El dictamen emitido el jueves pasado por la jueza de la Unidad Primera de lo Laboral de Pichincha, Marcia Córdova, quien desestimó por improcedente la acción de protección presentada por 101 policías que fueron desvinculados de la institución, vía acuerdo ministerial, refuerza el interés de las autoridades policiales por continuar con la depuración en la institución.

Diego Fuentes, abogado defensor del Ministerio del Interior, entidad que el pasado 6 de junio dio de baja a 208 uniformados que estarían involucrados en diferentes actos de corrupción o reñidos con las normas institucionales, aseguró que la jueza dio la razón basándose en las argumentaciones que ratifican el porqué de la medida.

Según Fuentes, en ningún momento se han alterado los derechos de los trabajadores policiales, en especial el del debido proceso.

Agregó que todos los elementos policiales vinculados a hechos ilícitos fueron notificados oportunamente a través de varios medios y en cada jurisdicción donde laboraban. “Esta causa se basó en la potestad del Ministerio del Interior, que defiende los intereses públicos sobre los intereses particulares”, dijo.

De su parte, el Ministerio de Justicia ratificó que la calificación de “No idoneidad” de los separados responde a un sumario técnico efectuado por la Inspectoría General de la Policía Nacional, sobre la base de la nueva doctrina institucional, que establece que “(la entidad) debe ser un ejemplo digno de imitación por la honestidad (...) y por la integralidad de sus acciones".

Ante ello, se ratificó que las evaluaciones y depuración del personal policial continuarán.

DATOS

En su reclamo los 101 policías separados señalaban que el ministro del Interior, José Serrano, “se convirtió en supremo legislador y juez en sus casos”, al determinar “las causales para separarlos de la institución”, como es el haber sido reincorporados por acciones constitucionales.

La defensa del Estado argumentó, de su parte, la constitucionalidad y legalidad del Acuerdo 3338 que desvincula a los 208 uniformados, amparado en los artículos 154, 158, 163, 425 y 426 de la Constitución de la República.