La Defensoría del Pueblo quiere consolidar su rol como entidad encargada de hacer respetar los derechos humanos y que se haga justicia, modificando los patrones de discriminación y relaciones de poder dominantes.

La ley que regula la actuación de la Defensoría fue promulgada en 1997, por tal motivo las competencias de la institución necesitan actualizarse para complementar el espíritu constitucional.

“Hay atribuciones que no cambian, pero otras son nuevas, por ejemplo el emitir medidas de cumplimiento obligatorio, lo cual tiene que ser regulado mediante una ley. No puede quedar como un enunciado en la Constitución”, señaló el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira.

Para esto el organismo ha preparado un proyecto de ley que consta de 55 artículos divididos en siete capítulos que incluyen siete transitorias y dos derogatorias, con el objeto de modernizar su legislación. La nueva normativa aglutina las competencias que estaban dispersas en otras legislaciones como en la ley de consumidores, la de transparencia y acceso a la información pública, la de discapacidades, etc.

Rivadeneira manifestó que la ley orgánica ayudará a darle funcionalidad a la Defensoría. También regulará adecuadamente los procesos, pues la ley ha servido, pero tiene muchas disposiciones caducas, por ejemplo cuando se abre un expediente defensorial. Con esta ley ya están definidas las competencias y los procesos para aplicarlas.

La institución busca también que la entidad tenga una mejor ubicación en la estructura del estado. “La Defensoría del Pueblo era una garantía, ahora con la Constitución de 2008 es un órgano que forma parte de la función de transparencia y control social. Esto la define mejor, pero el rol del Defensor del Pueblo sigue siendo proteger y promocionar los derechos. “Esto seguirá igual”, enfatizó.

El Defensor explicó que la norma afianzará la identidad como un ente efectivo a la hora de conseguir la reparación de los derechos vulnerados. El funcionario aclaró que la entidad no necesita una potestad sancionadora para ser eficaz.

Las Defensorías del Pueblo deben ser entendidas como magistraturas de la persuasión, pues un dialogador es alguien que trata de componer los problemas desde la ética, que es donde radica finalmente su peso y legitimidad sin que se conviertan en comisarías o juzgados de contravención.

El concepto básico es que la sanción no resuelve los problemas sino la reparación del derecho. “Por ejemplo, a un niño no le dan matrícula por ser indígena y frente a eso se tiene la alternativa de conseguir la matrícula y que no se le discrimine; esa es la reparación del derecho, solventar el problema”, explicó el Defensor.

La sanción está a cargo de las otras funciones, por eso el papel de la Defensoría es resolver el desagravio y la forma de repararlo. Esta nueva ley, que se presentará a la Asamblea para su debate y aprobación, permitirá establecer los procedimientos para llegar a esa reparación de manera ágil.

Durante 2012 la Defensoría recibió 42.000 casos de los cuales el 60% no correspondía a su competencia, por lo que fueron remitidos a los órganos correspondientes. Cuando sucede esto la entidad asesora a las personas y ayuda a que contacten con el organismo pertinente, lo que representa una tarea que toma tiempo e implica uso de recursos.

Hasta septiembre de este año la Defensoría realizó 23.650 asesoramientos a nivel nacional, además atendió 8.501 trámites defensoriales, de los cuales 2.564 son por quejas de consumidores, que es el área a la que más recurren los ciudadanos.

Esta enorme cantidad de casos ha motivado también el inicio de una reestructuración interna que priorizará la descentralización del servicio para un mejor desempeño de las 24 oficinas provinciales y 36 a nivel nacional.

Para esto se prevé incrementar el personal, de 350 que trabajan actualmente a 550. Además, está pendiente un plan de alza salarial en el proceso de modernización de la Defensoría.