Durante el segundo día de la audiencia de juicio en el caso ‘Las Dolores’, el excoronel MarcoMorales atestiguó que nunca comunicó al alcalde de Guayaquil sobre algún atentado en contra de su vida, como manifestó Jaime Nebot el lunes ante el juez que dirige la diligencia judicial que se sigue en contra de 11 policías acusados de 8 ejecuciones extrajudiciales luego de un operativo policial para repeler un supuesto asalto en una farmacia del sector de La Alborada, el 19 de noviembre de 2003.

El exoficial mencionó que fue Comandante Provincial en Guayas hasta septiembre de 2003, en que fue trasladado a la Policía Judicial de Quito, por lo que se enteró del operativo por medio de la prensa.

En su testimonio, Nebot recordó que un  jefe de la Policía de nombre Marco Morales le había llamado para indicarle sobre el atentado en su contra entre agosto y septiembre de 2003, pero nunca denunció ni solicitó que la Policía investigue.

El fiscal Galo Chiriboga indicó que son hechos que ocurrieron hace mucho tiempo y si alguien le dijo o no a Nebot sobre un supuesto atentado es irrelevante.

Hasta el mediodía de ayer se receptaron las declaraciones de 16 testigos, 9 lo hicieron por  videoconferencia desde Guayaquil.

Además, el juez ponente Wilson Merino ordenó que mediante la fuerza pública, el testigo Fausto Flores Clerk, excoronel de Policía, sea ubicado y conducido a la siguiente audiencia, ya que no se presentó a la convocatoria del martes a pesar de que estuvo notificado.

En Guayaquil

El alcalde Jaime Nebot dio ayer una rueda de prensa en la que reiteró que nunca ha pedido la intervención policial debido a la posible planificación de atentados en su contra y que tampoco ha presentado denuncias al respecto.

Nebot también leyó parte de las presuntas declaraciones de 2 de los agentes procesados y detenidos, Douglas Y. y Héctor F., en las que afirman que otros miembros de la Policía los visitaron, supuestamente por el actual gobierno, para convencerlos de que lo (a Nebot) acusen directamente por la conformación de un grupo para eliminar delincuentes y que compró jueces en 2003 para que absuelvan a los implicados en este caso, todo esto a cambio de recuperar la libertad y que de lo contrario serían condenados a 25 años, algo que según el texto leído ninguno de los 2 aceptó.

El alcalde manifestó que si lo que denunciaron los policías es cierto, sería un acto de intromisión por parte del Gobierno.