El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, expresó este miércoles su respaldo total al ministro del Interior, José Serrano, en la depuración que lleva adelante en la Policía Nacional, proceso que, según dijo, "es necesario profundizar".

En una rueda de prensa conjunta, Serrano agradeció el apoyo del Fiscal General y le entregó 14 expedientes de policías separados de la institución por su presunta vinculación con casos de tráfico droga, sicariato, asociación ilícita, asalto a blindados, entre otros delitos, para que se inicie la investigación penal.

"Son casos que van más allá de actos relacionados con la falta de idoneidad para cumplir labores policiales", sostuvo Serrano al recalcar que "no nos podemos dar el lujo" de que la ciudadanía tenga dudas del accionar de la Policía, debido a estos malos elementos.

El Ministro pidió a Chiriboga que el juzgamiento de estos casos se haga dentro del debido proceso, "y dar también con la estructura que contamina nuestra institución".

Añadió que hasta el momento 800 malos uniformados han sido desvinculados. Un segundo proceso de pruebas de confianza iniciaron el lunes en Esmeraldas, recordó.

Serrano explicó que un equipo especial de contrainteligencia se encargará incluso de hacer un seguimiento a los agentes separados por cuestiones disciplinarias que podrían ser atraídos por bandas criminales.

El ministro añadió que si fuera necesario realizar otra autodepuración masiva dentro de la Policía, "lo vamos hacer", igualmente con el acompañamiento de la Fiscalía. 

Chiriboga reiteró que la institución requiere de ese proceso de depuración, precisamente para mejorar. 

Libro del exgeneral González

El Fiscal se refirió al libro del exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ernesto González, quien señaló que el 30 de septiembre de 2010 (30-S), no hubo un intento de golpe de Estado, como asegura el Gobierno, y que el presidente Rafael Correa no fue secuestrado.

Según González, el Jefe de la Nación fue retenido. Chiriboga se remitió a la definición del Diccionario de la Lengua y detalló que ideomáticamente es lo mismo. "Es un mal manejo del idioma por parte del general", señaló.

El titular de la Fiscalía añadió que ya existen varias sentencias en las que se ha demostrado jurídicamente sobre el atentado contra la vida del presidente Correa. "Son hechos jurídicos comprobados", recalcó.

Recordó que la judicialización de los casos del 30-S es un proceso que lleva 3 años. Luego de que sean sentenciados, se van a reunir todos los elementos de convicción en todo el país, para demostrar o no la hipótesis en torno al intento de Golpe de Estado.

"Estamos preparando incluso la reconstrucción de los hechos en donde va a estar el Presidente de la República. Estamos trayendo una asistencia penal internacional para que todos los que estuvieron ese día en el hospital de la Policía estén presentes", detalló y aseguró que ese será el último acto procesal con el que la Fiscalía confirme su hipótesis.