías de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Lava Jato condujo a Odebrecht

El acuerdo original de delación premiada fue firmado por el equipo de fiscales de la Operación Lava Jato, en la ciudad de Curitiba, sur de Brasil. Lo que no se esperaba es que la llamada Confesión del fin mundo salpicará a todos los espectros de la política de América Latina: exfuncionarios, funcionarios de gobiernos actuales y políticos de diversos partidos. Esta es hasta ahora la única fuente de información completa ante la cual la empresa hizo un detalle de los sobornos pagados también por su otra firma, la petroquímica Braskem, que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York, Estados Unidos. 

La operación Lava Jato, conocida también como ‘Petrolao’, fue la que dejó al descubierto en marzo de 2014 una red de corrupción política en torno a la petrolera estatal brasileña Petrobras. La trama se dio a conocer con una operación en locales de autoservicio y lavados de autos en Brasilia, que dio el nombre a la investigación. El propósito era desarticular una red que lavaba dinero del narcotráfico y desviaba fondos públicos mediante gasolineras, lavanderías y otros comercios, pero se encontraron con un caso colosal.   

Así, las pesquisas de Lava Jato se centraron luego en la concesión fraudulenta de jugosos contratos públicos de Petrobras a empresas interesadas, a cambio de pagos de sobornos a políticos y funcionarios. Se estima que el perjuicio causado a la petrolera por el desvío de recursos y encarecimiento de obras supera los $ 13.000 millones. Hasta ahora hay 260 personas acusadas por cargos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita; de ellas 130 han sido condenadas a prisión.

A raíz de las investigaciones de Petrobras, salió a la luz una trama corrupta en Odebrecht, que pagó $ 349 millones en sobornos en Brasil. Se trata de un escándalo propio con dimensiones gigantescas, que desató un terremoto político en el país, que causó el 31 de agosto de 2016 la destitución, en un juicio político, de la entonces presidenta Dilma Rousseff. 

Las delaciones de Odebrecht  también fueron esta semana el eje del juicio que inició el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra  Michel Temer —el vicepresidente que asumió como presidente tras la caída de Rousseff— por supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2014.

Rousseff, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el detenido expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también son investigados en este caso.

En territorio peruano los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala son vistos como responsables de los sistemas de corrupción desarrollados por Odebrecht en sus respectivos gobiernos.

El presidente peruano, Pedro Pablo Kucznski, dijo que “es un proceso judicial que va a tomar tiempo, pero que es fundamental en la lucha contra la corrupción, que lamentablemente está en toda América Latina”. Odebrecht habría pagado $ 29 millones en sobornos en Perú.

En Ecuador, las investigaciones, que fueron impulsadas por el gobierno de Rafael Correa, quien en 2008 expulsó del país a Odebrecht por estafa, registraron esta semana avances. Cinco personas fueron detenidas, entre ellas Ricardo R. A., familiar del vicepresidente Jorge Glas, y se realizaron allanamientos en empresas.

Estos operativos se ejecutaron luego que el fiscal ecuatoriano, Carlos Baca, se reunió en Brasilia con autoridades que investigan el caso para recabar información.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, advirtió que su administración no claudicará en la lucha contra la corrupción en este caso que involucra a la estatal Petroecuador. En el país Odebrecht habría pagado $ 33,5 millones en sobornos, según investigaciones.  

En República Dominicana también hubo arrestos. El ministro de Industria, Temístocles Montás, admitió que recibió fondos para campañas electorales de Odebrecht, que distribuyó $ 92 millones en coimas en ese país. Montás fue imputado junto a otras 13 personas.

En Panamá la constructora cerró un acuerdo para pagar como reparación $ 59 millones.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., la constructora desembolsó en Venezuela $ 98 millones entre el 2006 y el 2015. Aunque a diferencia de los países vecinos, la justicia venezolana no ha iniciado investigaciones, algunas de sus 23 obras que tenían sobreprecios y están paralizadas, han sido tomadas por la Guardia Nacional.

Odebrecht también reconoció el pago de $ 10,5 millones en sobornos a “altos funcionarios mexicanos”. La Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación que involucra a Petróleos Mexicanos (Pemex, la petrolera paraestatal), pero no se registran avances.

Otros países que no figuran en la trama son Chile y El Salvador, pero sus autoridades investigan posibles relaciones. (I)

El primo del Presidente argentino está en la pulseada política detrás del caso

Argentina está envuelta en una pulseada política en torno al escándalo de Odebrecht. En un año electoral las denuncias de corrupción pueden tapar no solo la falta de propuestas, sino también la crisis económica y social que envuelve al país. Y de cara a los comicios legislativos de octubre, tanto el oficialismo como la oposición se tiran munición gruesa acusándose mutuamente de “blindar” a exfuncionarios o empresarios amigos vinculados con el caso.

Dos nombres acaparan toda la atención. Por el lado del gobierno Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri y director hasta marzo pasado de la empresa Iecsa, una antigua nave insignia del poderosísimo Grupo Macri, mencionado en la prensa como uno de los involucrados en las coimas que llegaban desde Brasil. Y por el lado del “kirchnerismo”, el exministro de Planificación Julio de Vido, actual diputado nacional, al que el ejecutivo apunta sus cañones y denuncia que goza de protección política y judicial.

Hasta ahora no se ha conocido oficialmente ningún argentino mencionado en las “delaciones premiadas” de los exdirectivos de Odebrecht en Brasil.

Hay $ 35 millones en juego. Odebrecht admitió ante la justicia estadounidense que pagó esa cifra en sobornos en Argentina. Brasil liberó los documentos sobre las delaciones de 77 exejecutivos de la empresa, pero a condición de que no se hicieran públicos. Los nombres de los argentinos involucrados están en manos de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, a quien el gobierno de Macri intentó voltear de todas las formas posibles desde su llegada al poder al acusarla de practicar “kirchnerismo explícito”.

Son pocos los que hoy dudan en Argentina que los nombres de Calcaterra y De Vido están en esas “delaciones premiadas”. De Vido manejó durante el “kirchnerismo” toda la obra pública, un sector bajo sospecha con decenas de denuncias de corrupción que golpean a empresarios vinculados al anterior gobierno como el detenido Lázaro Báez y hasta la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de corrupción y lavado de activos en varias causas. De hecho, el “número dos” de De Vido durante la última administración, el exviceministro José López, fue detenido el 14 de junio de 2016 cuando lanzaba bolsos a un convento de la periferia oeste de Buenos Aires con $ 9 millones.

¿Y Calcaterra? Su nombre apareció en un artículo del diario O Estado de San Pablo. Según el reporte, Odebrecht repartió coimas para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento del que Iecsa, la antigua empresa del Grupo Macri que manejaba el primo del presidente, participaba en un holding empresarial. Calcaterra compró Iecsa a su familia cuando el hoy presidente, que manejaba esa empresa, asumió en 2007 como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se habla de “arreglos” por $ 20 millones. Calcaterra, acosado por presiones, vendió Iesca en marzo último. (I)

Marcelo Izquierdo / Buenos Aires

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30 personas detenidas por investigación en Colombia 

 El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, presume que los resultados de la investigación que desarrolla el organismo judicial a su cargo sobre los implicados en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht “exceden con creces” lo que se ha hecho en otros países.

Y los datos que exhibe el fiscal son elocuentes: hay 6 personas encarceladas, se han presentado cargos penales contra 4 presuntos involucrados en el caso y otros 30 están bajo investigación o citados a audiencias para imputarles delitos que van desde lavado de activos hasta cohecho y enriquecimiento ilícito.

Un investigador consultado por EL TELÉGRAFO estima que, de acuerdo con los testimonios y pruebas recabados, serán “decenas de presuntos responsables” los que van a ser llamados a declarar por los contratos que obtuvo Odebrecht en este país a través de sobornos.

En el caso, asegura, están implicados exfuncionarios, empresarios, excongresistas y congresistas, algunos de los cuales ya están en prisión, como el exsenador Otto Bula, el exdirector del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), Gabriel García Morales, y el abogado César Augusto Morales, quien meses antes había participado como conferencista en un congreso anticorrupción.

El fiscal Martínez reiteró que “pronto” se esclarecerá el escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia, incluso la manera en que se lavó el dinero proveniente de los sobornos y la presunta llegada de parte de esos fondos a las campañas políticas del presidente Juan Manuel Santos y del candidato presidencial del derechista Centro Democrático en 2014, Óscar Iván Zuluaga.

Lo que muchas voces han criticado al fiscal Martínez es su propensión a incurrir en conflictos de intereses. Como abogado particular y expropietario de uno de los despachos legales más importante de Colombia ha estado vinculado a grandes grupos económicos. En Colombia, los sobornos habrían llegado al menos a $ 11 millones. (I)

Rafael Croda / Bogotá