Los buscan por los datos y contactos
No es ilegal, pero cae en la "falta de ética profesional"
Para Carlos Calero, director de la firma ‘El Asesor Contable’, haber sido exfuncionario del Servicio de Rentas Internas (SRI) y prestar servicios de asesoría jurídica a grandes empresas nacionales o extranjeras, no se considera ilegal, pero sí recae en un tema delicado: “falta de ética profesional”.
Ello porque -según el analista-, “poseen tanta información privilegiada que, obviamente, a los que no estamos ni hemos trabajado nunca en el SRI, es una competencia desleal, porque siempre van a preferir a exfuncionarios por la cantidad de información y de contactos que tienen dentro de la administración tributaria”.
Asegura que este tipo de empresas como Odebrecht, al ser parte interesada no escatiman recursos para contratar esta clase de asesorías. “Pueden invertir más valores en sacar información privilegiada a través de funcionarios o exfuncionarios del Servicio de Rentas Internas”.
Esta sería la forma en que se manejan no solo empresas, sino personas naturales que mantienen especialmente litigios con el Estado. Se apoyan en este tipo de profesionales para ganar los juicios que se siguen en su contra, como es el caso de Odebrecht.
Para Calero, estos actos podrían evitarse al reformar la ley del Servicio de Rentas Internas. De allí que recomienda a los organismos de control no permitir que los funcionarios del SRI trabajen luego de 10 años de haber salido de la institución, solo de ese modo se puede, en gran medida, parar ese tipo de reclutamientos.
Además, el experto tributario manifiesta que es importante verificar que quien recibe estos pagos debe cumplir con lo que manda la ley, es decir, que se hayan efectuado las retenciones en la fuente y que los beneficiados por estas grandes compañías paguen los impuestos correspondientes.
Recalca que el Servicio de Rentas Internas debería tener un mejor control, pues a su criterio existen graves omisiones y acciones de este tipo de funcionarios que causan en varias ocasiones un perjuicio económico al Estado. (I)